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Mientras las cámaras de fotodetección registran infracciones y activan procedimientos sancionatorios, conseguir la grabación de un delito puede convertirse en un calvario. El senador guajiro Alfredo Deluque radicó un proyecto para facilitar el acceso a las grabaciones de videovigilancia y evitar que pruebas valiosas sean borradas antes de llegar a la Fiscalía. La iniciativa no modifica el sistema de fotomultas; estas aparecen como contraste frente a las dificultades para obtener grabaciones de seguridad. En Colombia, una cámara puede convertirse rápidamente en testigo contra un conductor: una multa no pagada puede avanzar hasta el cobro coactivo y terminar, incluso, en el embargo del vehículo; sin embargo, cuando registra un hurto, una agresión o un homicidio, la víctima suele enfrentar barreras para conseguir las imágenes
Esa contradicción sustenta el proyecto de ley Cámara Testigo, presentado por el senador Alfredo Deluque. La iniciativa busca que las grabaciones relacionadas con un delito sean remitidas directamente a la Fiscalía. “¿Les ha pasado que son víctimas de un hurto o cualquier otro delito y en el lugar de los hechos hay cámaras, pero no pueden acceder a los videos porque no tienen una orden judicial?”, preguntó Deluque.
Videovigilancia: una prueba que puede desaparecer
El congresista explicó que establecimientos comerciales, conjuntos residenciales y otras entidades suelen negar las grabaciones cuando una víctima las solicita. El ciudadano debe acudir entonces a la Fiscalía y esperar el trámite correspondiente. El problema consiste en que muchos sistemas conservan sus archivos durante pocos días; posteriormente, las nuevas imágenes reemplazan de manera automática los registros anteriores.
“Para cuando tienen la orden lista, ya pasó demasiado tiempo o simplemente la grabación se borró”, advirtió Deluque. Según el senador, perder ese material puede significar “perder un proceso o perder la prueba fundamental que lo sustenta”. El proyecto permitiría que la víctima o el denunciante soliciten el envío de imágenes, audios y videos directamente a la Fiscalía. No sería necesaria una orden judicial previa ni una solicitud inicial del ente investigador.
Sin embargo, el ciudadano no recibiría necesariamente una copia para divulgarla. El material sería remitido a la autoridad competente para su conservación y posterior análisis.
Las cámaras multan con mayor rapidez
La propuesta deja en evidencia dos velocidades en el uso de la tecnología. Una cámara de fotodetección registra una posible infracción y entrega la evidencia para que un agente decida si expide el comparendo. Así funcionan desde agosto las primeras cámaras de fotodetección instaladas en Valledupar. Los equipos operan en Loperena, La Viña y Los Manguitos. Desde el 2 de septiembre, estos dispositivos pueden iniciar procedimientos sancionatorios por la infracción D04. Esta conducta corresponde a cruzar una intersección cuando el semáforo se encuentra en rojo.
En cambio, una persona asaltada frente a una cámara privada debe solicitar el material y, en algunos casos, esperar la intervención de la Fiscalía. La demora puede ocasionar que la grabación desaparezca. La paradoja resulta aún más visible porque más de 35.000 comparendos electrónicos de Valledupar quedaron bajo investigación. Estos fueron impuestos durante un periodo en el que, según la Superintendencia de Transporte, habría faltado la autorización requerida; además, el Gobierno frenó recientemente los carros cazafotomultas que operaban sin un agente visible; no obstante, los sistemas fijos debidamente autorizados continúan funcionando.
El fleteo de Valledupar muestra el valor de los videos
El debate tiene un ejemplo reciente en la capital del Cesar. El 16 de septiembre, un fleteo de $28,1 millones quedó grabado por las cámaras de un restaurante, ubicado sobre la avenida Salguero. Las imágenes muestran el ingreso de un hombre que intimidó al comerciante y le arrebató un bolso. El dinero había sido retirado minutos antes de una entidad bancaria localizada en Mayales Plaza.
Ahora, los investigadores buscan otros registros para reconstruir la ruta de llegada y escape del responsable. En casos como este, la conservación inmediata de los videos puede ayudar a identificar vehículos, placas, acompañantes y recorridos. La discusión también cobra importancia por la ampliación de la red local. La Gobernación anunció la entrega de 402 cámaras de videovigilancia para Valledupar. El proyecto contempla recuperar 152 nodos e instalar otros 16 puntos en sectores estratégicos.
Por tanto, no basta con aumentar el número de equipos. También se requieren procedimientos rápidos para preservar y trasladar legalmente sus registros a las investigaciones.
