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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Lilybeth Ramírez Mendoza, exdirectora de Fonvisocial en Valledupar, por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de 20 predios ubicados en el barrio Nuevo Milenio.
La diligencia se realizó ante un juez con función de control de garantías. La Fiscalía le atribuyó los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
Según el ente investigador, los hechos habrían permitido la apropiación de $218.266.293 derivados de operaciones relacionadas con esos terrenos. Ramírez Mendoza no aceptó los cargos formulados en su contra.
Fiscalía investiga venta de 20 predios
La investigación se concentra en la enajenación de 20 bienes ubicados en Nuevo Milenio, en Valledupar.
De acuerdo con la Fiscalía, la entonces funcionaria habría adelantado las operaciones mediante actos administrativos. Posteriormente se habrían materializado pagos correspondientes a indemnizaciones relacionadas con los predios.
Los investigadores cuestionan los valores utilizados dentro de esas actuaciones. Según la hipótesis presentada en la audiencia, los inmuebles tenían avalúos comerciales superiores a los valores determinados por un perito.
La Fiscalía sostiene además que algunos avalúos del experto habrían sido falsificados para sustentar los pagos investigados. Ese procedimiento, según el ente acusador, habría permitido la apropiación de los recursos públicos.
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Le imputaron tres delitos
La Seccional Cesar formuló cargos por peculado por apropiación agravado, delito relacionado con la presunta apropiación irregular de recursos públicos.
También imputó falsedad material y falsedad ideológica en documento público, debido a las supuestas alteraciones relacionadas con la documentación utilizada durante el proceso.
Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y todavía deberán probarse durante el proceso penal.
Ramírez Mendoza negó su responsabilidad y no aceptó los cargos. Por lo tanto, conserva la presunción de inocencia mientras un juez no adopte una decisión definitiva.
El proceso judicial continuará con las actuaciones correspondientes para establecer si existieron irregularidades en la venta de los predios y determinar las eventuales responsabilidades.
