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La JEP imputa exmandos de las Farc por violencia sexual y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el oriente y sur de Colombia. La decisión cobija a 27 antiguos integrantes de esa guerrilla, entre ellos cuatro miembros del último Secretariado.
La Jurisdicción Especial para la Paz los identificó como máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos, torturas y agresiones sexuales. Los hechos ocurrieron en territorios controlados por los bloques Oriental y Sur, que tuvieron presencia en 15 departamentos.
Además, esta es la primera imputación que articula directamente el Caso 10 con el subcaso 01 del Caso 11. Este último investiga la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia reproductiva y los crímenes motivados por prejuicio cometidos por las antiguas Farc contra civiles.
JEP imputa exmandos de las Farc: ¿quiénes aparecen?
Entre los 27 imputados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido durante su permanencia en la guerrilla como ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.
Los cuatro hicieron parte del último Secretariado de las Farc y ejercieron mando sobre estructuras que operaron en diferentes regiones del país. La JEP también imputó a otros 23 antiguos comandantes de los bloques Oriental y Sur. En ese grupo aparecen responsables de estructuras rurales y células urbanas que habrían ordenado atentados con explosivos y ataques contra población civil.
Según el tribunal, algunos comparecientes impartieron órdenes y otros omitieron controlar a las unidades bajo su mando. Por tanto, la imputación no significa que todos hubieran ejecutado personalmente cada crimen.
Sin embargo, la Sala de Reconocimiento consideró que tuvieron una participación determinante o responsabilidad de mando sobre los hechos investigados.
Primera imputación directa por hechos del Caso 11
El aspecto más novedoso de la decisión está relacionado con la violencia sexual. La JEP imputó hechos en los que integrantes de las Farc utilizaron estas agresiones como forma de castigo contra mujeres campesinas.
Las víctimas habrían sido señaladas de incumplir las reglas impuestas por la guerrilla o de desafiar su autoridad. De esa manera, la violencia sexual se convirtió en una herramienta de control social y territorial.
La Jurisdicción también documentó agresiones cometidas durante acciones armadas. Uno de los casos más graves ocurrió durante la toma de Puerto Rico, Meta, en 1999.
De acuerdo con la investigación, un grupo de guerrilleros agredió sexualmente a diez mujeres. Entre las víctimas se encontraba una niña de 13 años.
No obstante, la JEP aclaró que otras conductas relacionadas con violencia reproductiva, violencia basada en género y crímenes por prejuicio continúan bajo investigación dentro del Caso 11.
Una decisión que recoge la voz de 2.436 víctimas
La magistrada Catalina Díaz Gómez explicó que las decisiones recogen testimonios, observaciones e informes aportados por 2.436 víctimas acreditadas. Entre ellas se encuentran mujeres, campesinos, docentes, líderes comunales, integrantes de comunidades religiosas, policías y militares afectados por el accionar de las Farc.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la investigación ofrece una radiografía judicial de los bloques Oriental y Sur. Ambas estructuras operaron en casi la mitad del territorio colombiano; además, el tribunal destacó que muchas de las víctimas vivían en regiones apartadas. Varias no habían podido acceder anteriormente a la justicia ni contar públicamente lo sucedido.
Atentados y masacres incluidos en la investigación
La imputación no se limita a los hechos de violencia sexual. También comprende ataques que marcaron la historia reciente de Colombia.
Entre ellos aparece el atentado con carro bomba contra el Club El Nogal, ocurrido en Bogotá el 7 de febrero de 2003. La explosión dejó 36 personas muertas y más de 200 heridas.
Asimismo, la JEP abordó el asesinato del dirigente conservador y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y de su escolta José Huertas. Ambos murieron en un ataque ocurrido el 2 de noviembre de 1995.
La investigación también incluye el lanzamiento de cohetes durante la posesión presidencial del 7 de agosto de 2002. Ese ataque dejó 23 muertos y 63 heridos en Bogotá.
Además, el tribunal estudió las tomas guerrilleras de Mitú y Miraflores, ocurridas en 1998. También examinó las masacres de nueve concejales en Rivera, Huila, y cinco integrantes del Concejo de Puerto Rico, Caquetá.
Rosa Blanca, una voz contra el silencio
La Corporación Rosa Blanca Colombia ha desempeñado un papel relevante en la visibilización de la violencia sexual y reproductiva atribuida a las Farc. La organización reúne a sobrevivientes de reclutamiento, abusos sexuales y otras formas de violencia basada en género.
Aunque su proceso organizativo comenzó en 2008, Rosa Blanca se constituyó legalmente en 2018. Desde entonces, sus integrantes han reclamado verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La JEP informó en marzo de 2019 que había sostenido reuniones con la organización. Posteriormente, le reiteró la invitación para presentar informes sobre los hechos sufridos por sus integrantes y ofreció acompañamiento para facilitar su participación.
Esa invitación estuvo relacionada especialmente con el Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños. Sin embargo, los testimonios de Rosa Blanca también ayudaron a mantener en la discusión pública la violencia sexual sufrida por niñas y adolescentes reclutadas por las Farc.
Los testimonios de 19 sobrevivientes
En 2022, la Corporación Rosa Blanca y el Centro Nacional de Memoria Histórica publicaron el libro Testimonios de la Rosa Blanca. La obra recoge las historias de 19 mujeres víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y violencia basada en género.
Los relatos corresponden a hechos ocurridos entre 1986 y 2005 en diferentes departamentos. La publicación busca enfrentar la invisibilización y la estigmatización sufridas por quienes fueron reclutadas cuando eran niñas o adolescentes.
Por ello, Rosa Blanca constituye un actor relevante dentro del proceso social y judicial que ha permitido escuchar a las sobrevivientes. Sin embargo, la información divulgada sobre la nueva imputación no establece que sus informes sean la única fuente o el fundamento exclusivo de la decisión.
Además, el auto anunciado se concentra en el subcaso del Caso 11 que investiga crímenes de las Farc contra la población civil. Buena parte de los testimonios de Rosa Blanca también se relaciona con violencia ocurrida dentro de las filas guerrilleras y con el reclutamiento de menores.
La imputación todavía no es una condena
La JEP imputa exmandos de las Farc, pero esta decisión todavía no equivale a una sentencia condenatoria. Los comparecientes deberán responder ante la Jurisdicción y manifestar si reconocen o rechazan su responsabilidad.
Quienes acepten los hechos podrán continuar por la ruta de reconocimiento, que contempla audiencias públicas y sanciones restaurativas. En cambio, quienes no reconozcan responsabilidad podrán enfrentar un proceso ante la Unidad de Investigación y Acusación.
La decisión representa un avance para las mujeres y niñas que denunciaron durante años estas conductas. También abre una nueva etapa para determinar responsabilidades individuales y establecer qué aportes deberán realizar los comparecientes para reparar a las víctimas.