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El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el jueves 29 de octubre ante la Cámara de Representantes la Ley de Rescate Económico, un proyecto de 106 artículos que propone recortar el gasto estatal, cambiar impuestos y aumentar los aportes a salud de empleados e independientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos.
La iniciativa quedó registrada como Proyecto de Ley 477 de 2026. El Ejecutivo sostiene que cerca del 70 % del ajuste fiscal provendría de medidas de ahorro dentro del Estado. El resto incluye cambios tributarios y nuevas fuentes de financiación. Las disposiciones todavía no están vigentes: deberán pasar por el Congreso y podrían modificarse durante los debates.
¿Quiénes pagarían más por salud desde 2027?
Uno de los cambios más directos aparece en el artículo 21. El texto plantea que, desde el 1 de enero de 2027, los empleados que coticen sobre más de dos salarios mínimos dejen de aportar el 4 % fijo de su ingreso base de cotización y pasen a una tarifa progresiva.
Con la propuesta, quienes coticen sobre ingresos de hasta dos salarios mínimos seguirían aportando el 4 % si son empleados y el 12,5 % si son independientes. El aumento comenzaría por encima de ese umbral: para un ingreso base superior a dos y hasta cuatro salarios mínimos, la tarifa sería del 5,5 % para empleados y del 13 % para independientes.
Los porcentajes crecerían por rangos. Entre más de cuatro y hasta cinco salarios mínimos, serían del 6 % y del 13,5 %, respectivamente. Entre más de cinco y hasta diez, pasarían al 6,5 % y al 14 %. Para los ingresos más altos, las tasas llegarían al 8 % para empleados y al 15,5 % para independientes cuando el ingreso base sea superior a 20 y hasta 25 salarios mínimos.
Estos porcentajes se aplicarían sobre el ingreso base de cotización, que no necesariamente equivale al salario u honorarios totales. Por eso, el descuento concreto dependería de las reglas utilizadas para calcular esa base.
El proyecto también reduciría las exoneraciones de aportes para ciertos empleadores. Para sociedades que cumplan las condiciones legales, se conservaría la exoneración por empleados de hasta dos salarios mínimos; entre más de dos y tres salarios, habría aportes parciales, y por encima de tres desaparecería ese beneficio.
En cuanto a las cajas de compensación familiar, se plantea destinar a la financiación de salud un punto de los cuatro puntos porcentuales de sus aportes para girarlo a la Adres. Además, durante cinco años podrían utilizar saldos no ejecutados y no comprometidos del fondo de protección al cesante para sanear determinadas deudas de salud que estén auditadas y reconocidas.
IVA, licor, cigarrillos y alivios para los hogares
La propuesta contempla mayores impuestos sobre bebidas alcohólicas, tabaco y productos relacionados. Entre otras modificaciones, los vinos y licores sujetos al gravamen pasarían a la tarifa general del 19 % de IVA. También se proponen aumentos en el impuesto al consumo de cerveza y cigarrillos, con recursos destinados a financiar el aseguramiento en salud.
Otra parte del articulado plantea eliminar desde 2028 la tarifa reducida del 5 % para distintos bienes y servicios, entre ellos los planes de medicina prepagada, que pasarían a la tarifa general del 19 %, si el Congreso aprueba la redacción presentada.
Como contrapeso, el Gobierno propone EfectIVA, un mecanismo individual para devolver el IVA a personas de bajos ingresos. Según las proyecciones oficiales, cerca de 19 millones de personas recibirían la devolución total y otros 16,5 millones podrían acceder a una devolución parcial. El esquema se prevé desde 2028, aunque el Ejecutivo anuncia un giro anticipado para diciembre de 2027. Son beneficiarios y plazos proyectados, no pagos ya reconocidos.
Recortes al Estado y cambios para las empresas
El Ministerio de Hacienda plantea reducir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios y aplicar ajustes sobre los costos de funcionamiento y personal de las entidades nacionales. También solicita facultades extraordinarias para reorganizar organismos del Ejecutivo. Estos recortes requieren desarrollo y aprobación conforme al trámite de la iniciativa.
Para las empresas, el proyecto propone bajar la tarifa general de renta del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. El Gobierno presenta esta medida como un incentivo a la inversión y al empleo, mientras que los cambios en aportes y exoneraciones podrían elevar los costos de contratación de algunos empleadores.
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¿Qué pasaría con los impuestos ambientales?
La Ley de Rescate propone eliminar el impuesto nacional a los plásticos de un solo uso empleados para envasar, embalar o empacar productos. El documento oficial argumenta que su recaudo es reducido y que existen otras obligaciones ambientales. Sin embargo, la eliminación del impuesto no levantaría las prohibiciones graduales de la Ley 2232 de 2022 ni las obligaciones de aprovechamiento de residuos.
También se modificaría el impuesto al carbono, con tarifas crecientes para combustibles fósiles durante 2027, 2028 y 2029. La propuesta limitaría al 25 % el beneficio por certificación de carbono neutralidad y reservaría el 20 % del recaudo para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, con prioridad para iniciativas en municipios PDET.
Por ahora, la reforma apenas inicia su trámite legislativo. Ningún aumento de cotización, devolución nueva del IVA ni eliminación de impuestos contemplados en el proyecto puede presentarse como un cambio aprobado. Su alcance definitivo dependerá de lo que decida el Congreso.
