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El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, pidió perdón por haber autorizado diplomas falsos de Juliana Guerrero y actas académicas con información que no correspondía a la realidad. Su declaración ante un juez representa un nuevo giro en el proceso judicial que rodea los cuestionados títulos de la excandidata al Viceministerio de Juventudes.
Diplomas falsos de Juliana Guerrero: la admisión ante el juez
Gutiérrez Martínez reconoció su actuación durante una diligencia judicial conocida este jueves 20 de agosto. El exdirectivo admitió que autorizó la expedición de diplomas y actas académicas falsas a favor de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, según el video difundido por ÚltimaHoraCaracol en X.
“Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, manifestó Gutiérrez ante el juez. También pidió perdón por su conducta, en una declaración que adquiere especial importancia frente a lo que había ocurrido meses atrás.
En marzo de 2026, tanto Gutiérrez como Guerrero se habían declarado inocentes y no aceptaron los cargos formulados inicialmente por la Fiscalía. Al exsecretario le imputaron falsedad ideológica en documento público. A Guerrero, por su parte, le imputaron fraude procesal.
La Fiscalía sostuvo entonces que Gutiérrez certificó que Guerrero cumplía los requisitos para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. Sin embargo, el ente investigador afirmó que la joven no habría cumplido el plan de estudios ni otras obligaciones académicas.
Según la investigación, validadores técnicos de la institución rechazaron inicialmente la solicitud de grado. Pese a ello, Gutiérrez habría acreditado manualmente que los requisitos estaban completos, lo cual permitió que el 1 de julio de 2025 fueran emitidos dos diplomas a nombre de Guerrero.
El caso de Juliana Guerrero ya había llegado a juicio
El proceso había avanzado durante los últimos meses. Noticias del Cesar informó en julio que la Fiscalía llevó el caso hacia la etapa de juicio por las irregularidades relacionadas con los documentos académicos.
La Fiscalía sostiene que Guerrero habría utilizado los soportes académicos para demostrar que cumplía los requisitos del Viceministerio de Juventudes. Además, señaló que habría incorporado información al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, con ese propósito.
Caracol Radio informó posteriormente que la audiencia de acusación había sido programada para el 5 de agosto. El ente acusador mantiene la tesis de que Guerrero habría conocido el origen irregular de los documentos académicos que fueron utilizados para respaldar su aspiración al cargo público.
El señalamiento contra Guerrero, sin embargo, deberá probarse dentro del proceso. La declaración realizada ahora por Gutiérrez corresponde a su propia conducta y no constituye, por sí sola, una confesión o condena contra la joven.
Una admisión que cambia el escenario del proceso
La importancia de la declaración está precisamente en ese punto. Hasta marzo, Gutiérrez rechazaba la responsabilidad penal que le atribuyó la Fiscalía. Ahora reconoce ante un juez que autorizó documentos académicos falsos y admite que su actuación violó las normas del país.
Ese reconocimiento puede convertirse en un elemento relevante dentro del proceso. No obstante, corresponde al juez establecer sus efectos jurídicos y determinar qué consecuencias tendrá frente a la situación procesal del exsecretario.
También será necesario establecer qué impacto puede tener la declaración sobre las pruebas relacionadas con Guerrero. La Fiscalía tendrá que demostrar de manera independiente qué conocía la joven, qué documentos utilizó y con qué finalidad los presentó ante las entidades del Estado.
El ente investigador había señalado que Guerrero presuntamente conocía el origen irregular de los diplomas. También sostuvo que habría utilizado esos documentos durante los trámites relacionados con su aspiración al Viceministerio de Juventudes.
La universidad anuló los títulos de Guerrero
El escándalo también provocó decisiones dentro de la Fundación Universitaria San José. En noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la institución anuló los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública otorgados a Juliana Guerrero.
La universidad informó que la revisión interna no encontró evidencias suficientes sobre participación en clases y actividades académicas. El caso también había generado dudas sobre el cumplimiento de pruebas obligatorias para obtener los títulos.
El Ministerio de Educación profundizó posteriormente la vigilancia sobre la institución. Una resolución expedida en febrero de 2026 señaló que la Fundación San José no presentó soportes que acreditaran, en el caso de Guerrero, el cumplimiento de los exámenes de Estado Saber TyT y Saber Pro.
En junio, el Ministerio incluyó nuevamente a la Fundación San José entre las instituciones de educación superior sometidas a medidas de vigilancia por posibles irregularidades. La actuación administrativa se desarrolla de manera paralela al proceso penal.
El caso también tuvo repercusiones en el Cesar
El nombre de Juliana Guerrero mantiene una conexión directa con el Cesar. Durante el gobierno de Gustavo Petro ejerció como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, uno de los principales órganos de gobierno de la institución.
Su permanencia en ese escenario también quedó envuelta en controversias políticas. Noticias del Cesar documentó recientemente las denuncias formuladas por Angie Rodríguez, quien aseguró que sus diferencias dentro del Gobierno comenzaron, entre otros asuntos, por cuestionamientos relacionados con Guerrero.
Ese episodio es distinto al proceso por los títulos académicos y debe analizarse de manera independiente. Sin embargo, explica por qué el caso de Juliana Guerrero ha tenido una especial repercusión política e institucional en Valledupar y el Cesar.
La declaración de Luis Carlos Gutiérrez abre ahora un nuevo capítulo. El exsecretario pasó de rechazar los cargos a reconocer públicamente que autorizó documentos falsos. La responsabilidad penal de Juliana Guerrero, en cambio, continúa sometida a lo que determine la justicia con base en las pruebas del proceso.