Escribenos Aquí
Cuarta entrega de la serie: Municipios atrapados por una raya en el mapa
La vía Patillal-Carrizal continúa sin pavimentar por completo, mientras una discusión limítrofe separa al Cesar y La Guajira; sin embargo, la experiencia de Becerril y La Jagua de Ibirico muestra una posible salida: caminar el territorio, escuchar a las comunidades, levantar coordenadas y convertir los acuerdos en decisiones oficiales. El corredor pendiente comprende cerca de 8,5 kilómetros y permitiría conectar mejor a Patillal con Carrizal y La Junta. La carretera también reduciría tiempos de viaje entre Valledupar y varios pueblos del sur de La Guajira.
La primera entrega de esta serie mostró cómo la indefinición territorial ha servido para explicar la falta de inversión. Ahora surge una pregunta distinta: ¿debe esperar la carretera hasta que el Congreso resuelva el límite o pueden las administraciones actuar de manera conjunta?
Una solución que ya funcionó dentro del Cesar
La respuesta puede comenzar en Tucuy, Manantial y La Unión. Durante años, la cartografía ubicó sectores de esas veredas de Becerril dentro de La Jagua de Ibirico. Esa inconsistencia dificultó proyectos productivos, obras rurales y programas PDET. La solución no nació solamente de los escritorios. El ingeniero Cristian Vega Angarita recorrió el terreno, tomó coordenadas y comparó los cauces con los mapas. Víctor Julio Esteban Quirós aportó la memoria de los primeros colonos y ayudó a identificar fincas, cerros y caminos.
Las comunidades acompañaron los recorridos. Además, las alcaldías de Becerril y La Jagua participaron en las mesas con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. El proceso permitió alcanzar una solución técnica sobre la representación cartográfica.
Ese antecedente no puede copiarse de forma exacta en la vía Patillal-Carrizal. Becerril y La Jagua pertenecen al Cesar, mientras Valledupar y San Juan del Cesar están en departamentos diferentes; por esa razón, la decisión final tendría que pasar por el Congreso; no obstante, el método sí puede adaptarse. Los recorridos conjuntos, la memoria comunitaria y la georreferenciación también pueden aclarar qué ha ocurrido entre Patillal, Primer Rincón, Carrizal y Veracruz.
María Cecilia Meza propone llevar el método a la frontera
La diputada María Cecilia Meza Ochoa acompañó las mesas del caso Becerril–La Jagua de Ibirico. Durante su conversación con Noticias del Cesar, explicó que la claridad territorial resulta necesaria para llevar inversión y desarrollo a las comunidades rurales. Meza también planteó que la experiencia puede servir como referencia para la controversia entre Valledupar y San Juan del Cesar. La ruta comenzaría por reunir a los habitantes, revisar los antecedentes y recorrer los puntos descritos en las normas.
Después, los equipos técnicos tendrían que traducir esa información en coordenadas verificables. Las alcaldías, las gobernaciones y el IGAC podrían dejar consignadas sus coincidencias y diferencias en un acta y un mapa. La participación comunitaria no reemplaza la competencia legal del Congreso. Sin embargo, puede aportar las pruebas territoriales que todavía necesita la decisión: tradición, prestación de servicios, registros, caminos, fincas y reconocimiento histórico de la población.
La ley permite escuchar la memoria de los pueblos
La Ley 1447 de 2011 define el deslinde como una operación técnica para identificar, actualizar y representar los límites sobre el terreno. La norma también reconoce el valor de la tradición cuando los textos resultan imprecisos o no coinciden con la realidad geográfica. Entre las pruebas admitidas aparecen los testimonios de habitantes nativos, la información catastral, los servicios públicos y las obras ejecutadas. También cuentan la atención en salud, la educación, los censos, las juntas comunales y otras formas de presencia institucional.
Ese marco coincide con lo ocurrido entre Becerril y La Jagua. La comunidad indicó dónde buscar y los técnicos comprobaron la información mediante recorridos y coordenadas. La misma fórmula permitiría establecer quién ha atendido históricamente la zona de la vía Patillal-Carrizal. También ayudaría a identificar qué administración mantiene el camino, registra los predios, presta los servicios y responde durante las emergencias.
El Congreso conoce el problema, pero la decisión sigue pendiente
En mayo de 2024, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado anunció una sesión en San Juan del Cesar. El encuentro buscaba analizar el conflicto entre Cesar y La Guajira. La convocatoria mencionó expresamente a Patillal, Primer Rincón, Carrizal, Veracruz, barrio El Perú, Baroblancal y El Campín. También citó a los alcaldes, gobernadores, funcionarios del IGAC y representantes comunitarios.
