Escribenos Aquí
El Hospital Rosario Pumarejo de López lanzó una advertencia pública contra el cobro de coimas, comisiones y pagos relacionados con su contratación. El pronunciamiento aparece mientras crecen los cuestionamientos sobre la intervención de Lina de Armas y una senadora pide revisar el manejo de recursos del centro asistencial; sin embargo, detrás de la controversia existen documentos que permiten ir más allá del debate político. Noticias del Cesar revisó informes de Revisoría Fiscal, registros contractuales y actuaciones administrativas. Entre ellos aparece un saldo bancario de $10.600 millones registrado antes del relevo de interventor y un proceso de formalización que proyectaba 126 nuevos empleos.
Puede leer: Lina de Armas asume el Rosario Pumarejo
Rosario Pumarejo advierte contra coimas e intermediarios
El 3 de septiembre, Lina María de Armas Daza firmó el Boletín de Prensa 036-2026. Allí, la intervención advirtió que ningún funcionario, colaborador, asesor o exfuncionario está autorizado para pedir dinero, regalos, comisiones o beneficios relacionados con contratos. El comunicado extendió la prohibición a contratistas, proveedores, aspirantes y terceros. Además, aseguró que la contratación del Hospital Rosario Pumarejo debe realizarse únicamente mediante canales oficiales y sin intermediarios.
La ESE también pidió denunciar cualquier solicitud de dinero vinculada con contratos, pagos o trámites. Para ello, señaló sus canales institucionales y recordó que los ciudadanos pueden acudir a Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Superintendencia Nacional de Salud. El documento no afirma que se haya comprobado el cobro de coimas dentro del Hospital. Tampoco identifica personas investigadas ni explica si surgió como consecuencia de un caso concreto. Por ello, su alcance público es preventivo mientras no exista información adicional de las autoridades.
Puede leer: Rosario Pumarejo: denuncian contrato de alimentación por $1.900 millones
Claudia Zuleta pide revisar los recursos del Hospital
La controversia escaló después al Congreso. La senadora cesarense Claudia Margarita Zuleta pidió a la Superintendencia Nacional de Salud reemplazar a Lina de Armas al frente del Rosario Pumarejo. Zuleta señaló retrasos en pagos a especialistas, incertidumbre sobre la formalización laboral y cuestionamientos por cambios de personal. También habló de denuncias sobre la llegada de personas cercanas a la actual administración.
La congresista solicitó a la Contraloría General de la República establecer el destino final de los $35.342 millones recibidos por el Hospital como reconocimiento por servicios prestados a población migrante; además, sostuvo que una intervención pública no puede utilizarse para “repartir cargos, pagar compromisos políticos o contratar personas por cercanía”. El pronunciamiento no prueba por sí mismo esas conductas, pero introduce preguntas que pueden contrastarse con la documentación financiera disponible.
Revisoría Fiscal documentó un saldo de $10.600 millones
Un informe de Revisoría Fiscal enviado a la Superintendencia Nacional de Salud permite reconstruir una parte importante del recorrido de esos recursos. El documento confirma que el 29 de diciembre de 2025 fueron acreditados $35.342.578.270, correspondientes a la Resolución 2682 de 2025. La misma cuenta recibió otros recursos e ingresos durante los meses siguientes.
Hasta el 31 de mayo de 2026, la Revisoría verificó pagos por sentencias judiciales, obligaciones tributarias, proveedores y personal especializado. El informe concluyó que los movimientos revisados tenían respaldo documental. Además, señaló que durante ese periodo no se evidenciaron usos no autorizados ni desvíos de recursos.
Ese elemento resulta fundamental. Los documentos disponibles no permiten sostener que los $35.342 millones hayan desaparecido o fueran desviados. Lo que sí estableció la Revisoría fue que, al 31 de mayo de 2026, la cuenta presentaba un saldo real de $10.600.422.647. El mismo informe aclara que esa cifra incluía remanentes del giro e ingresos ordinarios de la operación asistencial. Por tanto, tampoco sería correcto afirmar que los $10.600 millones correspondían exclusivamente al reconocimiento por la atención de migrantes.
Puede leer: Rosario Pumarejo confirma salida de subgerente y denuncia documento falso
Lina de Armas explicó el destino del remanente
Durante el proceso de contraste, Lina de Armas aseguró que los $35.342 millones no tenían una destinación exclusiva para la formalización laboral. Según explicó, el anterior interventor había utilizado cerca del 72 % de esos recursos antes de su llegada. La funcionaria afirmó que, cuando asumió la intervención, quedaban “$9.000 y pico millones”. También sostuvo que ese remanente se destinó al pago del talento humano en salud y no a otros conceptos.
El porcentaje mencionado por De Armas se aproxima al resultado documentado por la Revisoría Fiscal hasta mayo; sin embargo, queda por establecer qué movimientos se produjeron entre el saldo de $10.600 millones, registrado el 31 de mayo, y los “$9.000 y pico millones” que, según ella, encontró al asumir el cargo.
También se requiere una relación verificable de los pagos realizados al talento humano con ese remanente. Esos soportes permitirían cerrar documentalmente el recorrido de los recursos durante junio, julio y agosto.
El dinero coincidía con una segunda etapa de formalización
El informe de Revisoría Fiscal registró que el Hospital tenía en marcha una segunda etapa de formalización laboral. La primera fase había vinculado a 75 trabajadores, mientras la segunda proyectaba 126 empleos. El cronograma contemplaba convocatoria, selección y una posesión masiva prevista para el 28 de julio de 2026. La Revisoría sostuvo que el saldo bancario existente al cierre de mayo permitía atender las obligaciones pendientes de esa etapa, junto con acuerdos de pago vigentes con otros acreedores judiciales.
