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El representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, radicó en el Congreso la denominada “Ley Miguel”, una iniciativa que busca endurecer el tratamiento penal para los adolescentes de 14 a 17 años que participen en homicidios, sicariatos y otros delitos de extrema gravedad.
El proyecto propone que la justicia ordinaria procese a estos jóvenes bajo condiciones similares a las aplicadas a los adultos. Sus promotores argumentan que las organizaciones criminales aprovechan las sanciones actuales para reclutar menores y utilizarlos como autores materiales de asesinatos y otras conductas violentas.
¿Qué propone la Ley Miguel?
La iniciativa plantea modificar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los casos de mayor impacto. De aprobarse, los jueces podrían aplicar un tratamiento más severo a los jóvenes involucrados en delitos que afecten gravemente la vida, la integridad o la seguridad de las personas.
Arizabaleta sostiene que el régimen vigente no responde de manera proporcional a hechos como el sicariato. También considera que las bandas criminales conocen las diferencias entre la justicia juvenil y la ordinaria, por lo que recurren a adolescentes para reducir las consecuencias penales de sus acciones.
El Congreso deberá definir con precisión los delitos que quedarían incluidos. Aunque la propuesta menciona principalmente el homicidio y el sicariato, los legisladores podrán modificar el listado durante los debates en Cámara y Senado.
El caso que dio origen a la propuesta
El proyecto lleva el nombre de Miguel Uribe Turbay y surge después del atentado que causó su muerte. Un adolescente de 15 años disparó contra el dirigente político durante un acto público en Bogotá, hecho que reactivó el debate sobre las sanciones impuestas a los menores responsables de delitos graves.
La justicia procesó al joven mediante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y le impuso siete años de privación de la libertad en un centro especializado. La representación de las víctimas cuestionó la sanción porque la consideró insuficiente frente a la gravedad del crimen.
Para los autores del proyecto, este caso demuestra que las estructuras criminales pueden instrumentalizar a menores de edad. Por esa razón, la Ley Miguel también pretende enviar un mensaje a quienes reclutan, financian y utilizan adolescentes para ejecutar homicidios.
Así funciona actualmente la justicia juvenil
La legislación colombiana no atribuye responsabilidad penal a los menores de 14 años. En cambio, los adolescentes entre 14 y 17 años sí responden por los delitos que cometen, aunque jueces especializados tramitan sus casos dentro de un sistema con enfoque educativo, restaurativo y de reintegración social.
Actualmente, un juez puede imponer entre dos y ocho años de privación de la libertad a un adolescente responsable de homicidio doloso, secuestro, extorsión o delitos sexuales agravados. El joven cumple la sanción en un centro de atención especializada y no en una cárcel para adultos.
Para otras conductas cuya pena mínima alcance o supere los seis años, los adolescentes de 16 y 17 años pueden recibir sanciones de uno a cinco años. Los jueces también cuentan con alternativas como amonestaciones, libertad vigilada, servicios comunitarios y permanencia en espacios semicerrados.
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Las bandas criminales reclutan adolescentes
Los promotores de la Ley Miguel advierten que las organizaciones delincuenciales recurren a menores porque esperan sanciones más bajas. Según esta postura, el tratamiento diferenciado termina convirtiéndose en un incentivo para que las redes de sicariato vinculen a jóvenes como ejecutores.
Sin embargo, la discusión también apunta hacia los adultos que ordenan, financian y organizan los delitos. La legislación colombiana ya castiga la utilización de menores en actividades criminales, aunque las autoridades enfrentan dificultades para identificar y judicializar a los determinadores.
Los defensores del proyecto consideran que el Estado debe actuar en ambos frentes. Por un lado, tendría que perseguir con mayor eficacia a quienes reclutan adolescentes. Por otro, debería imponer consecuencias más fuertes cuando un joven comprenda la gravedad del hecho y participe directamente en un homicidio.
Expertos advierten riesgos jurídicos
Quienes cuestionan la propuesta sostienen que Colombia debe conservar una justicia especializada para todas las personas menores de 18 años. También señalan que el desarrollo psicológico y emocional de los adolescentes exige un tratamiento diferente al que reciben los adultos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya expresó reparos frente a proyectos similares. La entidad ha advertido que imponer penas ordinarias puede reducir las oportunidades de resocialización, aumentar la reincidencia y desconocer los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
La Convención sobre los Derechos del Niño recomienda que los Estados mantengan sistemas de justicia juvenil separados. Bajo ese enfoque, la gravedad del delito no elimina la obligación de proteger los derechos del adolescente ni de ofrecerle posibilidades reales de reintegración.
La Corte Constitucional podría revisar la ley
La Ley Miguel podría enfrentar demandas ante la Corte Constitucional si completa su trámite legislativo. Los magistrados tendrían que establecer si el juzgamiento de adolescentes como adultos respeta la protección especial que la Constitución reconoce a los menores de edad.
El debate jurídico no gira alrededor de la responsabilidad penal, pues Colombia ya permite sancionar a los jóvenes desde los 14 años. La discusión consiste en determinar si los jueces deben aplicarles procedimientos, antecedentes y penas diseñados para personas adultas.
Los promotores defenderán la proporcionalidad de las sanciones y los derechos de las víctimas. Sus opositores insistirán en que el Estado no puede desconocer la edad, el desarrollo mental ni la capacidad de rehabilitación del adolescente.
El proyecto apenas inicia su recorrido
El Congreso deberá asignar la iniciativa a una comisión constitucional, nombrar ponentes y realizar cuatro debates entre la Cámara de Representantes y el Senado. Durante ese proceso, los legisladores podrán cambiar las edades, los delitos, las sanciones y las condiciones de reclusión.
El trámite también incluirá las opiniones del Ministerio de Justicia, el ICBF, expertos penalistas, organizaciones defensoras de la infancia y representantes de las víctimas. Estos conceptos tendrán un papel importante en la discusión sobre la constitucionalidad y la conveniencia de la propuesta.
La Ley Miguel plantea uno de los debates más complejos para la justicia colombiana: cómo responder con firmeza a los crímenes cometidos por adolescentes sin desconocer que las organizaciones criminales también pueden reclutarlos, manipularlos y utilizarlos.
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