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La megacárcel Renacer, construida en Sabanas de San Ángel, Magdalena, volvió al centro de la agenda nacional luego de que el Gobierno anunciara gestiones para culminarla y vincular sus cerca de 2.000 cupos a la estrategia penitenciaria y de seguridad que adelanta el país. Sin embargo, detrás de las imágenes de pabellones, celdas y zonas internas casi terminadas existe una historia de retrasos, dificultades presupuestales y aumentos en el valor del proyecto.
El establecimiento, identificado oficialmente como ERON Sabanas de San Ángel, contará con 1.974 cupos para personas privadas de la libertad. El Heraldo informó este 29 de septiembre que la obra se encontraría alrededor del 88 % de ejecución, mientras que la Gobernación del Magdalena había reportado recientemente un avance físico del 86 % con corte a julio de 2026. La diferencia corresponde a distintos momentos de medición del proyecto.
Gobierno busca acelerar su entrada en funcionamiento
Funcionarios del Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —USPEC—, el Inpec y autoridades del Magdalena realizaron recientemente una inspección al complejo para establecer qué trabajos permanecen pendientes y definir la ruta hacia su apertura. La Gobernación del Magdalena informó el 28 de septiembre que el Gobierno nacional definió recursos para avanzar en la culminación del establecimiento, luego de que el tema fuera planteado durante un Consejo de Seguridad Presidencial realizado en Santa Marta. Las autoridades también inspeccionaron las 22 hectáreas que conforman el complejo.
Según El Heraldo, la intención es que el establecimiento pueda comenzar a operar durante el último trimestre de 2026. El complejo tendría alrededor de 60.000 metros cuadrados construidos y sus celdas y pabellones están proyectados para los 1.974 internos, pero el proyecto no comenzó durante el actual Gobierno. Documentos de la Corte Constitucional señalan que el contrato de obra del ERON Sabanas de San Ángel es el 304 de 2019 y que posteriormente el proyecto fue declarado de importancia estratégica nacional mediante el Conpes 4082 de 2022. La Corte lo considera una de las obras penitenciarias de mayor impacto debido a que por sí sola representa 1.974 de los nuevos cupos proyectados dentro de esa política de infraestructura.
De $183.630 millones a $289.401 millones
La historia financiera de la megacárcel también resulta significativa. En el Auto 756 de junio de 2026, la Corte Constitucional consignó que, de acuerdo con información suministrada por la propia USPEC, el valor contractual pasó de $183.630 millones a $289.401 millones mediante tres adiciones sucesivas. Eso representa un incremento del 57,6 % sobre el valor inicial del contrato. La providencia señaló además que para completar la dotación e integración operativa del penal se habían estimado otros $43.000 millones.
La Contraloría había identificado problemas de planeación, incumplimientos de cronogramas, dificultades de supervisión y diferencias entre el avance financiero y el avance físico de las obras. La Corte también registró que el proyecto acumuló suspensiones y retrasos respecto de las fechas originalmente previstas para su entrada en funcionamiento. En 2024, cuando la obra presentaba un avance considerablemente menor, la Procuraduría ya había advertido sobre las demoras en Sabanas de San Ángel y otros proyectos penitenciarios del Caribe.
No son solamente celdas
La infraestructura proyectada comprende siete pabellones de reclusión, además de aulas y talleres para actividades educativas y laborales, áreas de sanidad, sistemas para tratamiento de agua potable y aguas residuales, zonas de alimentación y espacios destinados al personal de custodia. La Corte Constitucional ha insistido en que la creación de nuevos cupos no puede reducirse a construir espacios para confinar internos. La infraestructura debe permitir condiciones de salud, educación, trabajo, saneamiento y resocialización compatibles con los derechos de la población privada de la libertad.
Todavía existen aspectos externos por resolver. Entre ellos aparece la vía de acceso al establecimiento, especialmente el corredor que comunica el desvío de la Ruta del Sol con Estación Villa. La Gobernación señaló que inició estudios para establecer las obras requeridas y definir responsabilidades entre las entidades nacionales, departamentales y municipales.
Una pieza para descongestionar las cárceles del Caribe
La eventual entrada en funcionamiento de Renacer se suma a la terminación del nuevo establecimiento penitenciario de Riohacha, proyectado para 1.722 cupos. La puesta en servicio de ambos complejos aumentaría la capacidad penitenciaria del Caribe en cerca de 3.700 cupos, aunque la distribución definitiva de los internos dependerá de los planes de traslado que adopte el Inpec. Precisamente la Corte ordenó preparar anticipadamente ese plan para evitar que la infraestructura permanezca desocupada después de ser entregada, mientras otros centros continúan enfrentando problemas de hacinamiento.
Así, las imágenes conocidas esta semana muestran una cárcel cercana a su terminación, pero también el capítulo final —si los nuevos cronogramas se cumplen— de un proyecto que ha atravesado varios gobiernos, retrasos presupuestales, suspensiones y un fuerte aumento de su costo antes de recibir a sus primeros internos.
