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La Fiscalía General de la Nación avanzó hacia el juicio contra Juliana Guerrero por las presuntas irregularidades en los títulos académicos que presentó cuando aspiró al Viceministerio de Juventudes. El ente acusador le atribuye posibles conductas relacionadas con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El caso también tiene repercusión en el Cesar. Guerrero ha participado como delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, uno de los principales órganos de dirección de la institución.
Fiscalía lleva el caso de Juliana Guerrero a juicio
La acusación formal permite que el proceso pase a una nueva etapa. Un juez penal deberá revisar los señalamientos y fijar las fechas de las próximas audiencias.
Según la investigación, Guerrero habría utilizado documentos académicos irregulares para respaldar su aspiración al Viceministerio de Juventudes. Los documentos aparecieron en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II. Esta plataforma reúne las hojas de vida de servidores, contratistas y aspirantes a cargos públicos.
La Fiscalía sostiene que la información buscaba demostrar que Guerrero cumplía los requisitos académicos para ocupar el cargo. Sin embargo, la investigación cuestiona la validez de los soportes que presentó.
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Fiscalía cuestiona tres títulos académicos
El expediente menciona tres programas académicos relacionados con el área contable. Entre ellos figuran Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contabilización de Operaciones Comerciales.
La Fiscalía afirma que Guerrero no asistió a las clases ni presentó los exámenes requeridos para obtener algunos de esos títulos. También señaló que no habría cumplido requisitos como la prueba Saber Pro.
Los investigadores aseguran que Guerrero conocía las presuntas irregularidades. A pesar de ello, habría incorporado los documentos a su hoja de vida en el SIGEP II para sustentar su aspiración al viceministerio.
Guerrero no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación realizada en marzo de 2026. Desde entonces, la Fiscalía continuó con la investigación hasta avanzar hacia la acusación.
Exsecretario universitario también enfrenta el proceso
El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.
La Fiscalía señala que Gutiérrez habría firmado resoluciones y documentos que certificaban el cumplimiento de requisitos académicos. El ente investigador considera que esas certificaciones contenían información que no correspondía con la realidad.
La institución universitaria inició acciones relacionadas con la validez de los títulos y apartó al entonces secretario general tras conocerse el escándalo.
El caso también genera inquietud en la UPC
La situación adquirió relevancia en Valledupar por el papel de Guerrero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
Durante 2026, la delegada presidencial participó en sesiones y decisiones relacionadas con el gobierno universitario. Su presencia también generó cuestionamientos entre sectores estudiantiles y políticos del departamento.
El Consejo Superior toma decisiones fundamentales para la UPC. Entre sus integrantes se encuentra un representante designado por el presidente de la República, de acuerdo con la estructura institucional de la universidad.
Por esa razón, el proceso penal reactivó el debate sobre los controles que deben aplicar las entidades públicas y las universidades para comprobar la formación académica de sus funcionarios y representantes.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras la presentación del escrito, un juez deberá programar la audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la Fiscalía expondrá formalmente los hechos, las pruebas y los delitos que pretende demostrar durante el juicio.
Luego comenzará la etapa preparatoria. Las partes podrán solicitar pruebas, presentar argumentos y controvertir los elementos reunidos durante la investigación.
Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez no tienen una condena por estos hechos. Ambos conservan la presunción de inocencia hasta que un juez emita una decisión definitiva.