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El Gobierno nacional anunció que transformará la consulta previa en Colombia para que avance de manera paralela a la evaluación de las licencias ambientales. La propuesta busca reducir los tiempos de los proyectos sin eliminar este mecanismo de protección para las comunidades étnicas.
Miller Soto, vocero oficial del Gobierno, explicó que la consulta previa dejaría de condicionar el inicio de la evaluación ambiental. En consecuencia, las autoridades podrían estudiar la viabilidad de una obra mientras el Estado desarrolla el proceso de diálogo con las comunidades que podrían resultar afectadas.
Consulta previa y licencia ambiental avanzarían al mismo tiempo
La modificación permitiría que la consulta previa y el trámite de la licencia ambiental comiencen sin esperar a que uno de los dos concluya; sin embargo, Soto no afirmó que los proyectos puedan ejecutarse sin completar la consulta cuando exista una afectación directa sobre comunidades étnicas.
Actualmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales verifica, al comienzo del trámite, el pronunciamiento emitido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Además, cuando el proceso consultivo ya se realizó, el interesado debe aportar la información y los acuerdos alcanzados. La ANLA explica que la consulta procede cuando un proyecto, obra o actividad puede afectar de forma directa y específica a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o al pueblo Rrom.
Por tanto, la propuesta modificaría principalmente la relación y los tiempos entre ambos procedimientos. No obstante, todavía falta conocer si los resultados de la consulta seguirán siendo incorporados obligatoriamente en la licencia antes de que la autoridad adopte una decisión definitiva.
Rodrigo Lara había anunciado la reforma
El anuncio de Miller Soto amplía una propuesta presentada días antes por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante la Convención Bancaria. Allí, el funcionario anticipó que el Gobierno expediría una norma para separar la consulta previa del licenciamiento ambiental. Según lo conocido hasta ahora, ambos procedimientos podrían desarrollarse de forma independiente para evitar que los tiempos de uno retrasen completamente al otro. El Ejecutivo también prepara una reestructuración de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, acompañada de auditorías y nuevas herramientas tecnológicas.
Además, el Ministerio del Interior asignaría gerentes para hacer seguimiento a proyectos estratégicos. El objetivo declarado consiste en mejorar la trazabilidad de los expedientes y ofrecer mayor certeza jurídica a las comunidades, las autoridades y las empresas. Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado el texto definitivo de la norma, su fecha de expedición ni el procedimiento que utilizará para adoptarla. En consecuencia, el anuncio representa por ahora una hoja de ruta y no una modificación vigente.
La consulta previa es un derecho fundamental
La consulta previa en Colombia no es únicamente un requisito administrativo. Se trata de un derecho fundamental y colectivo mediante el cual las comunidades étnicas participan en las decisiones que puedan afectar directamente sus territorios, identidad, cultura o condiciones de vida. Este derecho está respaldado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado al ordenamiento colombiano mediante la Ley 21 de 1991. Por esa razón, una reforma administrativa no podría suprimirlo ni reducirlo a un ejercicio meramente informativo.
La Corte Constitucional también ha establecido que la consulta debe ser efectiva, desarrollarse de buena fe y realizarse de manera oportuna. Cuando una medida representa una afectación directa e intensa, el Estado debe buscar acuerdos con las comunidades y garantizar su participación real. El principal interrogante jurídico será, entonces, cómo podrán avanzar ambos procedimientos en paralelo sin que la evaluación ambiental pierda información esencial aportada durante la consulta.
La reforma tendría impacto en el Cesar y La Guajira
El cambio resulta especialmente relevante para departamentos como el Cesar y La Guajira, donde los proyectos mineros, energéticos, viales y de transmisión eléctrica pueden relacionarse con territorios de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Wiwa, Yukpa y Wayuu. En estas regiones, las decisiones ambientales no solo comprenden aspectos técnicos. También pueden involucrar lugares sagrados, fuentes de agua, actividades tradicionales y espacios de importancia cultural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
Por eso, acelerar los expedientes podría facilitar inversiones pendientes, pero también aumentaría las controversias si las autoridades aprueban proyectos sin incorporar oportunamente los impactos identificados durante la consulta. El debate guarda relación con otras decisiones ambientales analizadas por Noticias del Cesar. El alcance real de la reforma dependerá finalmente del texto que expida el Gobierno. Ese documento deberá precisar si la licencia podrá otorgarse antes de concluir la consulta previa, cómo se integrarán los acuerdos comunitarios y qué garantías existirán para impedir que la simultaneidad se convierta en una reducción del derecho.