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La investigación por narcotráfico en la que aparece mencionado Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira, volvió al centro de la agenda nacional después de que Semana publicara nuevos documentos que lo señalan, según informes de la Fiscalía citados por ese medio, como supuesto articulador y financiador de una estructura criminal transnacional. Robles ha rechazado esos señalamientos y sostiene que se trata de un proceso falso.
Noticias del Cesar accedió ahora a documentos adicionales y obtuvo nuevas respuestas del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas, quien dirigió inicialmente la investigación. Ese material permite reconstruir qué ocurrió después de una filtración de información reservada, por qué Rojas dejó de intervenir en el caso y cómo la investigación continuó, posteriormente, bajo un nuevo radicado. En octubre de 2025, cuando este periodista integraba el equipo del Semanario La Calle, entrevistó a Rafael Rojas Orcasitas y publicó detalles de la investigación y de su retiro por razones de seguridad. Ese trabajo sirve hoy como antecedente para contrastar los nuevos documentos y las respuestas obtenidas por Noticias del Cesar.
Una investigación que venía desde 2023
Los documentos revisados muestran que el radicado 110016099144202300832 correspondía a una investigación adelantada desde 2023 por la Fiscalía Séptima Especializada contra el Narcotráfico. En una denuncia presentada el 13 de marzo de 2025, Rojas señaló que la investigación buscaba desarticular una estructura que denominó “Cartel de La Guajira” y que se desarrollaba con apoyo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y cooperación de la DEA. Esa denominación y los roles atribuidos a los investigados corresponden a la versión consignada por Rojas dentro del expediente y no constituyen por sí mismos una decisión judicial sobre responsabilidad penal.
Uno de los documentos permite establecer además que el 3 de febrero de 2025 un juez de control de garantías autorizó una búsqueda selectiva en bases de datos respecto de 18 personas vinculadas a las pesquisas; posteriormente, fueron consultadas fuentes como la UIAF, información financiera, registros de bienes y otras bases institucionales. Ese elemento coincide con parte de lo publicado ahora por Semana: la revista sostiene que la investigación empezó en 2023 y divulgó apartes de informes en los que Robles aparece descrito como supuesto líder de una organización dedicada al envío de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa.
La filtración que cambió el rumbo del caso
El punto de quiebre llegó en marzo de 2025. Rojas denunció que una orden reservada de policía judicial habría terminado en conocimiento de personas investigadas. En su escrito del 13 de marzo relató además episodios que interpretó como amenazas contra él y miembros de su familia después de que se detectaran problemas relacionados con el acceso a información solicitada a la DIAN.
En esa misma denuncia aseguró que familiares y conocidos en Riohacha comenzaron a recibir mensajes relacionados con la investigación y que un fiscal en esa ciudad habría sido abordado por una persona que portaba una fotografía de Rojas y preguntaba por él. Esos hechos fueron relatados por el propio fiscal y posteriormente dieron lugar a una noticia criminal por amenazas contra servidores públicos. El 19 de marzo de 2025 quedó registrado formalmente un caso por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, relacionado con los hechos denunciados por Rojas.
Rojas salió del caso en mayo
En octubre de 2025, La Calle publicó un documento fechado el 30 de abril de ese año en el que el Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía recomendaba la reasignación del proceso para mitigar el riesgo contra la vida e integridad personal del fiscal y su familia. Rojas explicó ahora a Noticias del Cesar que desde mayo de 2025 recibió orden del entonces director especializado contra el Narcotráfico de apartarse de la investigación por razones de seguridad.
“Desde mayo de 2025 no volví a adelantar un solo trámite más frente a ese expediente”, aseguró.
La diferencia entre esa fecha y la Resolución 0-0362 del 3 de diciembre de 2025 queda ahora aclarada: según Rojas, la resolución fue únicamente el acto administrativo que formalizó meses después una decisión que ya se venía aplicando materialmente desde mayo. El fiscal también precisó que el expediente original dejó de tener actuaciones para proteger la investigación y que las pesquisas continuaron posteriormente bajo un nuevo radicado.
Rojas dijo no haber tenido ninguna participación en ese nuevo proceso.
El abogado que habló de un documento reservado
La documentación entregada a Noticias del Cesar permite reconstruir otro episodio ocurrido meses después. El abogado Hugo Fernando Matallana Gaviria, defensor de Tatiana Beatriz Martínez Gómez, comenzó en octubre de 2025 a solicitar reuniones con la Fiscalía para conocer detalles del proceso en el que su cliente aparecía como presunta indiciada.
El 9 de diciembre de 2025 se produjo una reunión en el búnker de la Fiscalía. Rojas participó, pero ahora aclara que no lo hizo como fiscal del expediente de narcotráfico.
“Mi asistencia a la reunión se debió al asunto de la filtración, puesto yo como víctima y denunciante necesitaba saber qué era lo que insistentemente el abogado quería hablar conmigo”, explicó.
