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El Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella comenzó a construir con Estados Unidos una nueva estrategia de cooperación en seguridad denominada Plan Patriota 2.0. La propuesta buscará fortalecer las capacidades militares y policiales de Colombia, combatir el narcotráfico y enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.
La iniciativa surgió tras una agenda de reuniones en Washington entre el ministro de Defensa designado, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto para Asuntos de Seguridad de las Américas. El encuentro se realizó en el Pentágono antes del inicio del nuevo Gobierno, previsto para el 7 de agosto.
¿Qué es el Plan Patriota 2.0?
El Plan Patriota 2.0 se encuentra todavía en una fase de construcción. Hasta ahora, las partes lo presentan como un programa bilateral de cooperación y asistencia estratégica con alcance regional, articulado con la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana que prepara el Gobierno entrante.
Mora explicó que la estrategia también estará relacionada con campañas militares y policiales en áreas priorizadas. El propósito será recuperar la seguridad, reforzar la presencia institucional y atacar las estructuras económicas y operativas de los grupos armados y las redes del narcotráfico.
Humire afirmó que Colombia ha sido uno de los principales socios de Estados Unidos en seguridad y defensa. El funcionario aseguró que ambos países planean “llevar esta asociación a nuevos niveles” mediante el Plan Patriota 2.0.
Colombia entraría a una coalición contra los carteles
Uno de los ejes anunciados es el eventual ingreso de Colombia a la Coalición Americana contra los Carteles. Esta alianza busca aumentar la cooperación entre los países del hemisferio para combatir el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas transnacionales.
La declaración de seguridad de la Conferencia Americana contra los Carteles plantea acciones conjuntas en control fronterizo, lucha contra el narcoterrorismo, protección de infraestructura crítica e intercambio de capacidades entre los gobiernos participantes. El documento también establece que la cooperación debe respetar la soberanía y las leyes de cada país.
Noticias Caracol informó que la coalición reúne a 19 países del continente. Sin embargo, la incorporación de Colombia forma parte de los anuncios del Gobierno entrante y todavía deberán conocerse los procedimientos, compromisos y acuerdos necesarios para concretarla.
Helicópteros, drones e inteligencia
El Plan Patriota 2.0 contempla la recuperación y modernización de varias capacidades de la Fuerza Pública. Una de las prioridades será mejorar la disponibilidad y el mantenimiento de los helicópteros, especialmente de la flota Black Hawk utilizada en operaciones de movilidad, evacuación y lucha contra el narcotráfico.
La estrategia también incluiría sistemas de protección contra drones. Esta capacidad ha adquirido mayor importancia debido al uso de aeronaves no tripuladas para vigilancia, transporte de explosivos y ataques contra unidades de la Fuerza Pública.
Otro componente será la asistencia de asesores especializados en inteligencia, planeamiento operacional y justicia. Además, Colombia buscará fortalecer sus capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad para enfrentar ataques contra instituciones, infraestructura y sistemas estratégicos.
Centro regional de entrenamiento
Los dos países también estudian la creación de un programa de entrenamiento conjunto. Este podría incluir un centro regional desde Colombia para capacitar a integrantes de fuerzas de seguridad en lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y otras amenazas transnacionales.
La propuesta pretende aprovechar la experiencia acumulada por las Fuerzas Militares y la Policía colombiana. De concretarse, Colombia podría recuperar un papel central en la capacitación de unidades de otros países de América Latina y el Caribe.
Las reuniones en Washington incluyeron oficinas encargadas de seguridad hemisférica, operaciones especiales, cooperación militar, defensa económica, ciberseguridad y lucha antidrogas. Esta agenda muestra que el plan no estaría limitado a operaciones en territorio colombiano, sino que tendría una dimensión regional.
¿Dónde se concentrarían las operaciones?
El Gobierno entrante todavía no ha publicado una lista oficial de territorios priorizados. No obstante, el general retirado Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, consideró que la estrategia debería concentrarse en el suroccidente, especialmente en Cauca, Nariño y Putumayo.
El oficial también mencionó el Catatumbo, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, Guaviare, Meta y Caquetá. Estas regiones presentan presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal o corredores utilizados para el tráfico de drogas y armas. Esa identificación corresponde al análisis de Acore y no a una delimitación oficial del plan.
Para departamentos fronterizos como el Cesar, el fortalecimiento de la inteligencia y el control de fronteras podría generar nuevas operaciones contra las redes que movilizan drogas, armas y contrabando. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que el departamento haga parte de las primeras áreas priorizadas.
Diferencias con el primer Plan Patriota
El nombre recuerda al Plan Patriota desarrollado durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe. Aquella estrategia militar buscó debilitar a las antiguas Farc, desarticular sus comunicaciones, limitar su movilidad y atacar sus estructuras financieras y mandos principales.
La operación original fortaleció la coordinación entre las Fuerzas Militares y amplió el despliegue estatal en zonas que durante años estuvieron bajo influencia guerrillera. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado que la combinación del Plan Colombia y el Plan Patriota obligó a las Farc a replegarse y redujo sus retaguardias estratégicas.
La nueva versión tendría un objetivo diferente. En lugar de concentrarse únicamente en una organización insurgente, buscaría combatir carteles, estructuras armadas, economías ilícitas, minería ilegal, narcotráfico, ataques cibernéticos y amenazas que operan en varios países.
Soberanía y presencia estadounidense
El exembajador estadounidense Kevin Whitaker consideró que Colombia no necesita tropas de Estados Unidos dentro de su territorio. Según su análisis, el apoyo debería concentrarse en recursos financieros, tecnología, inteligencia, asistencia técnica y recuperación de capacidades operativas.
Los promotores del plan aseguran que no se trata de entregar el control de las operaciones a otro país. La declaración de la coalición contra los carteles establece expresamente el respeto a la soberanía nacional y a las normas de cada Estado.
El alcance real dependerá de los acuerdos que se suscriban, del tipo de asistencia solicitada y de los mecanismos de supervisión que adopte Colombia.
Preocupaciones por los derechos humanos
El nombre del programa también reabrió el debate sobre las consecuencias del primer Plan Patriota. La Comisión de la Verdad documentó afectaciones sobre comunidades rurales durante las operaciones de contrainsurgencia, incluidos desplazamientos, estigmatización y persecución contra poblaciones señaladas como posibles bases sociales de las Farc.
La Comisión también advirtió que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales fueron desestimadas durante varios años, pese a que organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos alertaban sobre estos hechos desde 2003.
Por esa razón, uno de los principales desafíos del Plan Patriota 2.0 será garantizar controles civiles, transparencia, respeto por el derecho internacional humanitario y protección de la población. Hasta ahora no se han divulgado los protocolos específicos que se aplicarían para prevenir abusos.
Lo que todavía falta por definir
Aunque ya se conocen sus principales líneas, el Plan Patriota 2.0 todavía no cuenta con un documento público definitivo. Tampoco se han informado el presupuesto, la duración, el cronograma, las zonas iniciales de intervención ni la cantidad de personal involucrado.
También falta conocer si la cooperación requerirá nuevos convenios, aprobación del Congreso, modificaciones presupuestales o acuerdos adicionales con Estados Unidos. Otro punto pendiente es la forma en que participarán la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares y las autoridades regionales.
Los detalles deberán conocerse después del 7 de agosto, cuando el Gobierno entrante asuma funciones. Hasta entonces, el Plan Patriota 2.0 debe entenderse como una estrategia en preparación y no como un programa completamente aprobado y en ejecución.