El senador Didier Lobo aseguró que la sesión permitiría conocer el proceso definitivo del deslinde; sin embargo, en los repositorios públicos consultados no aparece una ley posterior que haya cerrado la controversia. Ver convocatoria del Senado. La primera investigación de Noticias del Cesar también encontró documentos relacionados con la Resolución 0327 de 2013 y el expediente remitido al Congreso. A pesar de esos antecedentes, la línea continúa sin una definición pública que despeje todas las dudas.
El límite no elimina las competencias de las autoridades
La Ley 1447 contiene un elemento decisivo para este debate. Mientras avanza la definición de un límite dudoso, las entidades involucradas conservan sus competencias constitucionales y legales. Esto significa que la controversia no borra las responsabilidades de las administraciones. Tampoco establece que toda obra deba permanecer congelada hasta que el Congreso tome una decisión.
Por tanto, Cesar y La Guajira podrían estudiar un convenio para estructurar y financiar la vía Patillal-Carrizal. Al mismo tiempo, el IGAC y el Congreso podrían continuar el trámite territorial. El deslinde y la carretera no son procesos idénticos. Uno define la línea; el otro requiere estudios, recursos, permisos, diseños y acuerdos administrativos; sin embargo, ambos pueden avanzar de manera paralela.
El pavimento llegó a Patillal, pero no siguió hasta Carrizal
Valledupar sí ha realizado inversiones viales dentro de Patillal. En 2025, la EICE del Área Metropolitana abrió el proceso SCC-021-2025 para mejorar la infraestructura vial en ese corregimiento y en La Vega Arriba. El presupuesto oficial se acercó a $6.427 millones. El proyecto incluyó pavimento, drenajes, espacio público y señalización; posteriormente, la Alcaldía informó sobre avances en las intervenciones rurales.
La contratación demuestra que la inversión pública puede llegar hasta Patillal. No obstante, esa obra no cubre los 8,5 kilómetros que conducen hacia Carrizal. Así aparece una frontera visible: el pavimento avanza dentro del corregimiento, pero se detiene antes de completar la conexión con La Guajira. Ese vacío requiere un proyecto distinto y la participación de varias entidades.
Córdoba y Antioquia muestran otra alternativa
Un anuncio reciente abrió otro punto de comparación. Los gobernadores Erasmo Zuleta Bechara y Andrés Julián Rendón acordaron unir Córdoba y Antioquia mediante la carretera Valencia–San Pedro de Urabá. Zuleta anunció que Córdoba apropió más de $105.000 millones para el proyecto. Rendón explicó que Antioquia obtuvo autorización para aumentar su cupo de endeudamiento y que complementará la inversión con regalías.
Cada departamento ejecutará lo que le corresponde hasta que los dos tramos se encuentren en la frontera. La iniciativa forma parte del plan estratégico de la RAP Córdoba–Antioquia. El caso no resuelve automáticamente la situación entre Cesar y La Guajira; no obstante, demuestra que una frontera departamental no impide que dos gobernaciones coordinen recursos y conecten sus carreteras.
David Sierra Daza compartió ese anuncio y formuló una pregunta dirigida a los dirigentes regionales: si Córdoba y Antioquia pueden unirse para construir un corredor más largo, ¿por qué Cesar y La Guajira no pueden hacer lo mismo con ocho kilómetros?
Junteros reclaman voluntad política
La pregunta provocó varias reacciones entre oriundos de La Junta. José Adolfo Daza Sierra consideró que el principal obstáculo no es técnico, sino político. “Sencilla la respuesta, porque aquí no hay voluntad política”, afirmó. También sostuvo que las necesidades comunitarias suelen quedar subordinadas a otros intereses. José Jaime Daza Hinojosa expresó un desencanto similar. Relacionó la falta de vías y agua con el contraste entre las necesidades de los pueblos y los recursos que La Guajira ha recibido por carbón, gas y petróleo.
Sus afirmaciones reflejan la desconfianza de una parte de la comunidad. Corresponde a las autoridades responder con información verificable sobre proyectos, presupuestos y gestiones adelantadas para la vía Patillal-Carrizal.
Una propuesta anterior que no dejó rastro contractual localizado
Libardo López aseguró que durante la Alcaldía de Álvaro Díaz Guerra, entre 2020 y 2023, existió una posibilidad de intervenir la vía. Según su relato, el médico Moisés Daza le pidió reunir a los propietarios de los predios ubicados junto al corredor. López afirmó que los finqueros aceptaron mover algunos cercados donde fuera necesario. También recordó una propuesta de carretera amplia, con separador, árboles frutales y posible iluminación. Según su versión, existían recursos, pero las diferencias entre los dirigentes impidieron que la iniciativa avanzara.
