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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó este lunes 28 de septiembre las primeras medidas restaurativas que se desarrollan en Colombia con participación de exjefes de las FARC-EP y antiguos miembros del Ejército que reconocieron responsabilidad por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Türk calificó estas acciones como «un logro mundial para la justicia transicional» y puso como ejemplo el trabajo que antiguos adversarios realizan actualmente en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, para contribuir a la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas.
Ex-FARC y antiguos militares trabajan en el mismo cementerio
El escenario señalado por Naciones Unidas tiene una particularidad: allí trabajan conjuntamente exjefes de las FARC-EP y máximos responsables que pertenecieron al Ejército, todos sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz y que previamente reconocieron responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Su labor consiste en apoyar la localización e identificación de personas desaparecidas cuyos restos podrían encontrarse en el cementerio de San Antonio de Padua y facilitar posteriormente su entrega a las familias.
La actividad hace parte de las sanciones propias con contenido restaurativo previstas por el modelo de justicia transicional colombiano. A diferencia de una pena ordinaria de prisión, estas sanciones están dirigidas a comparecientes que reconocen verdad y responsabilidad y contemplan un componente de restricción efectiva de libertades junto con trabajos, obras o actividades orientados a reparar a las víctimas. La Corte Constitucional ha explicado que las sanciones propias pueden tener una duración de cinco a ocho años y combinan restricciones de libertad con actividades restaurativas. Para quienes no reconocen responsabilidad existen otras rutas dentro de la JEP que sí pueden conducir a penas privativas de la libertad.
«Una poderosa contribución a la verdad»
Para Türk, que personas pertenecientes en el pasado a organizaciones enfrentadas durante el conflicto ahora participen conjuntamente en estos trabajos constituye un elemento central del proceso. El Alto Comisionado afirmó que esa colaboración representa una contribución a la verdad, la reparación y la recuperación de las familias afectadas por la guerra.
El pronunciamiento llega además cuando Colombia está a pocas semanas de cumplir diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016. Según Türk, las medidas que comienzan a implementarse permiten avanzar en los derechos de las víctimas y en los objetivos de verdad, justicia y reparación planteados por el sistema transicional colombiano.
ONU pide recursos para la JEP y la Unidad de Búsqueda
El comunicado también contiene un llamado que va más allá del reconocimiento político. Türk pidió garantizar financiación suficiente para el Sistema Integral de Paz, particularmente para la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El funcionario sostuvo que estas instituciones necesitan recursos para cumplir plenamente sus mandatos y advirtió que las actividades restaurativas no pueden convertirse en esfuerzos aislados.
La Oficina de Naciones Unidas recordó además que ha acompañado técnicamente la creación y el desarrollo del Sistema Integral de Paz, con énfasis en mantener los derechos de las víctimas como eje de las actuaciones.
Una apuesta inédita dentro de la justicia transicional
El modelo que ahora destaca Naciones Unidas fue diseñado precisamente para que quienes hayan reconocido responsabilidad por los crímenes más graves puedan cumplir sanciones diferentes a las penas tradicionales de cárcel, pero sometidas a condiciones judiciales y obligaciones restaurativas. La propia normativa de la JEP establece que la justicia restaurativa debe buscar la participación de las víctimas y que las medidas reparadoras pueden construirse dentro de procesos dialógicos entre quienes sufrieron los hechos y quienes reconocieron responsabilidad.
El pronunciamiento de Türk convierte ahora esa experiencia colombiana en objeto de reconocimiento internacional: para el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las medidas que comienzan a ejecutarse constituyen una experiencia relevante no solamente para Colombia, sino para la justicia transicional a escala mundial.
