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Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, según anunció el presidente Abelardo De La Espriella. El exmandatario cumple una condena de 21 años y siete meses por corrupción y había sido denunciado por presuntamente influir en contratos, nombramientos y decisiones políticas desde su lugar de reclusión.
Juan Carlos Abadía pasó de manejar uno de los departamentos más importantes de Colombia a cumplir una condena de más de dos décadas. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar la agenda nacional por hechos ocurridos mientras ya estaba privado de la libertad. El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 20 de septiembre que el exgobernador fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali. Según el mandatario, el procedimiento terminó a las 11:30 de la noche del sábado.
La decisión se conoció después de varios meses de denuncias sobre la presunta influencia que Abadía todavía ejercería desde su sitio de reclusión. La Red de Veedurías Ciudadanas llevó esas acusaciones ante la Fiscalía. Entre otras conductas, habló de posibles presiones relacionadas con contratos, nombramientos y decisiones administrativas.
Juan Carlos Abadía y las denuncias desde prisión
La Red de Veedurías aseguró en mayo que Juan Carlos Abadía presuntamente mantenía comunicaciones con funcionarios y personas de su círculo político. Según la denuncia, desde esas comunicaciones se habría buscado el direccionamiento de contratos estatales, nombramientos burocráticos y favorecimiento de terceros. También se mencionó una posible intervención en decisiones administrativas y políticas.
La organización afirmó que entregó a la Fiscalía números telefónicos y nombres de personas que debían ser investigadas. Por tanto, se trata de señalamientos puestos en conocimiento de las autoridades y no de hechos establecidos mediante una sentencia. En julio, la Red de Veedurías volvió a pronunciarse. Entonces solicitó a la Fiscalía, la Corte Suprema y el INPEC mayor celeridad en las investigaciones. Además, pidió reforzar los controles alrededor del exmandatario.
Ese matiz resulta fundamental. Abadía sí está condenado por hechos de corrupción ocurridos cuando era gobernador, pero las acusaciones sobre una presunta influencia política y contractual desde prisión corresponden a un expediente diferente.
La descompensación antes del traslado
El cambio de establecimiento comenzó a tomar forma durante el fin de semana. El sábado 19 de septiembre se conoció que Abadía había sido llevado a una unidad de salud mental en Cali. Según Caracol Radio, sufrió una descompensación después de conocer que sería trasladado desde el lugar donde permanecía recluido hacia una cárcel ordinaria; inicialmente, los reportes indicaban que su destino sería La Picota, en Bogotá. Abadía permaneció bajo custodia del INPEC mientras recibía atención médica.
De La Espriella dio este domingo otra versión sobre ese episodio. Aseguró que el exgobernador había simulado un problema cardíaco para evitar el procedimiento y dijo que ordenó personalmente continuar con su traslado.
Hasta ahora, sin embargo, no se conoce públicamente un dictamen médico que permita establecer que la afectación fue fingida. Por eso, esa afirmación corresponde a la versión expresada por el Presidente; finalmente, según De La Espriella, Abadía fue llevado a Villahermosa durante la noche.
De gobernador del Valle a condenado por corrupción
La historia judicial de Juan Carlos Abadía comenzó mucho antes. Abadía llegó a la Gobernación del Valle del Cauca para el período iniciado en 2008. Antes había sido diputado departamental y concejal de Cali. Su administración terminó abruptamente en 2010. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó durante diez años por participación indebida en política. El caso surgió de una reunión celebrada el 20 de febrero de 2010, a la que asistieron 21 alcaldes del Valle y el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias.
Años después, el Consejo de Estado confirmó la sanción. El alto tribunal concluyó que Abadía utilizó su investidura de gobernador en una actuación que favoreció políticamente al entonces precandidato conservador; sin embargo, ese episodio no fue el que finalmente lo llevó a prisión.
El negocio de las bibliotecas
El proceso penal que terminó con Juan Carlos Abadía condenado nació de un convenio firmado cuando todavía gobernaba el Valle. El 29 de enero de 2010, la Gobernación suscribió con la Fundación Calimío un convenio para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en diez municipios. El negocio fue fijado en $1.072 millones.
La Corte Suprema determinó que se utilizó la figura de un convenio de interés público para evitar una licitación. Además, estableció que no se realizaron estudios previos serios y que la fundación seleccionada no cumplía las condiciones requeridas. La ruta seguida por los libros reveló una diferencia todavía mayor.
La Fundación Calimío contrató el suministro por $1.000 millones. Sin embargo, la Corte estableció que los textos habían sido adquiridos originalmente por $182.517.600. De acuerdo con la sentencia, mediante esos sobrecostos terceros terminaron apropiándose de $817.482.400 de recursos públicos. La justicia consideró probado que Abadía conocía las irregularid