Una grabación no se convertiría automáticamente en prueba
Deluque aclaró que Cámara Testigo no eliminaría los controles sobre la evidencia. Las autoridades todavía deberán establecer la autenticidad del archivo y garantizar la cadena de custodia. “Esto no significa que cualquier grabación se convierta automáticamente en prueba”, precisó. El material tendrá que superar los controles exigidos dentro del proceso penal.
De esa manera, la propuesta pretende acelerar la conservación de los archivos sin reemplazar el trabajo de la Policía Judicial. Tampoco autorizaría la difusión indiscriminada de imágenes que comprometan la intimidad de terceros. “Lo que buscamos es algo muy sencillo: que una prueba que pueda ayudar a encontrar al responsable no se pierda simplemente porque llegó demasiado tarde”, sostuvo Deluque.
Videos que ayudaron a esclarecer crímenes
La historia judicial del país demuestra el valor de la videovigilancia. En el caso de Yuliana Samboní, varios videos registraron el vehículo utilizado para secuestrar a la menor y su recorrido hasta el edificio donde ocurrió el crimen. Rafael Uribe Noguera fue condenado a más de 51 años de prisión. Las grabaciones formaron parte del conjunto de evidencias presentado durante el proceso.
Otro caso ocurrió en Ubaté. La Policía informó que el análisis de cámaras permitió establecer la ruta de escape del presunto responsable del homicidio de José Ricardo García Gómez. El señalado agresor fue localizado y capturado posteriormente en Medellín. Estos antecedentes muestran que un video no reemplaza toda la investigación. Sin embargo, sí puede orientar la búsqueda, reconstruir desplazamientos y relacionar a una persona con el lugar de los hechos.
Cuando el video no llega: la lección del caso Colmenares
El caso de Luis Andrés Colmenares muestra el escenario contrario. El joven guajiro, estudiante de la Universidad de los Andes, murió durante la madrugada del 31 de octubre de 2010 en el sector del parque El Virrey, en Bogotá. Aunque se trataba de una de las zonas más vigiladas de la capital, los investigadores no aseguraron oportunamente los registros de las cámaras de seguridad. Cuando la investigación cambió su hipótesis inicial, esa posible evidencia ya no estaba disponible para reconstruir el recorrido del estudiante durante sus últimos minutos.
La ausencia de esas imágenes se sumó a otras fallas tempranas. Entre ellas, aparecen la demora para practicar entrevistas, las deficiencias en el manejo de la escena y las controversias alrededor de los procedimientos forenses. Un análisis jurídico publicado tras la decisión definitiva sostuvo que esos registros no fueron preservados pese a la cantidad de cámaras existentes en el sector. En abril de 2026, la Corte Suprema confirmó la absolución de Laura Moreno y declaró cerrado el proceso ordinario. El tribunal concluyó que Luis Andrés murió por asfixia por inmersión; sin embargo, no pudo establecer con certeza el origen de las lesiones que presentaba ni atribuir responsabilidad penal a una persona determinada.
La propia Corte señaló que varios errores investigativos impidieron esclarecer completamente lo sucedido. En la sentencia SP189-2026, el alto tribunal cuestionó la falta de claridad y las deficiencias probatorias de la Fiscalía. El caso tiene, además, una conexión regional directa. Luis Alonso Colmenares, padre del estudiante, es guajiro, al igual que Alfredo Deluque, autor del proyecto Cámara Testigo. Durante más de quince años, la familia buscó respuestas que el proceso judicial no consiguió ofrecer de manera concluyente.
Así, la iniciativa toca una experiencia especialmente cercana para La Guajira: cuando una grabación no se recauda a tiempo, la investigación puede perder para siempre la oportunidad de responder qué ocurrió.
El proyecto ya tuvo objeciones jurídicas
La propuesta tiene un antecedente legislativo. Deluque presentó en 2024 el Proyecto de Ley 050, que pretendía modificar cuatro artículos del Código de Procedimiento Penal. El Consejo Superior de Política Criminal emitió entonces un concepto desfavorable sobre la iniciativa. El organismo sostuvo que varias facultades de las víctimas ya tenían reconocimiento jurisprudencial.
Además, advirtió posibles riesgos para la cadena de custodia, la privacidad y el debido proceso. También señaló que algunas actividades investigativas requieren conocimientos técnicos y deben permanecer bajo responsabilidad de la Policía Judicial; por eso, el nuevo debate no se limita a facilitar el acceso. El Congreso tendrá que definir cómo conservar los videos antes de que desaparezcan, proteger los datos personales y garantizar su legalidad dentro del proceso.
“Las víctimas necesitan herramientas para participar activamente en la búsqueda de justicia”, afirmó Deluque. El senador aseguró que la finalidad es poner la tecnología instalada en las calles “al servicio de la verdad y la justicia”.
