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Carlos Arturo Robles Julio sostiene desde 2025 que detrás de las actuaciones del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas existe una persecución relacionada con un conflicto por un lote en Riohacha. Rojas rechaza esa versión y, en septiembre de 2026, llevó a la Fiscalía una nueva denuncia alrededor del predio San Ramón, en la que también incluyó al rector de la Universidad de La Guajira.
Noticias del Cesar revisó escrituras, denuncias, comunicaciones oficiales y una querella por calumnia agravada presentada por Rojas contra Robles. Los documentos permiten reconstruir un enfrentamiento que corre por una vía distinta al expediente por narcotráfico abordado en la primera entrega. En octubre de 2025, cuando este periodista integraba el equipo del Semanario La Calle, entrevistó a Rafael Rojas Orcasitas y publicó detalles del conflicto por el terreno y de las acusaciones que ya entonces formulaba Robles. Ese trabajo sirve hoy como antecedente para contrastar los nuevos documentos obtenidos por Noticias del Cesar.
Robles vinculó sus denuncias con un lote
El enfrentamiento público adquirió una nueva dimensión después de un allanamiento practicado el 26 de septiembre de 2025 dentro de una investigación adelantada por otro despacho de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Dos días después, Carlos Arturo Robles difundió un comunicado en redes sociales en el que, según consta en una querella posterior de Rojas, aseguró haber denunciado al fiscal y a Eddie José Gnecco. En esa publicación les atribuyó, entre otras conductas, presunta extorsión, persecución, utilización indebida de instituciones del Estado y un supuesto soborno relacionado con la compraventa de un lote en Riohacha. calumnia agravada
La tesis de Robles era que las actuaciones en su contra tendrían relación con su negativa frente a una operación inmobiliaria y responderían a una persecución personal. Rojas negó desde entonces esas acusaciones.
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Rojas llevó la disputa a la Fiscalía
El nuevo documento entregado a Noticias del Cesar demuestra que el enfrentamiento no quedó únicamente en declaraciones públicas. El 28 de octubre de 2025, Rojas presentó una querella ante la Fiscalía por el delito de calumnia, identificada con el número único de noticia criminal 110016099385202514199. El documento lo registra como querellante y a Carlos Arturo Robles como indiciado. En el relato de los hechos, Rojas dejó consignado que Robles lo había señalado públicamente de extorsión, persecución, uso indebido de instituciones estatales y supuesto soborno vinculado con un lote.
Rojas sostuvo en esa querella que las afirmaciones eran falsas y que, según su versión, constituían una retaliación frente al allanamiento realizado el 26 de septiembre de 2025 por otro despacho de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. También precisó que esa diligencia era ajena al despacho que él dirigía. calumnia agravada La querella demuestra que la acusación de supuesto soborno no apareció por primera vez en septiembre de 2026. Ya formaba parte del enfrentamiento público entre Robles y Rojas desde 2025.
El predio San Ramón
Los nuevos documentos incorporan otra pieza al conflicto: el predio rural San Ramón, ubicado en Riohacha e identificado con matrícula inmobiliaria 210-13457. En septiembre de 2026, Rojas presentó una denuncia penal relacionada con operaciones realizadas sobre ese inmueble. En ella incluyó a varias personas, entre ellas Carlos Arturo Robles Julio, quien había intervenido como rector y representante legal de la Universidad de La Guajira.
La denuncia propone investigar posibles conductas como enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, alzamiento de bienes, fraude a resolución judicial o administrativa, concierto para delinquir y prevaricato por acción. Esas calificaciones corresponden a la denuncia presentada por Rojas. No constituyen decisiones judiciales ni permiten afirmar que los denunciados sean responsables de esos delitos.
Dos ventas sobre el mismo inmueble
Uno de los puntos principales del documento está en la comparación entre dos escrituras públicas. La Escritura 1716 del 31 de octubre de 2024 registra que tres copropietarios transfirieron el 30,3046 % de San Ramón a la Universidad de La Guajira, representada por Carlos Arturo Robles. El precio declarado fue de $1.094.849.600, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 768 de 2024.
Cinco meses después, mediante la Escritura 477 del 27 de marzo de 2025, los mismos vendedores, a través del mismo apoderado y en la misma notaría, transfirieron el 52,9954 % restante del inmueble a Josefa María Margarita Armenta Rojas, hija de una de las vendedoras, por un precio declarado de $50 millones. Esa diferencia es uno de los elementos que Rojas pide investigar.
De $129.999 a $3.395 por metro cuadrado
La denuncia incluye un cuadro comparativo elaborado por Rojas. De acuerdo con ese análisis, la operación realizada con la Universidad habría representado un precio aproximado de $129.999 por metro cuadrado. En la transferencia realizada cinco meses después, el precio declarado equivaldría a aproximadamente $3.395 por metro cuadrado.
Rojas calcula igualmente que el valor comercial por metro cuadrado era de $135.599 en 2024 y de $142.500 en 2025. Según su denuncia, el segundo negocio habría representado apenas el 2,38 % del valor comercial que él atribuye a esa participación. Esas cifras forman parte de la argumentación presentada ante la Fiscalía y corresponde a esa entidad determinar su validez y eventual relevancia penal.
