La tensión entre la Casa de Nariño y los entes de control llegó a su punto de ebullición. Mientras la Procuraduría alerta sobre el uso de RTVC para promover la tesis del fraude, el presidente Gustavo Petro responde comparando al Ministerio Público con la «época de Ordóñez» y lanza una petición sin precedentes a la Registraduría.
El panorama político en Colombia se ha transformado en un campo de batalla institucional. El detonante fue la reciente alerta de la Procuraduría General de la Nación, que señaló con preocupación cómo los medios públicos (RTVC) estarían siendo utilizados para difundir el discurso de fraude electoral que el presidente Gustavo Petro ha venido sosteniendo de cara al 2026.
«No acepto censuras»: La respuesta de Petro
Lejos de retroceder, el mandatario arremetió contra el ente de control. A través de sus redes sociales, Petro fue tajante: «No acepto censuras de los nuevos Ordóñez», haciendo alusión al exprocurador Alejandro Ordóñez y sugiriendo que se intenta coartar su libertad de expresión y la del Gobierno. Para el presidente, el país sigue en un «tiempo democrático» donde la transparencia debe primar sobre el silencio.
La petición que sacude a la Registraduría
Pero el punto más álgido de su declaración fue la exigencia directa al Registrador Nacional. Petro solicitó formalmente que se le entregue una copia del código fuente del software de preconteo y escrutinios durante tres semanas. Su objetivo: realizar una auditoría experta con los mejores del mundo para garantizar que el voto popular sea respetado.
«Sin auditoría técnica experta e independiente de la Registraduría, no puedo garantizar la transparencia», sentenció el jefe de Estado, dejando claro que no confía plenamente en el sistema actual si no es revisado por ojos externos e independientes.
¿Institucionalidad en riesgo?
La movida de Petro ha generado una tormenta de opiniones. Mientras sus seguidores ven en la auditoría del código fuente una medida necesaria para evitar «zarpazos» electorales, sus detractores y los organismos de control advierten que sembrar dudas sobre el sistema desde la jefatura de Estado es una estrategia peligrosa que podría deslegitimar los resultados futuros.