La consulta de los procesos y documentos públicamente accesibles de SECOP no permitió localizar estudios previos, convenios, licitaciones, certificados presupuestales ni contratos que coincidan con esas características; por tanto, el testimonio abre una línea que todavía requiere comprobación. Álvaro Díaz Guerra, Moisés Daza, la Alcaldía de San Juan del Cesar y la Agencia de Renovación del Territorio deben aclarar si existió el proyecto, cuál era su nombre, qué entidad aportaría los recursos y por qué no llegó a contratación.
Villanueva contrató una vía que busca llegar hasta Badillo
El corredor Veracruz–Badillo ofrece un antecedente más cercano para la vía Patillal–Carrizal. Aunque Veracruz pertenece a San Juan del Cesar y Badillo es corregimiento de Valledupar, el municipio de Villanueva lideró la contratación del proyecto. El Contrato de Obra Pública 048 de 2023 tiene como objeto construir pavimento asfáltico en el tramo Veracruz–Badillo de la Ruta Folclórica. El negocio fue adjudicado al Consorcio Tramo II Veracruz por un valor inicial de $14.221 millones.
La ficha del Pacto Territorial Cesar–La Guajira registró, posteriormente, un valor indicativo de $15.225 millones. El documento asignó la financiación a la Nación y no reportó aportes territoriales; por tanto, no está comprobado que la obra utilice recursos PDET, como inicialmente consideró la comunidad. Los documentos consultados describen un tramo de 5,7 kilómetros. José Adolfo Daza Sierra, quien trajo este ejemplo a colación, afirmó que 4,3 kilómetros se encuentran en territorio del Cesar, pero esa distribución no pudo confirmarse sin el plano y las coordenadas del proyecto.
La obra también ha enfrentado dificultades. En mayo de 2025, el veedor Germán Arenas aseguró que el contrato ya había sido celebrado, tenía interventoría y había recibido anticipo, pero no mostraba avances visibles. Las entidades responsables deben informar cuál es su estado actual. A pesar de esos problemas, el proyecto deja un antecedente institucional: Villanueva contrató una carretera destinada a conectar una zona de La Guajira con el área rural de Valledupar. Así, la frontera departamental no impidió formular ni financiar la intervención.
El caso refuerza la pregunta sobre la vía Patillal–Carrizal. Si Villanueva pudo liderar un proyecto que busca llegar hasta Badillo, Valledupar y San Juan del Cesar también podrían construir una fórmula conjunta para unir Patillal, Carrizal y La Junta.
Cuatro pasos para destrabar la vía Patillal-Carrizal
La experiencia reunida en esta serie permite proponer una ruta concreta. El primer paso sería convocar una mesa entre las dos alcaldías, las gobernaciones, el IGAC, el Congreso y las comunidades. El segundo consistiría en recorrer el territorio. Los técnicos podrían registrar fincas, arroyos, caminos, servicios y referencias históricas, mientras los habitantes aportan la memoria de la zona.
El tercero sería separar el deslinde del proyecto vial. Las autoridades pueden continuar la discusión territorial y, a la vez, estructurar un convenio para financiar los estudios y la pavimentación; finalmente, cada entidad tendría que asumir compromisos medibles: recursos, fechas, tramos, responsables y mecanismos de seguimiento. De esta manera, la carretera dejaría de depender de anuncios generales.
Una raya no debe seguir frenando la conexión
La serie Municipios atrapados por una raya en el mapa comenzó con una carretera detenida. Después mostró a La Jagua de Ibirico entre dos discusiones territoriales y reconstruyó cómo tres veredas de Becerril ayudaron a corregir una representación equivocada. La cuarta entrega deja una conclusión distinta. La vía Patillal-Carrizal no depende únicamente de saber en qué punto exacto termina el Cesar y comienza La Guajira. También depende de que las instituciones decidan trabajar juntas.
Becerril y La Jagua demostraron que la memoria comunitaria puede convertirse en coordenadas. Córdoba y Antioquia muestran que dos departamentos pueden financiar tramos que se encuentran en una frontera. Ahora les corresponde a Valledupar, San Juan del Cesar, Cesar y La Guajira explicar qué harán. Mientras llega la definición del Congreso, las comunidades siguen esperando que la raya del mapa deje de convertirse en una excusa sobre el camino.
