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Sintraunicaribe relata compromisos asumidos durante una reunión con Silvia Gette, mientras Osiautónoma anuncia una queja ante el Ministerio del Trabajo. Varias afirmaciones sindicales todavía requieren soportes documentales y técnicos.
Sindicatos reclaman a Uniautónoma por los retrasos en el pago de salarios, la estabilidad laboral y el uso de la aplicación MiPase en teléfonos personales. Las inconformidades aparecen en dos nuevos documentos conocidos por Noticias del Cesar. El primero corresponde al Boletín 195 de Sintraunicaribe. La organización relata una reunión celebrada el 23 de septiembre con la rectora Silvia Gette Ponce y el vicerrector Orlando Niebles. El segundo es el Informativo 68 de Osiautónoma, que contiene una queja dirigida al Ministerio del Trabajo por la implementación del sistema de identificación mediante código QR.
Los documentos amplían el escenario sindical que enfrenta la Universidad Autónoma del Caribe. La discusión ya no se limita al ingreso y salida de trabajadores. Ahora incluye salarios pendientes, estabilidad laboral, libertad sindical, desconexión, tratamiento de datos y el esperado plan de recuperación institucional. Sin embargo, los comunicados acreditan que las organizaciones formularon esas denuncias. Por sí solos no demuestran que todos los hechos señalados hayan ocurrido como los describen los sindicatos.
Noticias del Cesar publica los documentos remitidos por Sintraunicaribe y Osiautónoma por su interés informativo. Su reproducción no implica que este medio confirme todas las afirmaciones contenidas en ellos. Algunos señalamientos todavía requieren verificación documental, técnica o institucional.
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Sindicatos reclaman a Uniautónoma respuestas sobre los salarios
Sintraunicaribe asegura que los retrasos salariales continuaron durante agosto y septiembre. El sindicato afirma que esta situación se mantuvo pese al ingreso de recursos correspondientes a las matrículas. Según su versión, la administración informó durante la reunión que realizaba esfuerzos para atender las obligaciones. No obstante, el sindicato sostiene que no recibió una fecha concreta para la normalización de los pagos.
El boletín tampoco precisa cuántos trabajadores están afectados, qué periodos permanecen pendientes ni el valor total de la deuda laboral. Por eso, esas cifras todavía deben ser solicitadas y contrastadas con la Universidad. La organización también manifiesta que recibió información según la cual el director financiero, Carlos Urueta, habría estado entre los primeros trabajadores remunerados. Se trata de una afirmación que exige especial cautela.
El documento no incorpora comprobantes de nómina, registros bancarios ni una relación del orden en que se efectuaron los pagos. En consecuencia, Noticias del Cesar presenta este señalamiento exclusivamente como una denuncia sindical pendiente de verificación.
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Compromisos atribuidos a Gette y Niebles
Sintraunicaribe asegura que en el encuentro participaron todos los integrantes de su junta directiva. Por parte de la administración habrían estado Silvia Gette y Orlando Niebles. De acuerdo con el sindicato, la administración manifestó que no contempla realizar despidos colectivos. También habría expresado que el sistema QR y otros mecanismos tecnológicos no se utilizarían para perseguir, presionar o acosar a los trabajadores.
El boletín agrega que los directivos se comprometieron a respetar la libertad sindical. Según la organización, esto incluye evitar presiones contra los afiliados y cualquier intento de promover su retiro de los sindicatos. Estas declaraciones no pueden presentarse todavía como compromisos institucionales comprobados. El documento remitido a este medio no contiene un acta firmada por la Universidad ni una comunicación oficial que ratifique esos puntos.
La redacción precisa es, por tanto, que Sintraunicaribe atribuye dichos compromisos a la administración universitaria.
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El plan para recuperar la Universidad
Otro asunto central es el plan administrativo y financiero que permitiría afrontar la crisis de Uniautónoma. El sindicato recuerda que existe el compromiso de presentarlo durante septiembre. Según el boletín, Orlando Niebles anunció una reunión con las organizaciones sindicales para explicar y revisar esa estrategia. El plan contemplaría alternativas relacionadas con matrículas, convenios, optimización del gasto y articulación con entidades estatales.
Hasta el momento, Noticias del Cesar no conoce el documento completo, sus proyecciones financieras ni el calendario previsto para ejecutarlo. Tampoco ha podido establecer si fue presentado formalmente a los sindicatos. Este punto resulta determinante. Sin cifras verificables no es posible conocer la magnitud actual de las obligaciones, la capacidad de pago ni las medidas necesarias para garantizar la continuidad académica y laboral. Sintraunicaribe también solicitó una mesa permanente de trabajo. Ese espacio abordaría el ambiente laboral, las denuncias de presunto maltrato y las situaciones que algunos trabajadores consideran constitutivas de acoso.
Boletín 195 de Sintraunicaribe: contiene el relato sindical sobre la reunión del 23 de septiembre con la Rectoría, los retrasos salariales y los compromisos que la organización atribuye a la administración.
