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Las deudas de las EPS con los hospitales del Cesar ascienden a cerca de $380.000 millones, según la actualización entregada por la Secretaría de Salud Departamental. La cifra corresponde únicamente a las obligaciones reportadas por las 28 Empresas Sociales del Estado, ESE, de la red pública y mantiene encendidas las alertas por el impacto que la falta de flujo de recursos puede tener sobre medicamentos, personal médico, proveedores y continuidad de los servicios.
La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, explicó que el balance no incluye las cuentas pendientes con clínicas e IPS privadas porque esas entidades no tienen la obligación de reportar toda su cartera al departamento. La funcionaria recordó que el sector privado representa más del 70 % de los prestadores de servicios de salud en el territorio, por lo que el monto total adeudado a la red pública y privada sería superior al registro conocido.
El nuevo dato refleja un aumento frente al balance conocido a finales de julio. En ese momento, las 28 ESE del Cesar reportaban una cartera de $355.969 millones y ocho hospitales advertían que las dificultades de liquidez podían obligarlos a restringir parcialmente algunos servicios si las EPS no realizaban pagos suficientes para mantener su operación.
Ocho hospitales ya habían encendido las alarmas
Entre las instituciones que manifestaron mayores dificultades se encontraban el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar; Jorge Isaac Rincón Torres, de La Jagua de Ibirico; San Andrés, de Chiriguaná; San Juan Bosco, de Bosconia; Cristian Moreno Pallares, de Curumaní; Lázaro Alfonso Hernández, de San Alberto; José David Padilla Villafañe, de Aguachica, y el hospital de Agustín Codazzi.
Noticias del Cesar informó el 29 de julio que estas instituciones advertían sobre posibles restricciones debido a que la falta de pagos comprometía la compra de medicamentos, los salarios y honorarios del personal, el pago a proveedores y otros gastos indispensables. En ese momento, la Gobernación convocó una mesa extraordinaria para buscar acuerdos con las EPS y evitar afectaciones mayores a los pacientes.
La crisis contrasta con la evaluación fiscal conocida en junio. Mediante la Resolución 1020 de 2026, el Ministerio de Salud había determinado que el Cesar no registraba nuevas ESE categorizadas en riesgo fiscal y financiero medio o alto. Ese resultado evaluaba la vigencia 2025 y no significa, sin embargo, que los hospitales estén protegidos frente a problemas posteriores de liquidez ocasionados por el retraso en los pagos de las aseguradoras.
El problema también alcanza al sistema nacional
El panorama del Cesar hace parte de una situación financiera más amplia. De acuerdo con la información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud y recopilada al cierre de junio de 2026, 23 EPS acumulaban aproximadamente $40,35 billones en pasivos, frente a activos cercanos a $21,65 billones. Esto significa que, en conjunto, disponían de alrededor de $54 en activos por cada $100 registrados como obligaciones.
La presión financiera ya había obligado al Gobierno del Cesar a buscar mecanismos para garantizar que los recursos llegaran directamente a los prestadores. Durante 2026, la Secretaría de Salud consiguió que varias EPS autorizaran el giro directo de recursos a diferentes ESE, entre ellas el Hospital Rosario Pumarejo de López, el Hospital Eduardo Arredondo Daza y otras instituciones municipales.
El desafío vuelve ahora a concentrarse en la cartera corriente. La Secretaría de Salud ha insistido en que las EPS deben mantener pagos suficientes para evitar que los hospitales acumulen nuevamente obligaciones con trabajadores y proveedores o reduzcan servicios programados. La evolución de la deuda, que pasó de más de $355.000 millones en julio a cerca de $380.000 millones en el balance actualizado, mantiene la discusión sobre la sostenibilidad real de la atención en el departamento.
