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El representante Simón Molina radicó un proyecto para derogar la Paz Total y endurecer las reglas frente a estructuras criminales. La iniciativa plantea suspender procesos en curso y reactivar órdenes de captura. Sin embargo, esas medidas solo entrarían en vigor si el Congreso aprueba la propuesta.
Proyecto para derogar la Paz Total llega a la Comisión Primera
La Cámara de Representantes registró la iniciativa como Proyecto de Ley 040 de 2026. Simón Molina aparece como autor y la Comisión Primera asumirá su estudio. La ficha oficial del proyecto señala que la radicación ocurrió el 21 de julio de 2026.
El congresista divulgó públicamente la propuesta el 4 de agosto desde la cárcel de Itagüí. Allí funcionan espacios relacionados con los acercamientos entre el Gobierno y estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El texto busca fortalecer la tutela judicial de las víctimas. También pretende limitar las decisiones administrativas que suspenden medidas judiciales contra integrantes de organizaciones criminales de alto impacto.
La propuesta no deroga toda la Ley 2272 de 2022
El nombre político de la campaña habla de eliminar la Paz Total. No obstante, el articulado no borra por completo la Ley 2272 de 2022.
El artículo tercero elimina el literal c del artículo 2 y los artículos 5, 6 y 7. Esas normas regulan negociaciones políticas, acercamientos con estructuras criminales, voceros y otras herramientas usadas durante los procesos de paz.
Por tanto, el proyecto para derogar la Paz Total desmontaría varios componentes centrales del modelo. Aun así, no eliminaría cada disposición de la legislación vigente.
La Ley 2272 de 2022 convirtió la paz en una política de Estado. Además, diferenció las negociaciones con grupos políticos de los acercamientos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
Capturas solo podrían suspenderse con una ley previa
Uno de los cambios principales aparece en el artículo cuarto. La norma propuesta impediría suspender capturas, medidas de aseguramiento o penas mediante decisiones amplias del Ejecutivo.
Para conceder ese beneficio tendría que existir una ley previa de sometimiento a la justicia. Esa norma debería fijar compromisos de verdad, reparación y penas privativas de la libertad efectivas.
El proyecto también busca reforzar la autonomía judicial. De esta manera, el Gobierno no tendría libertad para levantar medidas sin un marco definido por el Congreso.
Sin embargo, la Corte Constitucional ya impuso controles sobre estas decisiones. En la Sentencia C-525 de 2023, exigió que el Gobierno justifique la duración y el alcance territorial de cada suspensión. Además, una autoridad judicial debe valorar esas razones.
El nuevo proyecto iría más lejos. Su aprobación condicionaría cualquier suspensión a la existencia de una ley específica de sometimiento.
Reactivación inmediata de órdenes judiciales
El artículo sexto plantea suspender los acercamientos y procesos en curso con estructuras criminales de alto impacto.
Como consecuencia, volverían a activarse órdenes de captura, medidas de aseguramiento y condenas previamente suspendidas. Las autoridades judiciales y policiales tendrían que ejecutarlas sin requerimientos adicionales.
Noticias del Cesar informó sobre una decisión del Consejo de Estado que reactivó capturas contra siete jefes de bandas del Valle de Aburrá. Ese antecedente aumentó la presión sobre los diálogos urbanos impulsados durante el Gobierno Petro.
El portal también reseñó la suspensión temporal de las conversaciones en Itagüí, después de una controversia dentro del establecimiento penitenciario. Ambos hechos aumentaron la discusión jurídica y política sobre el proceso.
Bandas criminales no recibirían tratamiento político
La iniciativa prohíbe reconocer estatus político a organizaciones sin origen político-militar, conforme al Derecho Internacional Humanitario.
Además, impide concederles beneficios propios de un proceso de paz. Esas estructuras tendrían que someterse a la justicia ordinaria o al marco que apruebe el Congreso.
Este punto busca separar a las organizaciones políticas armadas de las bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos.
Las piezas divulgadas por Molina resumen esa posición con una frase directa: “Las bandas criminales no son actores políticos”.
La discusión sobre los 362 años de condenas
Molina afirmó que los voceros favorecidos por las medidas acumulan 362 años de condenas. Esa cifra aparece en la exposición de motivos del proyecto.
Según el documento, la resolución cuestionada beneficia a 23 voceros. De ellos, 16 permanecen recluidos y siete estarían en libertad. El texto sostiene que las condenas conjuntas alcanzan los 362 años de prisión.
Esa información corresponde a la argumentación presentada por el autor. Por eso, deberá ser contrastada durante los debates, las ponencias y las votaciones del trámite legislativo.
La FM informó que la iniciativa pretende frenar el tratamiento político a estructuras criminales y reactivar las órdenes judiciales suspendidas.
El proyecto aún no cambia la ley
El proyecto para derogar la Paz Total apenas comienza su recorrido en el Congreso. La Comisión Primera deberá discutirlo antes de cualquier votación en plenaria.
La propuesta puede sufrir cambios, recibir apoyo de otras bancadas o terminar archivada. Por ahora, ninguna orden de captura revive automáticamente por esta radicación.
El debate enfrentará dos visiones. Los promotores defienden una mayor protección para las víctimas y límites más estrictos al Ejecutivo. Los críticos podrían advertir que la suspensión de los diálogos cerraría caminos para reducir la violencia.
La decisión final dependerá del Congreso y del control constitucional. Mientras tanto, la iniciativa ya abrió una nueva disputa sobre justicia, seguridad y negociación con estructuras criminales.