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El futuro de las pensiones puede convertirse en un problema especialmente sensible para territorios como el Cesar, donde una parte importante de la población trabaja por fuera de la formalidad. Juan David Correa, presidente de Protección, sostiene que Colombia necesita aumentar el ahorro pensional y advierte que la reforma que entraría en vigencia en 2027 no resuelve, a su juicio, los problemas de cobertura y sostenibilidad del sistema.
La preocupación encuentra un punto de contacto directo con la realidad laboral del departamento. El último informe anual disponible del DANE muestra que el Cesar cerró 2025 con una tasa de desempleo de 9,9 %, inferior al 11,3 % de 2024. La ocupación también mejoró, de 52,1 % a 53,1 %, mientras la participación laboral quedó en 58,9 %. Sin embargo, tener más personas trabajando no significa necesariamente que todas estén cotizando para su vejez.
La informalidad es el punto crítico para llegar a una pensión
Ahí aparece uno de los principales problemas planteados por Correa. El presidente de Protección calcula que, debido a la informalidad, solo alrededor de 35 de cada 100 trabajadores colombianos estarían ahorrando efectivamente dentro del sistema pensional. Para el ejecutivo, ampliar la cobertura debe ser uno de los ejes de cualquier reforma.
El panorama de Valledupar permite dimensionar ese desafío en el Cesar. Durante el trimestre mayo-julio de 2026, la capital departamental registró aproximadamente 204.000 ocupados, pero el 61,3 % trabajaba en la informalidad. Eso equivale a cerca de 125.000 trabajadores informales.
La informalidad no significa automáticamente que cada una de esas personas esté excluida del sistema pensional. Sin embargo, sí constituye una barrera importante para realizar aportes permanentes, especialmente entre trabajadores independientes, vendedores, pequeños comerciantes y personas con ingresos variables.
En las zonas rurales el problema puede ser todavía mayor
La situación cobra especial relevancia en un departamento con fuerte presencia de actividades agrícolas y rurales. Datos utilizados por el Departamento Nacional de Planeación muestran que en Colombia 57 % de las personas ocupadas no cotizaba a pensión y que en centros poblados y zonas rurales esa proporción llegaba al 85 %. Entre trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo, el porcentaje sin cotización alcanzaba 96,2 %.
Estas son cifras nacionales y no deben trasladarse directamente al Cesar. El último informe departamental del DANE no publica una tasa actualizada específica de cotización pensional para el departamento. No obstante, el peso que tienen la ruralidad, el trabajo independiente y la informalidad convierte la advertencia en un asunto relevante para municipios cesarenses.
El problema consiste en que una persona puede pasar buena parte de su vida trabajando y aun así llegar a la edad de retiro sin las semanas o el capital necesarios para acceder a una pensión.
Protección plantea que Colombia necesita ahorrar más
Correa considera que el sistema debería estar sustentado en tres principios: cobertura, equidad y sostenibilidad. Su principal tesis es que el envejecimiento de la población obliga a acumular más recursos durante la vida laboral.
Según el presidente de Protección, la esperanza de vida en Colombia ronda los 77 años y la tasa de natalidad se encuentra alrededor de 1,4 hijos por mujer. Para él, ese cambio demográfico debilita los sistemas que dependen principalmente de que las nuevas generaciones financien las pensiones de quienes ya se retiraron.
Correa incluso plantea que Colombia tendrá que discutir en algún momento temas políticamente difíciles, entre ellos la edad de jubilación, la base de cotización, la formalización laboral y el ahorro voluntario.
Su posición debe entenderse como la visión del presidente de una administradora privada de fondos de pensiones. La sostenibilidad y el diseño del sistema son asuntos en discusión y existen posiciones diferentes sobre cuánto peso deben tener el ahorro individual, el régimen público y los subsidios estatales.
“De cada $100, $70 son rendimientos”, dice Protección
Uno de los argumentos utilizados por Correa para defender el ahorro de largo plazo está en el rendimiento acumulado de los recursos.
Protección administra aproximadamente $230 billones correspondientes a unos 8,5 millones de clientes. Correa aseguró que, en el caso de sus pensionados, por cada $100 acumulados alrededor de $70 corresponden a rendimientos generados por las inversiones. También indicó que hasta julio de 2026 la compañía había abonado cerca de $13 billones en rendimientos a sus clientes durante el año.
A nivel del sistema, el ejecutivo señaló que cerca de 20 millones de colombianos han acumulado unos $570 billones en cuentas individuales.
La discusión tiene importancia para trabajadores jóvenes del Cesar porque el tiempo de cotización y la continuidad de los aportes pueden resultar determinantes para construir un ingreso en la vejez.
¿Qué cambia con la reforma pensional?
Correa explicó que, según el trámite actual de la reforma, su entrada en vigencia está prevista para el 1 de abril de 2027.
Uno de los puntos relevantes será determinar quién permanece en el régimen de transición. De acuerdo con las reglas señaladas por el presidente de Protección, los hombres que alcancen 900 semanas y las mujeres que lleguen a 750 semanas antes de esa fecha continuarían sometidos a las reglas actuales.
Quienes no cumplan esos requisitos entrarían en el nuevo esquema.
Por esa razón, trabajadores del Cesar que estén próximos a esas cantidades de semanas deberían revisar su historia laboral y verificar que sus aportes hayan sido correctamente registrados.
Correa cuestiona la sostenibilidad de la reforma
La postura más crítica del presidente de Protección está relacionada con el financiamiento futuro.
Correa considera que el sistema vigente ya enfrenta problemas y sostiene que la reforma no solucionaría la sostenibilidad fiscal. A su juicio, Colombia debería fortalecer un modelo basado en ahorro y concentrar los subsidios estatales en quienes realmente no alcancen una pensión mínima.
También plantea que los incentivos a la creación de empleo formal resultan esenciales. Cuantas más personas tengan relaciones laborales formales, explica, mayor será el número de trabajadores que realizan aportes permanentes a seguridad social.
Ese planteamiento aterriza directamente en Valledupar: con seis de cada diez ocupados en la informalidad, el gran reto no consiste únicamente en reducir el desempleo. También se necesita que los puestos creados permitan cotizar regularmente a salud y pensión.
El desafío del Cesar no es solo crear empleo
El Cesar consiguió mejorar sus indicadores laborales durante 2025. La desocupación cayó 1,4 puntos porcentuales y la tasa de ocupación aumentó un punto.
Sin embargo, la discusión pensional obliga a mirar más allá de esas cifras. La pregunta no es únicamente cuántas personas trabajan, sino cuántas pueden cotizar de manera continua durante décadas.
En un departamento donde conviven trabajadores urbanos informales, campesinos, independientes y hogares con ingresos variables, lograr esa continuidad es uno de los mayores desafíos.
Por eso, las advertencias del presidente de Protección adquieren una dimensión local. Más allá del debate entre fondos privados y Colpensiones, el problema para miles de cesarenses empieza mucho antes de escoger un régimen: tener un empleo formal y un ingreso suficiente que permita ahorrar regularmente para la vejez.
