Segunda entrega de la serie: Municipios atrapados por una raya en el mapa

Durante décadas, La Jagua de Ibirico estuvo atrapada entre dos rayas problemáticas. Al norte, un error cartográfico afectó tres veredas que se reconocen como parte de Becerril. Ese caso ya fue solucionado. Sin embargo, hacia el sur y el suroccidente, el límite con Chiriguaná continúa pendiente de definición y oficialización.

La línea que separa a La Jagua de Ibirico y Chiriguaná no atraviesa un territorio cualquiera. En sus alrededores existen comunidades rurales, fuentes de agua, predios productivos y grandes explotaciones mineras. Por eso, determinar dónde termina un municipio y comienza el otro tiene efectos administrativos, fiscales y sociales. La base oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, identifica ese límite como un proceso de deslinde todavía abierto. Además, un cruce de información geográfica muestra que cinco títulos mineros vigentes intersectan la línea cartográfica entre ambos municipios.

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La Jagua de Ibirico quedó entre dos rayas

La Jagua de Ibirico nació como municipio mediante la Ordenanza 005 de 1979, después de separarse de Chiriguaná. La norma describió sus límites mediante ríos, caños, quebradas, caminos y puntos reconocidos por las comunidades de aquella época; sin embargo, trasladar esas descripciones al mapa no siempre produjo resultados precisos. Algunos cursos de agua cambiaron, varios nombres locales no quedaron plenamente identificados y las herramientas cartográficas de entonces eran muy diferentes a las actuales.

Así apareció el “sándwich” territorial: La Jagua quedó durante años entre una inconsistencia cartográfica con Becerril, al norte, y un deslinde sin oficializar con Chiriguaná, al sur y al suroccidente; no obstante, es necesario establecer una diferencia fundamental. El problema con Becerril ya fue resuelto mediante el trabajo conjunto de las comunidades, las dos alcaldías, el IGAC y la Asamblea del Cesar. El expediente con Chiriguaná, en cambio, continúa abierto.

Becerril: tres veredas que quedaron atrapadas en el mapa

El problema del costado norte afectó sectores de las veredas Tucuy, Manantial y La Unión. Sus habitantes se reconocen como becerrileros y han mantenido sus relaciones sociales, económicas e institucionales con Becerril; sin embargo, cuando funcionarios municipales intentaban localizar beneficiarios de proyectos productivos, los sistemas geográficos los ubicaban dentro de La Jagua de Ibirico. La inconsistencia también aparecía al consultar herramientas asociadas al sistema de referencia MAGNA-SIRGAS.

Una posible causa estaba en la similitud entre el río Tucuy y el caño Manantial o Manantialito. Durante la temporada de lluvias, ambos cursos pueden confundirse, situación que habría provocado un error al representar el límite sobre la cartografía. El problema no era solamente técnico. Becerril encontraba obstáculos para invertir en vías y proyectos productivos porque el mapa situaba a las familias en otro municipio. La condición PDET tampoco podía aprovecharse plenamente, pues los proyectos eran rechazados cuando las coordenadas no coincidían con la jurisdicción de Becerril.

La comunidad aportó la memoria de los primeros colonos y recorrió el territorio con los equipos técnicos. Posteriormente, las alcaldías de Becerril y La Jagua de Ibirico reconocieron la inconsistencia y acompañaron las mesas convocadas con el IGAC. Ese proceso ya permitió solucionar el problema limítrofe. La forma como los campesinos, los técnicos, los alcaldes y el IGAC reconstruyeron la línea será el tema de la tercera entrega de Municipios atrapados por una raya en el mapa.

Chiriguaná: un expediente que continúa abierto

La situación del otro extremo es distinta. En la base oficial de límites territoriales del IGAC, la línea “Chiriguaná-La Jagua de Ibirico” aparece con el estado “en proceso de deslinde”. También figura como pendiente de definición y oficialización bajo el procedimiento establecido por la Ley 1447 de 2011. La ficha cartográfica atribuye a la línea una extensión aproximada de 80,6 kilómetros y cita como referencia la Ordenanza 016 del 17 de noviembre de 1983. Sin embargo, el texto completo de esa ordenanza no apareció en los repositorios públicos consultados durante esta investigación.

Aquí surge una primera pregunta. El PBOT de La Jagua de Ibirico, adoptado mediante el Acuerdo 011 de 2016, recuerda que el municipio fue creado por la Ordenanza 005 de 1979. La base del IGAC, en cambio, relaciona el límite actual con una norma expedida cuatro años después.

