El defensor de Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene, presentó su renuncia después de conocerse una investigación preliminar por una presunta filtración de información reservada al ELN. La Defensoría del Pueblo confirmó este jueves 20 de agosto que conocía actuaciones de las autoridades sobre conductas presuntamente atribuibles al funcionario. La entidad aseguró que su salida busca preservar la confianza institucional y permitir que la justicia avance sin interferencias.
El caso fue revelado por Noticias RCN, que conoció una denuncia sobre información confidencial relacionada con líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esos datos habrían terminado en manos del Frente de Guerra Nororiental del ELN. La Fiscalía deberá establecer si realmente existió una filtración y quién habría sido responsable. Hasta ahora no existe una decisión judicial que declare responsable a Pallares.
Defensor de Ocaña renunció tras conocerse la investigación
La Defensoría del Pueblo reaccionó oficialmente después de conocerse el informe periodístico. En un comunicado publicado en su cuenta institucional de X, indicó que había sido informada de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al defensor regional de Ocaña.
Según la entidad, esa situación llevó al funcionario a presentar su renuncia. La Defensoría explicó que la decisión busca preservar la confianza en la institución. También pretende facilitar que la acción judicial se adelante sin interferencias y ofreció toda la colaboración requerida por las autoridades.
El pronunciamiento agregó que las instituciones de justicia deberán esclarecer plenamente lo sucedido. Para ello, pidió respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual. La institución reiteró además su compromiso con las víctimas y las comunidades del Catatumbo.
Los registros oficiales confirman que Pallares ocupaba la dirección de la Regional Ocaña. El directorio de servidores públicos de la Defensoría, con información disponible de 2026, lo identifica como defensor regional en esa dependencia. Su trayectoria oficial también señala que ejerció anteriormente como personero de Teorama y como profesional especializado de la Defensoría.
Fiscalía abrió investigación preliminar por amenazas
Noticias RCN informó que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por amenazas que involucra a Ever Jesús Pallares Baene. La denuncia lo señala de una presunta filtración de información confidencial sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Uno de los episodios bajo análisis ocurrió el 12 de febrero de 2025. De acuerdo con RCN, un defensor de derechos humanos recibió un mensaje amenazante atribuido al Frente de Guerra Nororiental del ELN. La comunicación contenía detalles precisos sobre su actividad humanitaria y jurídica.
Según el denunciante, esa información era conocida en tiempo real únicamente por la Defensoría Regional de Ocaña y el Ejército Nacional. Este elemento constituye uno de los puntos centrales de la investigación. Ahora deberá establecerse cómo llegaron esos datos a conocimiento del grupo armado.
La denuncia solicita investigar posibles conductas como revelación de secreto, amenazas, abuso de autoridad y concierto para delinquir agravado. También plantea revisar relaciones contractuales y financieras. Sin embargo, la solicitud de investigar esos delitos no significa que se encuentren demostrados ni que Pallares haya sido acusado formalmente de cometerlos.
RCN asegura que Pallares es sobrino de alias ‘Silvana Guerrero’
La investigación periodística agregó un elemento especialmente sensible. Noticias RCN estableció que Ever Jesús Pallares es sobrino de Luz Amanda Pallares Pallares, conocida con los alias de ‘Silvana Guerrero’ o ‘Ana María’. El medio la identifica como cabecilla pseudopolítica del Frente de Guerra Nororiental del ELN.
La identidad de alias ‘Silvana’ sí aparece documentada oficialmente. La Policía Nacional mantiene a Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana’, en un cartel de personas buscadas en Norte de Santander. La institución ofrece hasta 600 salarios mínimos mensuales como recompensa por información que permita su captura.
El parentesco señalado por RCN forma parte del contexto de la investigación, pero no puede convertirse por sí mismo en prueba de responsabilidad. Precisamente sobre ese aspecto hizo énfasis la Defensoría en su comunicado.
La entidad sostuvo que los vínculos de consanguinidad con personas responsables de crímenes contra la población civil no permiten atribuir automáticamente sus conductas a otros familiares. La responsabilidad penal, recordó, es individual y debe establecerse con pruebas dentro de un proceso judicial.
Las fotografías con el ELN necesitan contexto
Noticias RCN también mostró fotografías en las que Pallares aparece junto a alias ‘Silvana Guerrero’. Las imágenes corresponden, según el informe, a actividades relacionadas con entregas de personas secuestradas por el grupo armado.
Este punto exige especial cuidado. Una fotografía tomada durante una misión humanitaria no demuestra una relación ilegal con una organización armada. Funcionarios de la Defensoría, representantes de la Iglesia y organismos humanitarios mantienen contactos con grupos ilegales cuando participan en liberaciones, recuperaciones de personas o misiones de protección.
Por esa razón, el elemento determinante para la investigación no será simplemente establecer que Pallares coincidió físicamente con integrantes del ELN. La Fiscalía deberá determinar si información reservada salió de la Defensoría, quién tuvo acceso a ella y quién eventualmente la entregó.
Esa diferencia resulta fundamental. Una misión humanitaria puede explicar una fotografía. En cambio, la eventual entrega de información confidencial sobre líderes amenazados constituiría una conducta mucho más grave y requeriría pruebas específicas.
La Defensoría defiende su presencia en el Catatumbo
El comunicado divulgado este jueves también respondió al impacto institucional generado por el caso. La Defensoría aseguró que ha actuado y seguirá actuando con transparencia. Además, reiteró su rechazo a los crímenes cometidos por los grupos armados.
La institución destacó que mantiene una presencia permanente en el Catatumbo. Allí ha acompañado comunidades, advertido riesgos y atendido graves afectaciones contra la población civil. La entidad aseguró que esta situación no modificará su labor en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La investigación ocurre en una región donde el ELN mantiene una presencia histórica y una alta capacidad armada. Noticias del Cesar documentó recientemente que los grupos armados ilegales aumentaron considerablemente su número de integrantes durante los últimos años, mientras el ELN pasó de 5.851 miembros en 2022 a 7.123 en julio de 2026.
Esa expansión también genera preocupación en territorios cercanos al Cesar. En meses recientes, autoridades departamentales han atribuido al ELN acciones en corredores viales del departamento, incluidos retenes ilegales que volvieron a encender las alarmas sobre seguridad y control territorial.
La investigación deberá responder una pregunta clave
La renuncia de Ever Jesús Pallares está confirmada por la propia Defensoría del Pueblo. También está confirmado que la Fiscalía adelanta una investigación preliminar, según el informe publicado por Noticias RCN. Lo que todavía debe demostrar la justicia es si existió realmente una filtración desde la Regional Ocaña hacia el ELN.
La investigación tendrá que establecer quién conocía la información reservada, cómo circuló y por qué terminó —si se confirma la denuncia— en un mensaje atribuido al grupo armado. También deberá determinar si existió participación de funcionarios públicos o de otras personas.
Por ahora, el parentesco señalado entre Pallares y alias ‘Silvana Guerrero’ no prueba ninguna conducta penal. Tampoco la prueban las fotografías obtenidas durante actividades humanitarias. Esos elementos deberán valorarse únicamente dentro del contexto completo de la investigación.
La pregunta planteada inicialmente por Noticias RCN sigue abierta: ¿hubo una infiltración del ELN en una dependencia encargada precisamente de proteger víctimas y defensores de derechos humanos? La gravedad de esa hipótesis exige respuestas, pero serán las pruebas y las autoridades judiciales las que deberán resolverla.


