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Una primicia de NTN24 señala a cabecillas de la Segunda Marquetalia y describe una presunta ruta de financiación desde zonas fronterizas. Las revelaciones de María Claudia Tarazona sobre el posible origen de la orden criminal llevaron al presidente del Congreso a pedir una investigación prioritaria.
Magnicidio de Miguel Uribe: $5.000 millones y la pista del CongresoEl magnicidio de Miguel Uribe Turbay vuelve a colocar a la justicia colombiana frente a dos preguntas decisivas: ¿quién financió el asesinato del senador y precandidato presidencial y quién dio realmente la orden de ejecutarlo? Una investigación periodística divulgada este viernes 16 de octubre por el programa La Noche, de NTN24, señala que se habrían destinado 5.000 millones de pesos a la operación criminal, mientras declaraciones recientes de María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, apuntan hacia una posible conexión con el Congreso de la República.
Ambas informaciones coinciden en un elemento inquietante: Venezuela aparece como posible origen de los recursos para financiar el crimen. Sin embargo, las fuentes plantean versiones que todavía deben ser contrastadas y que no permiten establecer, por ahora, una cadena definitiva de responsabilidades. La Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos información que podría resultar determinante para esclarecer quiénes planearon, financiaron y ordenaron el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, que finalmente causó la muerte de Uribe Turbay el 11 de agosto de ese mismo año.
Los 5.000 millones y la ruta que revela NTN24
La nueva información fue presentada como primicia por La Noche, de NTN24, a partir de un documento que, según el medio internacional, una fuente entregó directamente a los fiscales encargados del caso. El testimonio recogido en ese material sostiene que integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc, habrían intervenido en la preparación y financiación del asesinato. Según esa versión, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, habría ordenado y financiado el crimen desde territorio venezolano. El documento también identifica a Géner García Molina, alias Jhon 40, como presunto cerebro y principal financiador de la operación. De acuerdo con la información revelada, desde campamentos vinculados a este cabecilla, situados en Carurú, Vaupés, y en una zona fronteriza de Brasil, habrían salido los recursos para concretar el atentado.
La presunta operación financiera habría incluido varias entregas a través de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien aparece mencionado como intermediario. El documento señala, además, encuentros de coordinación en Venezuela y contactos entre Villavicencio y Carurú. Entre las personas mencionadas figuran alias Zarco Aldinever, Walter Mendoza, Enrique Marulanda y otros integrantes de estructuras armadas. La cifra de 5.000 millones de pesos constituye uno de los elementos más relevantes de la revelación, pero también uno de los que requieren mayores verificaciones: establecer la existencia efectiva del dinero, su procedencia, los intermediarios y los destinatarios. Por ahora, se trata de afirmaciones contenidas en un testimonio conocido por NTN24, no de conclusiones judiciales definitivas.
María Claudia Tarazona: la orden habría salido del Congreso
La información conocida por NTN24 adquiere especial relevancia frente a las declaraciones que María Claudia Tarazona entregó el miércoles 14 de octubre a Noticias Caracol. La viuda del senador relató que recibió mensajes de WhatsApp con información sobre el posible origen del atentado. Uno de ellos señalaba que el dinero habría provenido de Venezuela y que la orden de asesinar a su esposo habría surgido del Congreso de la República. Tarazona también mencionó una posible participación de personas relacionadas con el partido Comunes, surgido del proceso de paz con las antiguas Farc.
Sus afirmaciones, sin embargo, deben distinguirse de una acusación judicial formal: la propia viuda ha insistido en la necesidad de que las autoridades comprueben la autenticidad y veracidad de los mensajes recibidos. Esta distinción resulta fundamental. Que una comunicación mencione al Congreso no demuestra que la institución, alguno de sus miembros o un partido político haya participado en la planificación del asesinato. Lo que sí constituye un hecho verificable es que Tarazona puso esa información en conocimiento de los investigadores y reclamó avances para identificar a los determinadores del crimen.
El Congreso reacciona y exige respuestas
Las declaraciones de María Claudia Tarazona provocaron una reacción inmediata del presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien el 14 de octubre dirigió una comunicación a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Henríquez solicitó una investigación rigurosa, prioritaria y exhaustiva para establecer la veracidad de los señalamientos y determinar si existió participación de alguna persona vinculada al Legislativo.