Qué cuestiona Rojas sobre la compra de Uniguajira
La denuncia señala que Carlos Arturo Robles compareció personalmente a la Escritura 1716 como rector y representante legal de la Universidad y aceptó la adquisición del 30,3046 % de San Ramón. Rojas cuestiona además que el instrumento haga referencia a un proceso reivindicatorio inscrito sobre el folio de matrícula del inmueble y que, según su interpretación, existan afirmaciones posteriores dentro de la misma escritura que resultarían contradictorias sobre la situación jurídica del bien.
También sostiene que la Universidad adquirió una cuota parte de un inmueble en comunidad y proindiviso y pide que la Fiscalía examine las circunstancias administrativas y patrimoniales de esa decisión. Nuevamente, estas son afirmaciones contenidas en la denuncia, no conclusiones judiciales.
Una precisión que el propio Rojas dejó escrita
La denuncia incluye un dato importante que limita el alcance de sus propios señalamientos. Rojas reconoce que la compra realizada por la Universidad ocurrió el 31 de octubre de 2024, mientras que una demanda civil posterior fue presentada el 20 de mayo de 2025 y una medida cautelar fue decretada el 27 de mayo de 2025.
Por esa razón, dejó expresamente consignado que no sería correcto afirmar que Robles compró con conocimiento de una medida cautelar que todavía no existía en octubre de 2024. Su cuestionamiento se concentra, en cambio, en otros antecedentes jurídicos que, según él, ya figuraban en el folio del inmueble.
La denuncia comenzó a moverse antes del pronunciamiento presidencial
Otro documento establece que el 14 de septiembre de 2026, Rojas envió una comunicación a la Delegada contra las Finanzas Criminales solicitando apoyo para desarrollar una iniciativa investigativa relacionada con posibles delitos económicos y patrimoniales. Carlos Arturo Robles aparece incluido en el listado de personas relacionadas con los hechos que Rojas pidió investigar.
La fecha es relevante porque esa gestión se produjo tres días antes del pronunciamiento presidencial del 17 de septiembre sobre la Universidad de La Guajira. Esto no demuestra que ambos asuntos tengan un mismo origen ni que uno haya provocado al otro. Sí permite establecer que la actuación promovida por Rojas sobre San Ramón ya estaba en curso antes de ese episodio político.
Robles volvió a reiterar la acusación de “soborno”
El conflicto regresó al escenario público el 26 de septiembre de 2026. Después de que Semana publicara nuevos documentos sobre el caso conocido como ‘Kaloy’, Robles respondió en X y volvió a acusar directamente a Rafael Rojas de un supuesto soborno. Esta vez escribió que por no haber aceptado ese supuesto soborno terminó presentado como jefe de una organización criminal.
Pero los nuevos documentos permiten establecer que esa acusación ya tenía un antecedente desde 2025. La querella presentada por Rojas el 28 de octubre de aquel año señala expresamente que Robles ya lo había acusado públicamente de supuesto soborno relacionado con un lote, además de extorsión, persecución y uso indebido de instituciones estatales.
Una querella que sigue siendo otra actuación distinta
La querella de Rojas tampoco debe confundirse con el expediente de narcotráfico ni con la denuncia patrimonial relacionada con San Ramón. Son actuaciones diferentes. El documento de octubre de 2025 registra una noticia criminal por calumnia originada en las manifestaciones públicas que, según Rojas, Robles realizó en su contra.
Por su parte, la denuncia de septiembre de 2026 busca que la Fiscalía investigue operaciones relacionadas con San Ramón y a varias personas involucradas en ellas.
Qué está probado y qué sigue siendo acusación
Hasta ahora, Noticias del Cesar no ha encontrado una decisión judicial que declare responsable a Rafael Rojas por extorsión o soborno contra Carlos Arturo Robles. Tampoco existe en los documentos revisados una decisión judicial que establezca que las acusaciones de Robles sean falsas.
Lo que sí está probado documentalmente es que Robles formuló públicamente acusaciones contra Rojas; que Rojas las negó; que presentó una querella por calumnia en octubre de 2025; y que posteriormente promovió una denuncia penal distinta alrededor de las operaciones efectuadas sobre el predio San Ramón.
Dos frentes diferentes del caso
La documentación revisada permite separar dos historias que con frecuencia aparecen mezcladas; por un lado, está la investigación por narcotráfico, que tenía su propio radicado, sufrió una filtración y, posteriormente, continuó bajo otro número, como se explicó en la primera entrega.
Por otro, está el conflicto patrimonial alrededor de San Ramón, las acusaciones de Robles contra Rojas y las actuaciones judiciales que ambos han promovido. Robles sostiene que existe una relación entre ambos mundos y que ha sido objeto de una persecución originada en el conflicto por el lote.
Rojas niega esa explicación y ha llevado ante la Fiscalía documentos con los que pide investigar las operaciones realizadas sobre San Ramón. Los expedientes deberán determinar qué responsabilidades, si alguna, pueden derivarse de esos hechos.
