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Un juzgado ordenó pagar $7.586 millones a Silvia Gette y sus hijos y decretó medidas cautelares hasta por $13.136 millones. Cuatro organizaciones sindicales ya habían convocado una jornada de brazos caídos por salarios pendientes y otras obligaciones laborales.
El embargo a favor de Gette abrió un nuevo frente en la crisis de la Universidad Autónoma del Caribe. Mientras trabajadores, docentes y catedráticos denuncian retrasos salariales, un juzgado ordenó que la institución pague más de $7.586 millones a su actual rectora y a sus tres hijos. La controversia adquirió mayor dimensión este jueves, cuando tres sindicatos cuestionaron públicamente el proceso. Las organizaciones contrastaron el millonario cobro con las quincenas que, según sus denuncias, permanecen pendientes.
Sin embargo, la inconformidad laboral no comenzó con la divulgación del auto judicial. Desde el 30 de septiembre, una coalición integrada por cuatro organizaciones sindicales y la Central Unitaria de Trabajadores había convocado una jornada de brazos caídos.
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Embargo a favor de Gette y sus hijos
El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla libró el mandamiento de pago el 25 de mayo de 2026. La decisión favorece a Silvia Beatriz Gette Ponce y a sus hijos Mario Andrés, Carolina Beatriz y María Alejandra Ceballos Gette. El auto ordena pagar $7.586.148.566 por diferencias causadas en una pensión de sobrevivientes. La liquidación comprende el periodo transcurrido entre el 1.º de diciembre de 2016 y el 30 de abril de 2026. El juzgado también decretó el embargo y secuestro de recursos que Uniautónoma tenga o llegue a tener en Davivienda, Bancoomeva, Bancolombia y Fiduprevisora. La parte resolutiva fijó como límite de la medida $13.136.840.694.
Ese monto representa el límite del embargo. No significa que los bancos ya hubieran encontrado, inmovilizado o entregado esa cantidad. Tampoco se conoce una certificación que demuestre cuánto dinero habría sido retenido. La providencia ordenó notificar personalmente a la Universidad y concederle diez días de traslado. Además, estableció que el pago debía efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del auto.
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Una pensión ligada al salario del rector
El proceso se remonta a una pensión de sobrevivientes reconocida después de la muerte de Mario Ceballos Araújo, fundador de la Universidad y esposo de Silvia Gette. En 2015, el juzgado determinó que la prestación debía corresponder al monto de la pensión que recibía Ceballos. La decisión fue modificada parcialmente por el Tribunal Superior de Barranquilla en diciembre de 2016.
El Tribunal estableció entonces que Gette y sus hijos debían devolver $907.726.267 a la Universidad, después de compensar diferentes sumas. También revocó la declaración inicial de buena fe de los demandados. La Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia en enero de 2022. De esa manera, las decisiones anteriores quedaron en firme, según explica el auto que ahora ordena su ejecución.
No obstante, el juzgado concluyó que Uniautónoma pagó valores inferiores a los correspondientes desde 2017. La providencia sostiene que la institución redujo en 2018 la remuneración asignada al cargo de rector y utilizó esa disminución para modificar la base pensional. Según la interpretación judicial, la prestación debía aumentar con los incrementos salariales del rector, pero no podía disminuir cuando la Universidad redujera la remuneración del cargo.
Cómo se calcularon los $7.586 millones
El despacho calculó inicialmente diferencias pensionales por $9.079.747.448. A ese monto descontó los $907.726.267 reconocidos previamente a favor de la Universidad. También restó $585.872.615 por la indexación de esa obligación. El resultado fue un capital de $7.586.148.566, correspondiente a la cifra incluida expresamente en el mandamiento de pago.
La tabla incorporada al auto añade $15 millones por costas del proceso ordinario. Por eso muestra un total de $7.601.148.566. Sin embargo, la parte resolutiva ordena pagar $7.586.148.566. El documento presenta otra diferencia que requiere aclaración. En la motivación menciona inicialmente un embargo por $1.500 millones, relacionado con una liquidación anterior. No obstante, en la parte resolutiva eleva el límite de la medida a $13.136 millones. La cifra jurídicamente relevante es la incluida en la decisión final. Aun así, corresponde establecer si posteriormente el juzgado aclaró, corrigió o modificó alguno de esos valores.
Noticias del Cesar publica el auto judicial que sustenta esta información. El mandamiento de pago y el embargo fueron decretados por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla. El documento no permite establecer, por sí solo, si las medidas cautelares ya fueron ejecutadas por las entidades financieras.
Reclamos laborales anteriores al auto divulgado
La publicación del mandamiento de pago encontró una inconformidad sindical que ya estaba en desarrollo. El 30 de septiembre, Sintrauac, Sintraunicaribe, Osiatónoma y Asoprofesuac, junto con la CUT, convocaron una jornada de brazos caídos para el viernes 2 de octubre. La concentración debía comenzar a las 10:00 de la mañana en la entrada de la calle 90.
