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Un juez y un exzar anticorrupción denunciaron a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El caso surgió por sus llamados a crear “guardias libertadoras” y formas de “milicia popular”. Los denunciantes consideran que sus expresiones podrían configurar el delito de instigación a delinquir. Sin embargo, esa conclusión deberá ser evaluada por la autoridad competente.
Juez denuncia a Petro por una posible instigación a delinquir
José Alejandro Hofmann, juez 55 penal con función de control de garantías de Bogotá, presentó la denuncia junto al exzar anticorrupción Óscar Ortiz. El escrito fue dirigido a la Comisión Legal de Investigación y Acusación y está fechado el 6 de agosto de 2026.
La acción se basa en el artículo 348 del Código Penal. Esa norma regula la instigación a delinquir y contempla la incitación pública y directa a cometer un determinado delito o género de delitos.
Según los denunciantes, las declaraciones de Petro tendrían capacidad para movilizar a otras personas. También argumentan que su alcance público aumenta debido a la audiencia que mantiene en redes sociales. Esa es, por ahora, la interpretación jurídica de quienes formularon la denuncia.
Por tanto, la presentación del escrito no significa que Petro haya cometido un delito. Tampoco implica que exista una decisión judicial en su contra por estos hechos.
¿Qué dijo Petro sobre las guardias libertadoras?
La controversia comenzó con un mensaje publicado por Petro el 3 de agosto. Allí pidió al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca organizar guardias libertadoras frente a los grupos responsables de ataques en esa región.
El pronunciamiento ocurrió después de atentados contra autoridades indígenas y contra Yesid Sandoval, diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Petro relacionó esos ataques con estructuras vinculadas al narcotráfico.
Además, el mandatario saliente definió las guardias libertadoras como formas de “milicia popular”. Según su planteamiento, estas estructuras deberían coordinarse con el Ejército cuando la Fuerza Pública cumpliera su función constitucional de proteger a las comunidades.
Petro también sostuvo que las comunidades reunidas en asambleas tendrían capacidad para tomar decisiones sobre esas organizaciones. Incluso planteó que podrían determinar si debían armarse o no, dependiendo de las agresiones enfrentadas en cada territorio.
El propio Petro rechazó que su propuesta significara crear una organización paramilitar. En cambio, presentó el planteamiento como una forma de defensa comunitaria frente a la violencia.
“Guardias bolivarianas” y “guardias libertadoras” no son lo mismo
Este punto requiere una precisión.
La denuncia conocida por Caracol Radio utiliza la expresión “guardias bolivarianas” al describir las conductas cuestionadas.
Sin embargo, el mensaje original de Petro divulgado y reproducido por varios medios habla de “guardias libertadoras”. Vanguardia verificó la publicación hecha desde la cuenta del entonces presidente en X.
Por esa razón, Noticias del Cesar utiliza la expresión guardias libertadoras cuando se refiere directamente a las palabras de Petro. La denominación “guardias bolivarianas” corresponde al contenido atribuido al documento presentado por los denunciantes.
La diferencia resulta relevante. En un asunto con posibles implicaciones penales, cada expresión debe atribuirse con precisión.
Denuncia también menciona sedición y manejo ilegal del mando
El documento no se limita a la posible instigación a delinquir. Los denunciantes también plantean que las expresiones podrían estar relacionadas con otros delitos previstos por el Código Penal.
Entre ellos aparece la sedición, regulada por el artículo 468. Además, el escrito menciona la seducción, usurpación y retención ilegal del mando, contemplada en el artículo 472.
Hofmann y Ortiz relacionan esos delitos con las referencias hechas por Petro a la Fuerza Pública. También cuestionan sus declaraciones sobre eventuales cambios en los mandos militares.
No obstante, citar esos artículos dentro de una denuncia no demuestra que los delitos se hayan cometido. La Comisión deberá estudiar los hechos y determinar si existe fundamento jurídico para adelantar alguna actuación.
Guardias libertadoras: ¿qué puede hacer la Comisión de Acusaciones?
La Comisión Legal de Investigación y Acusación forma parte de la Cámara de Representantes. La propia corporación explica que conoce denuncias penales o quejas disciplinarias contra varios altos dignatarios del Estado, entre ellos el presidente de la República.
En consecuencia, el organismo deberá determinar el trámite correspondiente al documento presentado por Hofmann y Ortiz.
Por ahora, la información pública conocida confirma la presentación de la denuncia a través del documento divulgado y del reporte de Caracol Radio. Eso no equivale a una apertura formal de investigación ni a una imputación.
La nueva actuación se conoce pocos días después de otro episodio similar. Noticias del Cesar informó sobre la denuncia de Angie Rodríguez contra Petro ante la misma Comisión, en un escrito que expuso 16 hechos que su defensa pidió investigar.
Además, el caso aparece en medio de una transición presidencial marcada por fuertes choques políticos. Días antes, este medio registró nuevas tensiones después de declaraciones de Petro sobre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
Un nuevo frente jurídico para Petro
Las guardias libertadoras pasaron rápidamente de la discusión política a un escenario jurídico.
Hofmann y Ortiz sostienen que las palabras de Petro deben ser investigadas por una posible instigación a delinquir. También piden examinar otras conductas relacionadas con el régimen constitucional y la Fuerza Pública.
Petro, por su parte, presentó esas organizaciones como mecanismos comunitarios para responder a la violencia. Su planteamiento incluyó coordinación con el Ejército y decisiones tomadas desde asambleas populares.
Ahora corresponde a la Comisión establecer si la denuncia tiene mérito para avanzar. Hasta entonces, Petro debe ser tratado como denunciado y no como responsable penal de los hechos señalados.