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La denuncia de María Corina Machado revela las tensiones de una transición venezolana en la que Washington negocia reformas políticas y acuerdos petroleros con antiguos dirigentes del chavismo, mientras todavía no existe una fecha definida para nuevas elecciones presidenciales.
La exclusión de María Corina Machado de las negociaciones en Venezuela abrió un nuevo capítulo en la compleja relación entre la oposición venezolana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La dirigente denunció que Washington no la incluyó en las conversaciones que se desarrollan en Caracas entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y un sector opositor. Sin embargo, detrás de esa declaración hay una historia más profunda. Estados Unidos impulsa acuerdos políticos, reformas judiciales y negocios petroleros con representantes del antiguo gobierno de Nicolás Maduro. Entretanto, persisten las dudas sobre quién representa a los venezolanos y cuáles serán las garantías de una transición democrática.
La controversia surgió tras una entrevista concedida por Machado a The New York Times, publicada el jueves 15 de octubre. Aunque reconoció la importancia de la operación estadounidense que permitió capturar a Maduro el pasado 3 de enero, cuestionó decisiones posteriores de la administración Trump. La paradoja política es evidente: Maduro fue capturado por Estados Unidos, pero antiguos dirigentes de su gobierno continúan ocupando posiciones decisivas en la conducción y negociación del futuro venezolano.
María Corina Machado y Trump: una relación bajo tensión
La dirigente opositora aseguró que no fue incorporada a las negociaciones promovidas por Washington. Las conversaciones involucran al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y a representantes de otra corriente opositora, vinculados con la Asamblea Nacional elegida en 2015. No obstante, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una versión diferente. Según informó la agencia EFE, Washington aseguró que Vente Venezuela, el partido de Machado, había recibido una invitación para participar en el proceso. Ambas afirmaciones plantean preguntas que todavía requieren aclaración. ¿Fue invitada la organización, pero no su principal dirigente? ¿Qué condiciones se establecieron para participar? ¿Qué capacidad tendría su representación para intervenir en las decisiones?
La existencia de una invitación no demuestra, por sí sola, una participación efectiva. Tampoco permite concluir que Washington hubiera cerrado definitivamente las puertas al movimiento de Machado. La líder venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, también reiteró su intención de regresar a su país. Según informaciones divulgadas sobre la entrevista, ha intentado hacerlo en siete ocasiones sin conseguirlo. Pese a estas diferencias, Machado no anunció una ruptura con Estados Unidos. Por el contrario, mantiene su expectativa de que Washington impulse una transición democrática. Esta distinción resulta fundamental: una crítica a la estrategia de Trump no equivale necesariamente al abandono de una alianza política.
Delcy Rodríguez gobierna y Washington negocia con el chavismo
La captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, transformó las relaciones entre Washington y Caracas. Sin embargo, el operativo militar no significó la desaparición del aparato político que gobernaba Venezuela. Delcy Rodríguez asumió la conducción del Ejecutivo y su hermano, Jorge Rodríguez, continúa desempeñando un papel central en las conversaciones políticas. De hecho, el Gobierno de Trump retiró sanciones contra Jorge Rodríguez el 14 de octubre, pocos días después del comienzo de una nueva etapa de negociaciones.
La decisión tiene una importancia política considerable. Washington flexibiliza restricciones contra uno de los principales dirigentes del chavismo mientras busca acuerdos sobre el sistema electoral y las instituciones venezolanas. Desde una perspectiva diplomática, negociar con quienes conservan el control de las instituciones puede facilitar reformas y evitar enfrentamientos. Sin embargo, también existe una preocupación legítima: que las concesiones políticas y económicas avancen más rápidamente que las garantías para celebrar elecciones libres. La cuestión principal no es solamente quién está sentado en la mesa, sino qué compromisos concretos está asumiendo cada participante.
El petróleo: el otro motivo de las diferencias
Las críticas de María Corina Machado no se limitaron a su exclusión política. También apuntaron al empresario venezolano Alejandro Betancourt, relacionado con los nuevos acuerdos energéticos entre Estados Unidos y Venezuela. Betancourt participa en un esquema petrolero respaldado por Washington que comprende operaciones vinculadas con campos que representan alrededor de una quinta parte de las reservas venezolanas, según los reportes sobre el acuerdo. Machado lo cuestionó por presuntas prácticas de corrupción relacionadas con el sector eléctrico y sostuvo que no sería un socio aceptable para un eventual Gobierno encabezado por ella.
Conviene señalar que sus acusaciones no constituyen una sentencia judicial contra el empresario. No obstante, sus antecedentes han sido investigados por medios internacionales. El 27 de agosto, The Washington Post publicó una investigación según la cual altos funcionarios estadounidenses intervinieron ante autoridades suizas en relación con una investigación penal contra Betancourt. De acuerdo con ese trabajo periodístico, funcionarios estadounidenses buscaron una solución que evitara cargos penales y restricciones de viaje contra el empresario. La información fue atribuida a personas conocedoras de las gestiones.
El periódico también aclaró que Betancourt no había sido acusado formalmente en Estados Unidos, Suiza, España o Venezuela al momento de su investigación. Sus abogados han negado cualquier actuación ilícita. Este antecedente agrega una dimensión delicada al debate sobre la transición venezolana: la necesidad de establecer mecanismos transparentes para adjudicar contratos, administrar los recursos petroleros y verificar los antecedentes de los nuevos socios empresariales. Por su parte, Machado aseguró que respetaría los contratos energéticos que cumplieran la legislación venezolana. Esa posición introduce otro matiz importante. La dirigente no está planteando desconocer automáticamente los acuerdos impulsados por Trump, sino someterlos a condiciones de legalidad.
