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La Inspección Séptima Urbana de Policía de Valledupar programó para el próximo 31 de agosto de 2026 el desalojo de los asentamientos Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. La diligencia comenzará a las 8:00 de la mañana y abarcará sectores ubicados en el predio conocido como La Sabana 1.
La medida podría afectar a cerca de 30.000 personas que habitan en estos asentamientos, por lo que se anticipa un operativo de grandes proporciones. La decisión fue comunicada dentro del proceso administrativo que adelantan las autoridades por la ocupación de hecho del terreno.
La diligencia quedó fijada para finales de agosto
El documento emitido por la autoridad de Policía estableció que la recuperación del predio se realizará el lunes 31 de agosto. La orden incluye a las familias asentadas en Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2.
Debido a la cantidad de habitantes involucrados, el procedimiento requerirá la coordinación de distintas instituciones municipales y organismos de seguridad. También deberán adoptarse medidas para proteger a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con condiciones especiales.
El proceso está relacionado con el predio La Sabana 1
La diligencia responde al Auto 0163 del 28 de mayo de 2026, mediante el cual se reanudó el proceso por ocupación de hecho en La Sabana 1. El litigio fue promovido inicialmente por Alberto Pimienta Cotes y actualmente continúa a través de su sucesor procesal, Mauricio Pimienta Naranjo.
La actuación administrativa busca determinar la restitución material del terreno y dar cumplimiento a las decisiones adoptadas dentro del expediente. Sin embargo, la magnitud social de los asentamientos añade complejidad al procedimiento.
Cerca de 30.000 personas habitan en los sectores
Las estimaciones conocidas indican que alrededor de 30.000 ciudadanos residen en las cuatro comunidades incluidas en la orden. Muchas familias han levantado allí sus viviendas durante años y aseguran no contar con alternativas inmediatas de reubicación.
El anuncio genera preocupación por el destino de quienes podrían perder sus casas. Por esta razón, las comunidades esperan que la Alcaldía de Valledupar explique si realizará una caracterización de los habitantes y si ofrecerá atención humanitaria o soluciones temporales.
Autoridades deberán garantizar derechos fundamentales
Aunque exista una orden de desalojo, las entidades responsables deberán ejecutar el procedimiento respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de la población. Esto implica notificación previa, identificación de personas vulnerables y presencia de entidades encargadas de garantizar la protección ciudadana.
Además, será necesario coordinar la participación de la Personería, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los organismos de atención de emergencias. Estas instituciones pueden verificar las condiciones del operativo y prevenir afectaciones desproporcionadas.
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Comunidades esperan respuestas sobre una posible reubicación
La fecha establecida deja un mes para que las autoridades y los habitantes busquen mecanismos de diálogo. Entre los principales interrogantes aparecen las alternativas de vivienda, el traslado de pertenencias y la atención de familias que no tengan otro lugar donde permanecer.
Hasta ahora, la información divulgada confirma la fecha y la hora de la diligencia, pero no detalla un plan de reubicación. Tampoco se conoce públicamente el número exacto de viviendas que serían intervenidas durante el operativo.
El desalojo de Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2 se perfila como uno de los procedimientos urbanos más grandes realizados recientemente en Valledupar. La atención estará puesta en las garantías ofrecidas a las familias y en las decisiones que adopten las autoridades antes del 31 de agosto.