La situación de orden público en el sur del Cesar volvió a generar alarma tras la advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en esta zona del país, donde el recrudecimiento de la confrontación armada los está dejando cada vez más expuestos a graves vulneraciones de sus derechos.
A través de la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, la entidad puso el foco sobre municipios como Río de Oro y González, en el Cesar, así como Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, territorios donde se ha evidenciado una mayor presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, disidencias del Frente 33 y la estructura conocida como ‘Pelusos’.
Según la Defensoría, este escenario ha derivado en una crisis humanitaria que se viene profundizando desde comienzos de 2025, con impactos directos sobre la población civil. Entre las amenazas más graves aparece el reclutamiento forzado de menores de edad, una práctica que estaría afectando a niños y adolescentes desde los 12 años.
La alerta indica que los menores no solo estarían siendo apartados de sus familias para engrosar las filas de los grupos armados, sino que también podrían estar siendo instrumentalizados en zonas rurales e incluso en entornos escolares, lo que agrava la preocupación por la seguridad de esta población y por el deterioro del tejido social en las comunidades afectadas.
El pronunciamiento de la Defensoría pone de relieve que la violencia en esta región ya no solo se mide por los enfrentamientos entre estructuras armadas, sino también por el impacto que deja sobre la infancia, convertida en uno de los sectores más frágiles frente a las dinámicas del conflicto.
En ese contexto, la advertencia busca llamar la atención de las autoridades para que se adopten medidas urgentes de prevención, protección y respuesta institucional, con el fin de evitar que más menores terminen atrapados por una guerra que sigue expandiendo sus efectos sobre el territorio.