El presidente del Congreso ofreció colaboración institucional y destacó la necesidad de esclarecer las responsabilidades penales. La controversia también provocó una reacción del partido Comunes, cuya dirección rechazó que se vincule indiscriminadamente a los firmantes del acuerdo de paz con hechos criminales. El asunto plantea un desafío institucional: investigar cualquier posible responsabilidad individual sin convertir las sospechas sobre personas determinadas en una acusación general contra el Congreso o contra quienes participaron en el proceso de paz.
¿Dos versiones contradictorias o piezas de una misma investigación?
El aspecto más delicado de las revelaciones consiste en determinar si describen una sola estructura criminal o hipótesis independientes. El documento divulgado por NTN24 atribuye a Iván Márquez una presunta intervención directa en la decisión y financiación del magnicidio. Por su parte, los mensajes conocidos por María Claudia Tarazona señalan que la orden habría salido del Congreso y que los recursos provenían de Venezuela. Una posibilidad investigativa sería establecer si existió una relación entre presuntos determinadores externos, intermediarios y ejecutores. Pero esa relación no puede darse por demostrada únicamente porque ambas versiones mencionen a Venezuela.
También debe aclararse si los distintos testimonios proceden de fuentes independientes o si existe información compartida entre ellos. La coincidencia geográfica resulta relevante, pero no constituye por sí misma una prueba de coordinación criminal. En esta etapa, la investigación debe diferenciar al menos cuatro responsabilidades: quién decidió cometer el asesinato, quién aportó los recursos, quién coordinó la operación y quién ejecutó materialmente el ataque.
¿Qué ha confirmado la Fiscalía?
La Fiscalía General de la Nación confirmó a la revista CAMBIO, el jueves 15 de octubre, que ordenó múltiples actividades de policía judicial para comprobar el origen y la veracidad de los datos suministrados por María Claudia Tarazona. La entidad mantiene bajo reserva los aspectos correspondientes a la investigación. En la información divulgada este viernes por NTN24, Tarazona señaló que esperaba nuevas actuaciones de los investigadores relacionadas con el documento y otros mensajes entregados a las autoridades.
La viuda también expresó su preocupación porque, a su juicio, las investigaciones dirigidas a identificar a los responsables intelectuales no han avanzado con la misma rapidez que las primeras actuaciones posteriores al atentado. Hasta el momento, la información pública examinada no permite afirmar que los 5.000 millones de pesos hayan sido efectivamente pagados ni que se haya comprobado una orden criminal procedente del Congreso. Tampoco permite concluir que todos los cabecillas mencionados en el documento hayan participado en la operación.
El interrogante que sigue abierto
El magnicidio de Miguel Uribe dejó de ser únicamente la investigación de un atentado ejecutado por un sicario. Su esclarecimiento exige reconstruir la estructura que lo hizo posible y determinar si existieron financiadores, intermediarios y autores intelectuales que aún no han sido identificados judicialmente. La revelación de NTN24 aporta nombres, lugares, una cifra millonaria y una presunta ruta de circulación del dinero. Las declaraciones de Tarazona introducen otra dimensión: la posibilidad, todavía sin demostrar, de que personas relacionadas con el escenario político colombiano hubieran intervenido en la decisión criminal.
Entre ambas informaciones queda una pregunta que corresponde resolver a la justicia: ¿el asesinato fue una operación decidida dentro de una organización armada o hubo otros intereses que recurrieron a esa estructura para ejecutarlo? Responderla exige pruebas independientes, rastreo financiero, testimonios corroborados y decisiones judiciales sustentadas en evidencias. Mientras esas respuestas llegan, los nombres mencionados permanecen sujetos a verificación y debe respetarse la presunción de inocencia de cualquier persona señalada que no haya sido condenada por estos hechos. El país conoce una nueva versión sobre cómo pudo haberse financiado el crimen. Lo que todavía necesita conocer, con certeza judicial, es quién decidió acabar con la vida de Miguel Uribe Turbay.