Según documentos posteriores, durante esa reunión Matallana informó que su defendida había tenido acceso a una orden reservada del proceso. Más adelante, el 22 de diciembre de 2025, el abogado presentó su renuncia al poder y dejó por escrito que Martínez Gómez le había manifestado haber recibido el radicado de Carlos Arturo Robles Julio, aunque expresamente aclaró que desconocía cómo él lo habría obtenido. Ese documento no demuestra por sí mismo quién realizó la filtración original, pero sí constituye una manifestación escrita presentada ante la propia Fiscalía sobre la circulación de información reservada.
A continuación, Noticias del Cesar publica el documento aportado por el abogado Hugo Fernando Matallana Gaviria, en el que dejó por escrito su versión sobre la información que habría conocido durante su representación de Tatiana Beatriz Martínez Gómez.
Los siguientes documentos reconstruyen la ruta que siguió el abogado Hugo Fernando Matallana Gaviria para lograr una reunión con la Fiscalía dentro del radicado 2023-00832. La secuencia muestra sus solicitudes de entrevista, las respuestas institucionales sobre la competencia del fiscal Rafael Rojas Orcasitas, la posterior citación al búnker y, finalmente, la información que Matallana dejó por escrito sobre el documento reservado que habría conocido a través de su entonces representada.
El expediente original y el nuevo radicado
Este punto modifica sustancialmente la reconstrucción que podía hacerse en 2025. Rojas explicó a Noticias del Cesar que, después de la filtración y de su salida, la investigación no desapareció, sino que continuó bajo un nuevo radicado destinado a protegerla. No reveló quién está a cargo actualmente y aseguró que tampoco conoce las actuaciones posteriores.
Esto significa que la investigación conocida inicialmente bajo el radicado 2023-00832 tuvo una continuidad procesal que no era pública cuando este periodista abordó el caso en octubre de 2025. El fiscal también señaló que desconoce por completo cuáles son los documentos específicos utilizados ahora por Semana, por lo que no es posible afirmar que la revista haya publicado exactamente el mismo material producido durante su etapa al frente del expediente.
La asistencia de Estados Unidos es otro asunto
Los documentos permiten aclarar además una confusión relevante. En septiembre de 2026 apareció el radicado 110016099144-2025-00946, relacionado con una asistencia judicial internacional solicitada por autoridades de Estados Unidos. Rojas fue enfático al señalar que esa actuación “nada tiene que ver” con el expediente original de narcotráfico y que no deben confundirse procesalmente. La propia Fiscalía había explicado lo mismo el 15 de septiembre de 2026: el radicado corresponde a una asistencia judicial internacional solicitada por autoridades estadounidenses y no a una investigación penal adelantada bajo la Ley 906 de 2004.
Ocho días después, la Fiscalía 81 Especializada reiteró ante el Tribunal Superior de Bogotá que una asistencia judicial de esta naturaleza constituye cooperación entre Estados y no implica por sí misma la vinculación penal de una persona dentro de Colombia. respuesta_accion_de_tutela_fisc…
Robles respondió señalando a Rojas
Después de la publicación de Semana del 26 de septiembre, Carlos Arturo Robles respondió públicamente en X y acusó directamente a Rojas de haber intentado sobornarlo. No era la primera vez que el rector formulaba una acusación contra el fiscal.
En septiembre de 2025, Robles ya había denunciado a Rojas y al empresario Eddie Gnecco por presuntas maniobras de extorsión, persecución y supuesto uso irregular de instituciones estatales. También sostuvo que esas actuaciones estarían relacionadas con un conflicto alrededor de un lote cercano a la Universidad de La Guajira. Rojas negó esos señalamientos cuando fue consultado por este periodista en octubre de 2025 y aportó documentación para controvertir la versión del rector.
Los nuevos documentos muestran además que, para septiembre de 2026, cursaba ante la Fiscalía 578 Local de Bogotá una querella presentada por Rojas a raíz de manifestaciones realizadas en su contra. Con la información revisada hasta ahora, Noticias del Cesar no ha encontrado una decisión judicial que declare responsable a Rojas por el supuesto soborno o extorsión denunciados por Robles, ni una decisión judicial que establezca que esas acusaciones sean falsas.
Lo que queda abierto
La existencia del expediente de narcotráfico era conocida públicamente desde 2025. Lo nuevo ahora es la profundidad de los documentos publicados por Semana y, en paralelo, la reconstrucción que permiten hacer los documentos entregados a Noticias del Cesar y las respuestas actuales de Rojas. El punto todavía pendiente es determinar cuál es hoy el estado del nuevo radicado bajo el cual continuó la investigación después de la filtración, qué actuaciones se han practicado y si existe alguna decisión procesal vigente respecto de Carlos Arturo Robles.
Hasta ahora, los documentos conocidos contienen señalamientos investigativos y actuaciones preliminares, pero no permiten presentar a Robles como penalmente responsable de los hechos atribuidos.
Segunda entrega
El enfrentamiento entre Robles y Rojas tiene otro capítulo que merece revisión independiente. Desde 2025, el rector sostiene que detrás de las actuaciones del fiscal existe una persecución derivada de un conflicto relacionado con un predio cercano a la Universidad de La Guajira. Rojas lo niega y ha aportado documentos con una versión distinta. Noticias del Cesar revisó también ese expediente, las operaciones sobre el lote, las acusaciones de extorsión y la documentación presentada por ambas partes. Esa será la segunda entrega de esta investigación.
