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La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, advirtió que la deuda de salud en el Cesar amenaza la estabilidad financiera de hospitales y clínicas. Según la funcionaria, las obligaciones acumuladas por EPS intervenidas o liquidadas, la atención de migrantes no asegurados y los pagos incompletos por servicios corrientes alcanzan cerca de $135.000 millones.
Durante una mesa de trabajo sobre el flujo de recursos, Sánchez explicó que el problema no corresponde a una sola deuda. La cartera, aseguró, se ha formado durante varios años y tiene al menos cuatro componentes que mantienen bajo presión a las instituciones prestadoras de salud del departamento.
Cuatro deudas asfixian a hospitales y clínicas
La funcionaria comparó la crisis con una torta dividida en cuatro porciones. La primera corresponde a obligaciones antiguas que, en su momento, superaron los $100.000 millones. Aunque algunas entidades redujeron esos saldos, todavía permanecerían compromisos pendientes cercanos a los $25.000 millones.
La segunda parte está relacionada con las EPS que fueron liquidadas o sometidas a intervención. Sánchez explicó que, en varios casos, los agentes interventores asumieron los pagos generados desde su llegada, pero dejaron sin resolver las facturas anteriores.
Esta situación provocó que hospitales y clínicas continuaran prestando servicios mientras acumulaban cuentas sin una fecha clara de pago. La deuda no desapareció con la intervención de las EPS y terminó trasladándose a las instituciones que atendieron a los pacientes.
El tercer componente corresponde a la atención de la población migrante venezolana que no estaba afiliada al sistema de salud. Según la secretaria, el Gobierno nacional pidió garantizar esa atención y se comprometió a reconocer los costos, pero los desembolsos no tuvieron la frecuencia necesaria.
Atención de migrantes dejó una deuda millonaria
Georgina Sánchez señaló que, durante los cuatro años anteriores, el departamento recibió únicamente dos pagos por los servicios prestados a migrantes no asegurados.
La deuda por esta atención alcanzó aproximadamente $40.000 millones durante el año pasado. Los hospitales debieron esperar hasta tres años para recibir parte de esos recursos, un plazo que, según la funcionaria, supera la capacidad financiera de cualquier institución de primer nivel.
“Esperar tres años para recibir $40.000 millones no lo aguanta ninguna ESE”, sostuvo Sánchez al describir las dificultades que enfrentan los centros asistenciales.
La secretaria aclaró que el departamento mantiene su disposición de atender a la población migrante. Sin embargo, pidió que la Nación establezca pagos frecuentes para evitar que la responsabilidad humanitaria termine debilitando a los hospitales públicos.
EPS tampoco pagan completamente los servicios actuales
La cuarta porción de la deuda corresponde a los servicios que los hospitales continúan prestando cada mes. De acuerdo con la funcionaria, las EPS no siempre cancelan la totalidad de las facturas ni cumplen un calendario regular.
Sánchez explicó que, cuando una EPS debe pagar $100 millones, puede girar únicamente $30 millones. Los $70 millones restantes se convierten en una nueva deuda. También se presentan casos en los que las entidades pagan un mes, suspenden los giros durante otro periodo y luego reanudan parcialmente los desembolsos.
Este comportamiento crea una acumulación permanente y limita la capacidad de las instituciones para comprar medicamentos, contratar personal, pagar el oxígeno o mantener sus servicios generales.
La secretaria aseguró que el panorama se repite en diferentes regiones de Colombia. Durante reuniones con otros responsables departamentales de salud, encontró situaciones similares relacionadas con la falta de pago y la intervención de las EPS.
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Intervención del Hospital San Andrés dejó dudas
Como ejemplo, Sánchez mencionó el caso del Hospital San Andrés de Chiriguaná. La institución permaneció intervenida durante cinco años después de registrar una deuda superior a $30.000 millones.
Según la secretaria, cuando el departamento recibió nuevamente el hospital, la deuda rondaba los $36.000 millones. Aunque los acreedores habían cambiado, el valor total era incluso superior al registrado antes de la intervención.
El caso abrió interrogantes sobre la efectividad de estas medidas. La funcionaria cuestionó que una institución pueda permanecer varios años bajo control de agentes interventores y regresar a la administración territorial con obligaciones financieras mayores.
También recordó una mesa realizada en Cartagena con la EPS Cajacopi. Representantes de la red prestadora del Cesar alcanzaron acuerdos de pago, pero el cambio del agente interventor, ocurrido pocos días después, dejó los compromisos sin continuidad.
Cesar pide un plan de pago estructurado
La gobernadora del Cesar y la Secretaría de Salud plantearon tres solicitudes principales. La primera consiste en que la Nación construya un plan de pago estructurado con fechas, montos y responsables definidos.
La segunda petición está dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud. El departamento reclama el pago de aproximadamente $135.000 millones y garantías para que las EPS intervenidas continúen cancelando oportunamente los servicios corrientes.
La tercera solicitud busca establecer giros más frecuentes por la atención de migrantes no asegurados. La administración considera inviable esperar varios años para recuperar recursos que los hospitales necesitan de manera inmediata.
La Secretaría de Salud trabaja en estas gestiones con congresistas del Cesar. Sánchez destacó el acompañamiento del senador José Alfredo Gnecco y de otros integrantes de la bancada regional, quienes ya habían participado en reuniones realizadas en Bogotá.
El propósito es presentar la situación ante el Gobierno saliente y entregar un nuevo documento a la administración nacional que asumirá después del 7 de agosto.
Trabajadores de la salud también sufren la crisis
La falta de recursos no solo afecta las cuentas de las instituciones. Sánchez advirtió que la crisis termina perjudicando a médicos, enfermeras, trabajadores administrativos y personal de servicios generales.
Durante la mesa también se mencionaron retrasos salariales en instituciones como el Hospital Rosario Pumarejo de López. Algunos trabajadores todavía esperaban el pago correspondiente a junio.
Para la secretaria, resulta contradictorio que quienes enfrentaron la pandemia en 2020 y recibieron el reconocimiento de la sociedad ahora soporten las consecuencias económicas del sistema.
La administración departamental anunció que continuará realizando mesas de cartera y llevando el caso ante las entidades nacionales. La meta es evitar que las deudas acumuladas sigan poniendo en riesgo la atención de los pacientes y la permanencia de hospitales y clínicas en el Cesar.