El documento no se limitaba a reclamar salarios. La coalición también exigía pagos a la seguridad social y la presentación inmediata de un plan estratégico de recuperación administrativa y financiera. Las organizaciones solicitaban el incremento salarial correspondiente al IPC más 1,5 % para 2026 y su retroactivo. También pedían respeto por la planta de personal, recategorización docente y garantías para ejercer la libertad sindical. La convocatoria incluía reclamos por insumos de trabajo, supuestas nóminas paralelas y presuntos casos de maltrato y acoso laboral. Estos últimos señalamientos aparecieron formulados como situaciones que debían investigarse.
La jornada de brazos caídos no se realizó
La jornada finalmente no se desarrolló como estaba programada. Según información conocida por este medio, la Rectoría concedió el viernes 2 de octubre como día libre, antes de la semana de receso que comenzaba el lunes siguiente. Al no existir actividad laboral ordinaria, la convocatoria perdió su efecto práctico. Los trabajadores no se concentraron para realizar la jornada de brazos caídos anunciada dos días antes.
Sectores sindicales interpretaron la concesión del día libre como una decisión que neutralizó la protesta. Sin embargo, esa intención no está demostrada. Para establecer la secuencia completa se necesita conocer la circular mediante la cual la Rectoría modificó la jornada. Su fecha, motivación y alcance permitirán determinar si la decisión ya estaba programada o si surgió después de conocerse la convocatoria.
Tres sindicatos cuestionaron el cobro
Osiautónoma sostuvo que resulta inaceptable promover medidas de embargo mientras trabajadores y docentes acumulan varias quincenas sin salario. Además, preguntó públicamente qué hacía el departamento jurídico para defender los recursos de la institución. El sindicato también lanzó una pregunta sobre el regreso de Gette a la Rectoría. No obstante, el proceso ejecutivo comenzó mucho antes de su retorno.
El propio auto señala que el abogado de Gette y sus hijos solicitó el cumplimiento de la sentencia el 10 de agosto de 2022. El juzgado dictó el mandamiento en mayo de 2026. Por tanto, no existe en el documento una prueba de que Gette regresara a la Universidad con el propósito de impulsar el cobro. Esa relación corresponde, hasta ahora, a una interpretación sindical.
Sintraunicaribe también rechazó las medidas cautelares. La organización sostuvo que se adeudan salarios a trabajadores, docentes y catedráticos y pidió priorizar los derechos laborales.
Por su parte, Sintrauac afirmó que la institución debe más de dos quincenas. Además, solicitó al Ministerio de Educación investigar si se utilizaron recursos universitarios para atender la obligación.
Las afirmaciones sobre las quincenas pendientes deben permanecer atribuidas a los sindicatos. Todavía se requiere una relación institucional de los pagos realizados, los periodos adeudados y el número de trabajadores afectados.
Una difícil coincidencia institucional
El proceso ejecutivo comenzó antes del regreso de Silvia Gette; sin embargo, su condición actual plantea una situación que la Universidad debe explicar con transparencia. Gette aparece como beneficiaria del mandamiento de pago junto con sus hijos. Al mismo tiempo, ejerce como rectora de la institución obligada a pagar. Esa coincidencia no demuestra por sí sola una actuación ilegal. Tampoco permite afirmar, sin revisar los estatutos y las decisiones internas, que existe formalmente un conflicto de intereses.
No obstante, surgen preguntas fundamentales: ¿quién representa actualmente a Uniautónoma dentro del proceso?, ¿Gette se apartó de las decisiones relacionadas con el caso?, ¿qué instrucciones recibió el departamento jurídico? y ¿qué conoce el Consejo Directivo? También debe establecerse si la Universidad presentó excepciones, recursos o solicitudes de aclaración. Otra cuestión pendiente es si los bancos recibieron los oficios y aplicaron alguna retención.
Salarios, embargo y recuperación financiera
La coincidencia entre el cobro judicial y los reclamos salariales profundiza las dudas sobre la capacidad financiera de Uniautónoma. El embargo no prueba que los retrasos laborales fueran ocasionados por este proceso. La convocatoria sindical demuestra que las reclamaciones ya existían cuando el auto comenzó a circular públicamente.
Sin embargo, una eventual retención de recursos podría afectar el flujo de caja de la institución. El impacto dependerá de las cuentas involucradas, los recursos disponibles y la destinación de cada fondo; por eso, resulta indispensable conocer el plan de recuperación administrativa y financiera reclamado por las organizaciones sindicales. También se necesita establecer cómo piensa la Universidad cumplir simultáneamente sus obligaciones laborales, académicas, pensionales y judiciales.
La discusión supera la disputa entre Silvia Gette y sus contradictores. Lo que está en juego es quién protege el patrimonio de una institución que debe garantizar salarios, seguridad social, continuidad académica y estabilidad para miles de integrantes de su comunidad.