Sin fecha electoral y con una reforma judicial en marcha
Mientras continúan las negociaciones, Venezuela todavía no cuenta con una fecha definida para celebrar nuevas elecciones presidenciales. Los acuerdos en discusión incluyen cambios en el Consejo Nacional Electoral, la recuperación de derechos políticos y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El proceso contempla, además, la posibilidad de revisar las restricciones que han impedido a determinados dirigentes opositores presentarse a elecciones, sin embargo, la reforma judicial enfrenta cuestionamientos.
Una investigación de El País, publicada el 14 de octubre, señaló que la renovación del Tribunal Supremo avanza con dudas sobre los procedimientos de selección, los criterios de evaluación y la participación de la sociedad civil. El objetivo anunciado es contar con una nueva integración del tribunal antes de finalizar el año. Aun así, diferentes especialistas consideran indispensable que el procedimiento ofrezca garantías de independencia. A esa discusión se sumó una novedad conocida este viernes 16 de octubre.
El Tribunal Supremo venezolano retiró a cuatro tribunales de Caracas determinadas competencias especiales en materia de terrorismo y dispuso que los procesos correspondientes pasen a la jurisdicción ordinaria, según informó El País. La medida afecta una estructura judicial cuestionada por abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos debido a su utilización en causas contra disidentes. Sin embargo, el traslado de los expedientes no significa necesariamente la anulación de las acusaciones o sentencias anteriores. Por ello, una reforma institucional deberá medirse tanto por los anuncios oficiales como por sus consecuencias concretas sobre los derechos de los ciudadanos.
Una oposición dividida ante la transición
La controversia también pone de manifiesto las diferencias internas de la oposición venezolana. Mientras María Corina Machado reclama su participación en el proceso, otros sectores opositores consideran necesario negociar directamente con el Gobierno de Delcy Rodríguez. Entre los actores del diálogo figuran representantes de la oposición vinculados con la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera. La diferencia no se reduce a respaldar o rechazar las conversaciones. También involucra la representación política, las condiciones para participar y los mecanismos que permitirían garantizar una competencia electoral abierta.
Machado ganó las primarias opositoras de 2023 y, tras quedar impedida para competir en las presidenciales de 2024, respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia. Ese antecedente explica por qué su ausencia genera interrogantes sobre la representación del sector opositor que encabezó aquella campaña. No obstante, ningún dirigente puede atribuirse automáticamente la representación de toda la sociedad venezolana. Un proceso democrático requiere mecanismos de participación y reglas aceptadas por los actores políticos. En consecuencia, el desafío de la negociación consiste en ampliar las garantías sin reducir el pluralismo político.
¿Democracia primero o acuerdos económicos primero?
La estrategia estadounidense parece desarrollarse por varias vías simultáneas: negociación política, recuperación económica, flexibilización de sanciones y reforma institucional. Para sus defensores, ese enfoque podría crear condiciones de estabilidad y facilitar una apertura democrática gradual. Sus críticos, en cambio, advierten que los beneficios económicos y diplomáticos podrían fortalecer a las autoridades actuales sin exigirles transformaciones políticas suficientes.
Por ahora, las decisiones sobre el petróleo y las sanciones tienen resultados concretos. Las garantías electorales, aunque forman parte de las conversaciones, todavía necesitan convertirse en normas, procedimientos y compromisos verificables. De ahí surge una pregunta central: ¿la recuperación económica está acompañando la transición democrática o está avanzando por delante de ella? La respuesta dependerá de los acuerdos que se adopten, de la independencia de las instituciones y de la posibilidad real de participación de todos los sectores políticos.
¿Qué puede suceder con María Corina Machado?
Existen diferentes caminos posibles, aunque ninguno puede darse por seguro. Uno sería la incorporación directa de Machado o de delegados de su movimiento a las negociaciones. Para ello sería necesario aclarar el alcance de la invitación que, según Washington, recibió Vente Venezuela. Otro escenario consistiría en mantener la actual representación opositora y continuar las reformas institucionales sin participación directa de la dirigente.
También podrían surgir nuevos acuerdos entre organizaciones opositoras sobre la representación en la mesa y las garantías que deberían exigir conjuntamente. Finalmente, el Gobierno estadounidense podría continuar impulsando decisiones económicas mientras se desarrollan las discusiones electorales. Cada una de estas alternativas tendría consecuencias distintas sobre la transparencia del proceso, la confianza ciudadana y la legitimidad de los futuros acuerdos.
La democracia venezolana sigue siendo el asunto pendiente
La declaración de María Corina Machado revela una tensión que trasciende sus diferencias con Donald Trump. El verdadero debate consiste en establecer cómo se construirá un sistema democrático después de la captura de Nicolás Maduro y cuál será el papel de quienes conservan actualmente el control de las instituciones. Washington negocia con dirigentes del chavismo, impulsa acuerdos petroleros y respalda reformas judiciales. Entretanto, Machado denuncia que permanece excluida de las conversaciones y reclama condiciones que permitan el regreso de la democracia.
La discusión no puede resolverse únicamente con el retiro de sanciones, la firma de contratos o la renovación de funcionarios. Una transición democrática verificable exige elecciones competitivas, instituciones independientes, participación política efectiva y garantías para los derechos humanos. En definitiva, la pregunta más importante no es si María Corina Machado recuperará un asiento en la mesa de negociación. Es si los acuerdos que hoy se discuten permitirán que sean los venezolanos, mediante el voto y con plenas garantías, quienes decidan finalmente su futuro político.