Esto no demuestra por sí solo una contradicción jurídica. No obstante, obliga a establecer qué modificó, aclaró o ratificó la Ordenanza 016 de 1983 y cómo se trasladaron sus disposiciones al mapa oficial. El propio PBOT de La Jagua reconoce la necesidad de revisar conjuntamente los límites con Chiriguaná y Becerril, bajo el acompañamiento del IGAC. El documento define a Chiriguaná como vecino por el sur y también por una parte del occidente.

Caño Astilleros y quebrada Las Ánimas

Los documentos territoriales de Chiriguaná ofrecen más pistas. Su PBOT reconoció la existencia de diferendos limítrofes con La Jagua de Ibirico y El Paso. Además, propuso realizar levantamientos topográficos georreferenciados para establecer los puntos correspondientes. Entre los lugares que debían verificarse aparece el nacimiento del caño Astilleros, en el límite con La Jagua. También figura el punto donde ese caño se encuentra con la quebrada Las Ánimas y el sitio en el que convergen Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y El Paso.

La Ordenanza 005 de 1979 ya utilizaba estos accidentes naturales para describir parte del límite. La norma seguía el arroyo Las Ánimas hasta su encuentro con el caño Astilleros y continuaba hacia el nacimiento de este último. El problema consiste en convertir una descripción redactada hace varias décadas en coordenadas exactas. Para hacerlo, las autoridades deben identificar sobre el terreno qué cauce corresponde a cada nombre, recorrerlo y comparar la información histórica con las mediciones actuales.

Los repositorios públicos revisados no permiten comprobar si el IGAC realizó recientemente todas esas visitas ni si existen actas nuevas de deslinde suscritas por los dos municipios. Esa documentación deberá ser solicitada al instituto, a las alcaldías y a la Asamblea del Cesar.

Cinco títulos mineros atraviesan la línea cartográfica

El expediente cobra mayor importancia al cruzar la línea oficial del IGAC con la capa de títulos vigentes de la Agencia Nacional de Minería. El ejercicio identificó cinco polígonos mineros que intersectan el límite cartográfico entre Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Se trata de los títulos 283-95, 144-97, GC7-111, 147-97 y 078-88. En la información pública aparecen vinculados, entre otros titulares, Drummond Ltd., Drummond Coal Mining LLC, CNR III Ltd. y cuatro personas naturales.

Todos figuran en etapa de explotación y abarcan áreas reportadas en más de un municipio. El título 144-97, por ejemplo, incluye territorios registrados en Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico. Este hallazgo no demuestra que existan regalías o impuestos distribuidos de manera equivocada. Tampoco significa que los títulos estén sometidos a un conflicto jurídico. Lo que demuestra es que una línea aún pendiente de oficialización atraviesa polígonos donde se desarrolla actividad minera.

Por tanto, el deslinde puede tener consecuencias en la planeación territorial, la fiscalización local, el uso del suelo, la atención de emergencias y la identificación de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia. También plantea interrogantes sobre la información empleada para distribuir recursos, registrar predios y programar inversiones. Las respuestas deben provenir del IGAC, la Agencia Nacional de Minería, las alcaldías, la Gobernación del Cesar y las empresas involucradas.

Una línea que necesita respuestas

El PBOT de Chiriguaná advertía que la falta de claridad territorial podía impedir una división adecuada del suelo y afectar la distribución equitativa de las inversiones. Décadas después, el límite todavía aparece en proceso de deslinde. Ahora corresponde establecer qué actuaciones se han cumplido, cuándo fue la última visita técnica y qué posiciones han presentado Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. También debe aclararse si existe acuerdo entre los municipios o si persisten diferencias sobre alguno de los puntos descritos en las ordenanzas.

La primera entrega de esta serie mostró cómo una indefinición territorial mantiene sin pavimentar 8,5 kilómetros entre Patillal y Carrizal. En La Jagua, una raya equivocada también bloqueó durante años la inversión en tres veredas. Ese costado del “sándwich” ya pudo cerrarse. La próxima entrega reconstruirá cómo las comunidades de Tucuy, Manantial y La Unión ayudaron a corregir el mapa y abrieron la puerta para que la inversión pública finalmente pueda llegar a su territorio.

Mientras tanto, al sur y al suroccidente, la línea entre La Jagua de Ibirico y Chiriguaná continúa esperando una definición oficial.