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Laura Sarabia no aceptó tres cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación en el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza. La exjefe de Gabinete deberá responder por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. La imputación se conoció este lunes 14 de septiembre durante una audiencia virtual ante un juzgado de control de garantías de Bogotá. Al terminar la exposición de la Fiscalía, la jueza le preguntó a Sarabia si aceptaba las conductas atribuidas. La exfuncionaria respondió que no se allanaba a los cargos.
“Sí entendí perfectamente los hechos y lo narrado en esta audiencia. Ya tengo una decisión previamente consultada con mi defensa”, manifestó Sarabia. Luego afirmó de manera directa: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”. Aunque esa respuesta equivale a sostener su inocencia frente a la acusación, la expresión jurídica precisa es que no aceptó los cargos. Por tanto, Sarabia conserva la presunción de inocencia y la Fiscalía deberá demostrar su teoría del caso durante las siguientes etapas del proceso penal.
Laura Sarabia no aceptó tres cargos: ¿qué sostiene la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las evidencias indicarían que Sarabia intervino en el procedimiento aplicado a Marelbys Meza. El objetivo habría sido conocer el paradero de un dinero desaparecido de la residencia de la entonces funcionaria. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando Meza trabajaba como empleada doméstica de Sarabia. Según la imputación, integrantes del esquema de seguridad presidencial la trasladaron a dependencias del Dapre, ubicadas en el edificio Galán. Allí le practicaron la prueba de polígrafo.
Para el ente acusador, el protocolo de poligrafía tenía fines institucionales específicos. Por ejemplo, podía emplearse para evaluar al personal vinculado con la seguridad del presidente. Sin embargo, no debía utilizarse para investigar a una trabajadora particular por la pérdida de dinero en una vivienda. La Fiscalía considera que disponer de funcionarios, vehículos, instalaciones y otros recursos oficiales para atender un asunto privado habría desbordado las competencias de Sarabia. Además, esa actuación representaría un posible abuso del poder y del cargo que ejercía como jefe de Gabinete.
Peculado por uso, el tercer delito incluido en la imputación
El principal cambio frente a la información conocida antes de la audiencia fue la incorporación del peculado por uso. Inicialmente se había informado que la Fiscalía imputaría abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Sin embargo, el ente acusador agregó una tercera conducta. La Fiscalía atribuyó el peculado por uso a Sarabia en calidad de determinadora y bajo la modalidad dolosa. Su tesis señala que la exfuncionaria habría promovido el uso de bienes y recursos públicos para resolver la desaparición de dinero de su apartamento.
El abogado Mario Iguarán, defensor de Sarabia, cuestionó la incorporación de ese delito. Además, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la imputación hubiera sido ampliada porque la procesada no aceptó un preacuerdo propuesto previamente por la Fiscalía. “Hay que ser objetivos. Ojalá que, como no hemos accedido a lo relacionado con la aceptación de cargos y al preacuerdo, esto no se trate de una inflada de cargos”, afirmó Iguarán durante la diligencia.
Fiscalía habla de presión sobre Marelbys Meza
En cuanto al constreñimiento ilegal agravado, la Fiscalía señaló que existía una relación desigual entre Sarabia y Marelbys Meza. La exfuncionaria no solo ocupaba una posición de poder dentro del Gobierno, sino que también era la empleadora de la mujer. Según la imputación, Meza dependía económicamente de ese trabajo y temía perder su fuente de ingresos. Asimismo, habría sentido temor ante la posibilidad de ser detenida. Para la Fiscalía, esas circunstancias influyeron en su decisión de someterse al polígrafo.
El ente acusador también afirmó que Sarabia confrontó a Meza para preguntarle por el dinero. La trabajadora negó haber cometido el hurto y, de acuerdo con el relato presentado durante la audiencia, le manifestó que conocía y temía el poder que tenía dentro del Gobierno. No obstante, estas afirmaciones corresponden a la teoría de la Fiscalía y todavía deberán ser debatidas ante la justicia. La imputación comunica formalmente los hechos investigados, pero no constituye una condena contra la exfuncionaria.
Dapre fue reconocido como víctima en el proceso
Durante la primera parte de la audiencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia pidió reconocer al Dapre como víctima. Posteriormente, la jueza aceptó la solicitud presentada en nombre de la entidad, ahora bajo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La decisión permite que el Dapre intervenga como víctima dentro de la actuación relacionada con el uso presuntamente irregular de sus recursos. La jueza también reconoció a Marelbys Meza bajo esa condición. En cambio, rechazó las solicitudes formuladas en favor de Fabiola Perea y de la fiscal Marbel Alcira Morales.
El reconocimiento del Dapre refuerza el giro institucional del caso. La entidad que Sarabia dirigió durante el gobierno de Gustavo Petro ahora comparece como posible afectada por las actuaciones atribuidas a la antigua funcionaria. Este hecho actualiza la información publicada previamente por Noticias del Cesar sobre la petición de la Presidencia para ser reconocida como víctima. En ese momento, la solicitud apenas había sido presentada y todavía esperaba una decisión de la jueza.
¿Qué sigue en el proceso contra Laura Sarabia?
Como Laura Sarabia no aceptó los tres cargos, el proceso deberá continuar. La Fiscalía podrá presentar un escrito de acusación para llevar el expediente ante un juez de conocimiento. Después comenzarán las etapas de descubrimiento y debate de las pruebas. La defensa, por su parte, podrá controvertir los testimonios, documentos y demás elementos utilizados en la imputación. Entre los testigos del caso aparece el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien obtuvo un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con la justicia.
Así, el expediente entra en una nueva fase después de más de tres años de investigaciones. Sarabia seguirá vinculada al proceso, aunque permanecerá amparada por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial ejecutoriada.
