“En Bogotá no hay mar”: De La Espriella ordena llevar la DIMAR a Cartagena

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó trasladar la sede principal de la DIMAR a Cartagena, al considerar disfuncional que la autoridad marítima del país opere desde Bogotá. El anuncio se produjo después de un consejo de seguridad y una mesa territorial con las autoridades de Bolívar; sin embargo, el Gobierno todavía no ha informado el cronograma, los costos ni la sede que recibirá a sus funcionarios.

“La DIMAR queda en Bogotá, donde no hay mar. Eso muestra la disfuncionalidad del Estado. Como orden presidencial, se vienen para Cartagena”, declaró De La Espriella durante su visita a la capital de Bolívar. La decisión fue anunciada después de un encuentro con el gobernador Yamil Arana, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y los mandatarios municipales del departamento. La agenda gubernamental también incluyó la revisión de las condiciones de seguridad y de varios proyectos estratégicos para la ciudad.

La DIMAR se trasladará a Cartagena por orden presidencial

La Dirección General Marítima es una dependencia del Ministerio de Defensa y ejerce como autoridad marítima colombiana. Por esa razón, regula la navegación, controla las actividades portuarias y coordina medidas para proteger la vida humana en el mar. Además, la DIMAR tiene facultades para autorizar arribos, zarpes y fondeos de embarcaciones. También administra playas y terrenos de bajamar, investiga accidentes marítimos y produce la cartografía náutica oficial del país.

Actualmente, la dirección central funciona en la carrera 54 número 26-50, en el Centro Administrativo Nacional de Bogotá; no obstante, la institución ya cuenta con una presencia técnica y operativa importante en Cartagena. En la ciudad funcionan la Capitanía de Puerto y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Asimismo, allí se desarrollan actividades relacionadas con la señalización marítima, la seguridad de la navegación y el monitoreo de amenazas de origen marino.

Cartagena ya alberga dependencias marítimas

De La Espriella anuncia ante autoridades de Bolívar el traslado de la DIMAR
El anuncio se produjo después del consejo de seguridad y la mesa territorial desarrollados con las autoridades de Bolívar.

El traslado de la DIMAR a Cartagena no implicaría comenzar toda su operación desde cero. La entidad inició en el sector de Manzanillo la construcción de una sede de aproximadamente 15.000 metros cuadrados para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. El complejo fue proyectado con laboratorios de biología, microbiología, química, geología y electrónica. Igualmente, contempla auditorios, aulas y un centro tecnológico para monitorear amenazas provenientes del mar.

Esta infraestructura representa una ventaja para la decisión presidencial. Cartagena también concentra actividades portuarias, navales, científicas y turísticas que se relacionan directamente con las competencias de la autoridad marítima. Sin embargo, el Gobierno deberá determinar cuáles oficinas serán trasladadas desde Bogotá. También tendrá que definir el número de funcionarios involucrados, las necesidades presupuestales y las dependencias que podrían permanecer en la capital del país.

El traslado todavía deberá materializarse

La estructura administrativa de la entidad está regulada por el Decreto 5057 de 2009. Esa disposición organiza el despacho del director, las subdirecciones, las capitanías de puerto, los centros de investigación y las unidades de señalización marítima. Aunque el decreto no establece expresamente que la dirección general deba permanecer en Bogotá, la orden requiere decisiones administrativas, logísticas y presupuestales. Por tanto, el anuncio presidencial todavía no significa que el traslado se haya ejecutado.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha publicado el acto administrativo ni el cronograma para llevar la DIMAR a Cartagena. Tampoco se conoce qué inmueble albergará la nueva sede principal o cuándo comenzará la movilización de sus dependencias. En consecuencia, la formulación más precisa es que De La Espriella ordenó el traslado. Su cumplimiento deberá comprobarse mediante los actos oficiales y las partidas presupuestales que se expidan posteriormente.

Anuncian $87.703 millones para el Malecón del Mar

El mandatario acompañó la decisión sobre la DIMAR con un paquete de inversiones para Cartagena. Entre los anuncios sobresalen $87.703 millones destinados a la segunda fase del Gran Malecón del Mar. Los recursos nacionales financiarán los tramos 3 y 4 del proyecto. La intervención se extenderá desde el espolón de La Tenaza, en Marbella, hasta la entrada de Bocagrande, cerca del Monumento a Los Océanos.

El trazado bordeará el cordón amurallado del Centro Histórico por la avenida Santander. De esta manera, la Nación contribuirá a ampliar una obra orientada a la protección costera, la recuperación de playas y la creación de nuevos espacios públicos. El Gran Malecón alcanzaba cerca del 50 % de ejecución en mayo de 2026. Por consiguiente, el dinero anunciado por De La Espriella corresponde a su ampliación y no al comienzo del proyecto.

Aeropuerto, Vía Perimetral y Aquabus

De La Espriella también anunció el destrabe de las obras del aeropuerto internacional Rafael Núñez. Sin embargo, durante la declaración no precisó el nuevo cronograma ni las medidas adoptadas para superar los retrasos. A su vez, el Gobierno comprometió $130.000 millones para prolongar la Vía Perimetral hasta El Pozón. Esta intervención busca mejorar la conexión entre comunidades populares de Cartagena y facilitar la movilidad en varios sectores de la ciudad.

El presidente también respaldó el proyecto Aquabus y pidió incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa pretende desarrollar un sistema de transporte público acuático, para lo cual será necesario crear una regulación específica. Así, el traslado de la autoridad marítima quedó incluido dentro de una agenda más amplia para la capital de Bolívar. Ahora, la ejecución de la orden sobre la DIMAR dependerá de las decisiones jurídicas, administrativas y presupuestales que adopte el Gobierno.

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