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La Fiscalía General de la Nación reactivó este lunes las órdenes de captura contra Comuneros del Sur que permanecían suspendidas por la participación de siete integrantes de esa organización armada en la mesa de diálogo con el Gobierno. La decisión se produjo cuatro días después de que el Ejecutivo terminara formalmente la negociación con esa estructura.
La medida quedó contenida en la Resolución 0-0273 del 7 de septiembre de 2026, expedida por la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón. Según el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, los siete habían recibido anteriormente la suspensión de las actuaciones judiciales como consecuencia de su participación en el proceso de diálogo.
Órdenes de captura contra Comuneros del Sur: estos son los siete nombres
Las órdenes de captura contra Comuneros del Sur que vuelven a estar activas corresponden a Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias ‘Chuki’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias ‘Taliana’; y Santo Eligio García Natascuas, alias ‘Santos’. La decisión también cobija a Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz. La Fiscalía comunicó la resolución a las autoridades de policía judicial para que actúen dentro de sus respectivas competencias.
El antecedente permite dimensionar la decisión. En noviembre de 2024, la Fiscalía había suspendido temporalmente órdenes de captura contra 11 representantes y voceros de Comuneros del Sur para facilitar su participación en las conversaciones de paz. Esa suspensión tenía un alcance territorial y estaba ligada al desarrollo de la negociación. Por tanto, la resolución conocida este lunes no crea nuevas investigaciones ni nuevas órdenes judiciales. Lo que hace es restablecer la posibilidad de ejecutar siete órdenes que habían perdido temporalmente sus efectos mientras avanzaba el proceso de diálogo.
El Gobierno había terminado la mesa cuatro días antes
La reactivación ocurre después de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella expidiera la Resolución Ejecutiva 365 del 3 de septiembre. Ese acto administrativo dio por terminada oficialmente la Mesa de Diálogos de Paz con el denominado Frente Guerrillero Comuneros del Sur. Ese mismo día, la Presidencia expidió otros actos relacionados con el proceso. La Resolución 366 revocó la designación de representantes de la organización, mientras las resoluciones siguientes retiraron otras designaciones asociadas con la negociación y los delegados gubernamentales.
Un día después, el presidente De La Espriella hizo público el cierre de varios mecanismos de diálogo heredados del Gobierno anterior. El mandatario afirmó que las autoridades competentes habían sido notificadas para proceder con las capturas que correspondieran y avanzar en extradiciones pendientes. El giro tampoco resulta sorpresivo. Antes de asumir la Presidencia, De La Espriella había anunciado que buscaría desmontar varios componentes de la política de Paz Total y reactivar órdenes suspendidas. Noticias del Cesar explicó ese planteamiento durante la transición presidencial en la alocución en la que anticipó el cambio de política frente a los grupos armados.
No todas las órdenes necesitaban ser reactivadas
El comunicado de la Fiscalía incluye una precisión adicional. Frente a otras personas que aparecían en las solicitudes remitidas por la Presidencia, el ente investigador determinó que no correspondía adoptar una nueva decisión. La razón es que algunas órdenes de captura ya se encontraban activas, mientras otras nunca habían sido suspendidas. La Fiscalía no individualizó en el comunicado cuáles personas pertenecen a cada una de esas situaciones.
De esta manera, las órdenes de captura contra Comuneros del Sur se convierten en uno de los primeros efectos judiciales concretos del cierre de las mesas dispuesto por el nuevo Gobierno. Sin embargo, reactivar una orden no significa que la captura ya se haya producido ni supone una condena contra la persona requerida. A partir de ahora, la ejecución dependerá de las autoridades de policía judicial y de la ubicación de quienes tienen órdenes vigentes. La decisión confirma, además, que la terminación de los diálogos comienza a trasladarse del terreno político al operativo y judicial.