No obstante, existen tres cifras públicas diferentes. En abril, el Hospital anunció la formalización de 128 colaboradores. Posteriormente, el informe técnico habló de 126 empleos, mientras la senadora Claudia Zuleta se refirió a 125 trabajadores.
Lina de Armas manifestó que el Hospital necesita actualizar los estudios técnicos, pues el último disponible corresponde a 2024. También atribuyó la imposibilidad de formalizar inmediatamente a la crisis financiera y al bajo recaudo de las EPS. La interventora aseguró que mantiene la intención de avanzar con la formalización cuando existan condiciones sostenibles. Sin embargo, todavía falta aclarar cuántas plazas quedaron finalmente aprobadas, cuánto cuestan y cuál sería su fuente presupuestal permanente.
Contrato de $49 millones para asesorar a la interventora
Entre los documentos revisados aparece el Contrato 1258-2026, suscrito por $49.333.333 con Jorge Mario Calderón Garcerant. Su objeto comprende asesoría jurídica al despacho de la interventora en derecho administrativo, contratación estatal, función pública y gestión institucional.
El expediente entregado a Noticias del Cesar sostiene que Calderón tendría una relación personal con Tulia Inés de Armas Daza, hermana de la interventora. Este medio no ha podido comprobar de manera independiente esa relación y, por tanto, no la presenta como un hecho establecido.
Tulia de Armas, además, ya trabajaba en el Hospital desde abril de 2025. En consecuencia, sería incorrecto afirmar que fue nombrada por su hermana durante la actual intervención. Las preguntas remitidas a Lina de Armas buscaban establecer si existe la relación señalada, si fue declarada ante el Hospital y si se realizó algún análisis sobre un eventual conflicto de interés antes de celebrar el contrato.
Interventora prometió responder por escrito
Noticias del Cesar contactó directamente a Lina de Armas el sábado 5 de septiembre. El cuestionario abordó el saldo de $10.600 millones, los movimientos posteriores, la formalización laboral, las diferencias entre 128, 126 y 125 plazas, el Contrato 1258-2026 y el comunicado contra las coimas; inicialmente, la interventora afirmó que los asuntos financieros habían sido socializados y revisados por la Superintendencia Nacional de Salud. También remitió videos de declaraciones y exposiciones realizadas anteriormente.
Las grabaciones demuestran que la administración sí efectuó socializaciones públicas sobre la situación financiera y la formalización. Sin embargo, no contienen actos, conceptos o números de radicación que permitan comprobar una revisión o aprobación formal de todas las decisiones por parte de Supersalud; posteriormente, De Armas envió su explicación sobre el destino de los $35.342 millones. Finalmente, manifestó por escrito: “El lunes con mucho gusto le respondo sus preguntas” y “el lunes le contesto todo”.
El plazo venció y no llegaron las respuestas anunciadas
Al llegar el mediodía del lunes 7 de septiembre, las respuestas definitivas no habían sido remitidas. A las 12:14 p. m., Noticias del Cesar le informó que procedería con la elaboración y publicación del artículo, manteniendo abierto el espacio para incorporar su versión.´Nueve minutos después, De Armas respondió mediante un audio. Allí señaló que los derechos de petición tienen términos legales y explicó que necesitaba tiempo para reunir la documentación, debido a los diferentes requerimientos que atendía como gerente.
Este medio le aclaró que no había presentado un derecho de petición. Las comunicaciones correspondían a preguntas periodísticas enviadas para contrastar denuncias antes de publicar. El plazo informado tampoco pretendía sustituir los términos legales aplicables a una solicitud formal.
La interventora remitió luego el contacto de Everlidys Martínez, a quien identificó como encargada de las relaciones externas institucionales con los periodistas. Señaló que sería más fácil tramitar las inquietudes con ella que hacerlo directamente con la gerencia; sin embargo, las preguntas se dirigieron a Lina de Armas porque varias se relacionaban con decisiones adoptadas durante su intervención, afirmaciones realizadas por ella y actuaciones del despacho a su cargo.
De Armas cuestionó el origen de las denuncias
En otro audio, enviado a la 1:32 p. m., De Armas sostuvo que la información provenía de un canal de WhatsApp y no de una denuncia presentada por los conductos regulares. También afirmó que el Hospital había habilitado dos correos institucionales para recibir denuncias y aseguró que la administración trabaja con transparencia. Noticias del Cesar considera necesario diferenciar ambos escenarios. Una denuncia formal ante los organismos de control puede activar procedimientos administrativos, disciplinarios, fiscales o penales. En cambio, una fuente que acude a un medio entrega información para que los periodistas la comprueben, contrasten y sometan al derecho de respuesta.
Las fuentes de esta investigación no son anónimas para Noticias del Cesar. Una cuestión diferente es la obligación de proteger su identidad cuando existe un compromiso de confidencialidad. Esa reserva no convierte automáticamente en ciertos sus señalamientos ni releva al medio del deber de verificarlos; por esa razón, esta investigación separa los documentos comprobados de las versiones que todavía requieren corroboración. También excluye acusaciones graves para las cuales no existe prueba independiente suficiente.
De Armas invitó, posteriormente, al medio a un encuentro institucional previsto para el miércoles a las 8:00 a. m. Noticias del Cesar agradeció la invitación, pero reiteró que ese espacio no sustituía las respuestas prometidas para el lunes ni modificaba el cierre editorial ya comunicado.
Este medio mantiene abierto el espacio para Lina de Armas, el Hospital Rosario Pumarejo de López y las demás personas mencionadas. Si llegan respuestas o documentos posteriores, serán incorporados mediante una actualización o publicados de manera íntegra, según corresponda.