Osiautónoma anuncia una queja por MiPase
El Informativo 68 de Osiautónoma incorpora una queja dirigida a la Dirección Territorial Atlántico del Ministerio del Trabajo. El escrito solicita que esa entidad investigue la implementación de MiPase. La organización pide suspender la exigencia de instalar la aplicación en teléfonos personales. También plantea que la Universidad suministre equipos corporativos si decide mantener ese mecanismo de identificación.
Aunque el documento está firmado y dirigido al Ministerio, la copia examinada por este medio no contiene número de radicado, sello de recibido ni constancia electrónica de entrega; por esa razón, no puede afirmarse todavía que el Ministerio haya abierto una investigación. Lo comprobable es que Osiautónoma anunció haber presentado la queja y entregó una copia del escrito. Corresponde al sindicato aportar el radicado que confirme su recepción.
La llamada “querella” tampoco corresponde a un proceso penal. Se trata de una actuación administrativa laboral mediante la cual el sindicato solicita la intervención del Ministerio.
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Nueve comunicaciones y cuatro horarios nocturnos
El nuevo informativo aporta los nueve comunicados que, según Osiautónoma, la Universidad difundió entre el 25 de agosto y el 14 de septiembre. Los mensajes se relacionan con la implementación del control de ingreso y salida mediante MiPase. Cuatro de esas comunicaciones aparecen enviadas después de las seis de la tarde. Los horarios registrados son 11:15 de la noche, 8:45 de la noche, 6:41 de la tarde y 6:20 de la tarde.
Los archivos permiten establecer los horarios de envío; sin embargo, no prueban por sí solos que la Universidad haya vulnerado el derecho a la desconexión laboral. Para determinarlo se necesita conocer si los destinatarios debían leer o responder inmediatamente. También debe verificarse su jornada, la frecuencia de los mensajes y las posibles consecuencias por no atenderlos fuera del horario laboral. La Ley 2191 de 2022 protege el derecho a la desconexión. No obstante, su eventual desconocimiento debe analizarse en cada caso y puede constituir acoso laboral cuando la conducta sea persistente y demostrable.
Las afirmaciones técnicas requieren una auditoría
Osiautónoma sostiene que MiPase podría acceder a la ubicación de los trabajadores y utilizar sensores del teléfono. Además, plantea riesgos relacionados con el domicilio, los desplazamientos y las rutinas de los usuarios. Son afirmaciones graves, pero el documento no adjunta una auditoría informática. Tampoco presenta un análisis del código, del tráfico de datos o de los permisos solicitados por la aplicación.
La queja no contiene capturas que demuestren el uso del GPS ni un concepto técnico independiente; por ello, no resulta posible afirmar que MiPase rastrea, vigila o espía a los trabajadores. La información pública de la aplicación presenta una versión diferente. En Google Play, el desarrollador declara que MiPase no recopila datos ni los comparte con terceros. Esa manifestación tampoco equivale a una auditoría independiente.
Existen, entonces, dos versiones enfrentadas. El sindicato advierte sobre posibles riesgos para la privacidad. El desarrollador asegura que no recoge información. Una evaluación técnica externa permitiría establecer qué permisos utiliza realmente la aplicación y cómo funciona el tratamiento de datos.
La Universidad no respondió las preguntas
Noticias del Cesar envió inicialmente sus preguntas a la jefatura de prensa de la Universidad Autónoma del Caribe. Por indicación de esa dependencia, formalizó el requerimiento ante la Rectoría el 18 de septiembre de 2026. El cuestionario preguntaba por los comunicados sobre MiPase, su instalación en teléfonos personales y las alternativas disponibles. También solicitaba información sobre los datos tratados, la política de privacidad y el fundamento para autorizar ingresos y permanencias.
Al cierre de esta publicación, la Rectoría no había respondido. Los dos nuevos pronunciamientos sindicales agregan interrogantes sobre los salarios pendientes, el orden de los pagos, la estabilidad laboral y el plan de recuperación. También obligan a preguntar si la Universidad ya recibió alguna notificación del Ministerio del Trabajo.
Este medio mantiene abierta la posibilidad de incorporar la respuesta de Silvia Gette, de los demás directivos mencionados y de la Universidad Autónoma del Caribe.
Un conflicto que supera el código QR
El regreso de Silvia Gette a la conducción de Uniautónoma coincide con la apertura de varios frentes sindicales. Uno se concentra en los salarios y el futuro financiero. El otro cuestiona el uso de una herramienta tecnológica en los teléfonos de los trabajadores. A ellos se suman las preocupaciones por la estabilidad, la libertad sindical, la desconexión y el tratamiento de información personal.
Los documentos conocidos permiten informar que esas inconformidades existen y que fueron formuladas por dos organizaciones. Pero todavía faltan actas, radicados, registros de nómina, decisiones administrativas y análisis técnicos que permitan comprobar varias de sus afirmaciones. La Universidad tiene ahora la oportunidad de responder con documentos, fechas y cifras. El silencio institucional no convierte automáticamente en ciertas las denuncias, pero impide que la comunidad conozca la otra versión de una controversia que continúa creciendo.
