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Una nueva controversia administrativa se abrió en el Hospital Rosario Pumarejo de López. La agente especial interventora, Lina María de Armas Daza, confirmó la salida de Sabas Antonio Vega Mejía de la Subgerencia Administrativa y Financiera, pero advirtió que un documento divulgado inicialmente sobre esa decisión no corresponde, según ella, a la resolución original y contendría una firma suya falsificada.
La decisión de retirar a Vega sí existe oficialmente, de acuerdo con la copia entregada por De Armas. Se trata de la Resolución 504 del 31 de agosto de 2026, mediante la cual fue declarado insubsistente su nombramiento en el cargo de Subgerente, código 090, grado 03, considerado de libre nombramiento y remoción.
Lina de Armas cuestiona el documento que circuló
La controversia surgió porque previamente había circulado una resolución diferente relacionada con la salida del funcionario. Al conocerla, De Armas aseguró que ese documento no fue expedido por ella y sostuvo públicamente que incluso su firma habría sido falsificada.
“Me falsificaron la firma”, afirmó la interventora al medio TuPerfil, al entregar posteriormente la que identifica como resolución auténtica. Hasta ahora no se conoce públicamente quién habría elaborado o puesto en circulación el documento cuestionado ni si el hospital presentó una denuncia penal o disciplinaria para establecer responsabilidades.
La resolución aportada por la gerente establece que la Dirección Operativa de Recursos Humanos debía comunicar la decisión a Vega. Una comunicación también fechada el 31 de agosto, firmada por el director de Talento Humano, Juan Carlos Trespalacios Torres, informó al funcionario sobre la declaratoria de insubsistencia.
Sabas Vega anuncia acciones judiciales
Antes de la aclaración de De Armas, Vega había cuestionado las circunstancias de su salida. El exsubgerente aseguró que se encontraba bajo atención médica debido a problemas de salud cuando conoció que la administración pretendía notificarle la decisión de retirarlo del cargo.
Su abogado, Belisario Jiménez, anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la que buscará que un juez revise la legalidad de la decisión. Será esa jurisdicción la encargada de determinar si existen fundamentos para controvertir el acto administrativo.
El hecho de que Vega estuviera recibiendo atención médica al momento de conocer la decisión hace parte de los argumentos planteados por su defensa. Sin embargo, hasta ahora no existe una decisión judicial que haya suspendido o dejado sin efecto la Resolución 504.
Vega había expuesto recientemente la crisis financiera
Sabas Antonio Vega había tenido exposición pública semanas antes de su salida como uno de los funcionarios encargados de explicar la compleja situación financiera del Rosario Pumarejo. En agosto señaló que la falta de liquidez estaba asociada, entre otros factores, a los retrasos de las EPS en el pago de los servicios prestados por el hospital.
La institución continúa bajo intervención y enfrenta una situación financiera delicada. Lina de Armas informó recientemente que el hospital acumulaba pasivos superiores a $76.000 millones y reconoció que la entidad no cuenta actualmente con capacidad para cancelar la totalidad de sus obligaciones.
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Queda por establecer quién elaboró el documento cuestionado
La salida de Vega está respaldada por la resolución que la interventora identifica como oficial. Un asunto distinto es la procedencia del documento que circuló inicialmente y sobre el cual De Armas formuló la grave afirmación relacionada con una supuesta falsificación de su firma.
Hasta el momento no se conoce públicamente una investigación que haya determinado quién produjo ese documento, quién lo entregó o si efectivamente existió una conducta penal. Por ello, cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes y no puede atribuirse a una persona sin pruebas.
