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Bogotá acaba de dar un paso para cambiar la imagen de miles de postes saturados de cables: las redes nuevas de energía y telecomunicaciones deberán construirse bajo tierra, las existentes pasarán progresivamente al subsuelo y los cables abandonados tendrán que ser retirados. La medida abre una pregunta para Valledupar: ¿podría hacerse aquí? La respuesta técnica es sí y, además, la capital del Cesar ya tiene normas que ordenan el soterramiento en determinadas zonas desde hace más de una década.
El tema no es nuevo en la ciudad. El problema combina contaminación visual, ocupación del espacio público y riesgos derivados de cables desprendidos o instalados de manera desordenada.
Bogotá no quitará todos los postes de un día para otro
Lo aprobado en Bogotá no significa abrir simultáneamente todas las calles ni sepultar inmediatamente toda la red existente. El modelo es progresivo. El Concejo aprobó que las redes nuevas, las ampliaciones, reposiciones y reubicaciones de energía, alumbrado público y telecomunicaciones utilicen infraestructura subterránea, mientras el traslado de las redes actuales dependerá de su viabilidad técnica, urbanística, ambiental y económica.
También se ordenó identificar y retirar los cables que ya no prestan ningún servicio. Este punto es importante porque soterrar no consiste simplemente en bajar al subsuelo todo lo que actualmente cuelga de los postes: primero debe saberse qué red pertenece a la empresa de energía, cuál corresponde a internet, telefonía o televisión y cuáles cables están abandonados.
La dimensión del reto bogotano permite entender por qué se plantea una transición. Según la información presentada ante el Concejo, la red del sistema de alumbrado público tiene aproximadamente 8,4 millones de metros y más de 6,1 millones —72,36 %— permanecen en infraestructura aérea.
¿Cómo se meten realmente los cables bajo tierra?
No se trata de cavar una zanja, introducir el mismo cable que está en el poste y taparlo. Una red subterránea requiere cables específicamente aislados y resistentes a la humedad, canalizaciones, ductos, cámaras de inspección, drenajes, sistemas de puesta a tierra y protecciones eléctricas. El RETIE vigente fue actualizado mediante la Resolución 40284 de junio de 2026 y establece los requisitos técnicos para este tipo de instalaciones.
En términos sencillos, el proceso funciona así:
- Se inventaría la red existente. Se identifica qué cables están operativos, a quién pertenecen, qué tensión manejan y cuáles pueden retirarse definitivamente. Energía y telecomunicaciones deben permanecer técnicamente separadas aunque puedan aprovechar una misma intervención urbana. El propio POT de Valledupar exige independencia entre ambas infraestructuras.
- Se diseña un corredor subterráneo. Bajo el andén o la vía se construyen bancos de ductos diferenciados para electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, coordinándolos con las redes existentes de agua, alcantarillado y gas. El RETIE exige una separación útil mínima de 20 centímetros frente a otros servicios o una barrera de protección cuando esa distancia no pueda mantenerse.
- Se construyen cámaras de inspección. En tramos rectos, las canalizaciones deben disponer de cámaras o puntos de paso a distancias no mayores de 80 metros, salvo justificación técnica. Allí se realizan empalmes, derivaciones y labores de mantenimiento.
- Se controla el agua. Las cámaras necesitan sistemas de drenaje para impedir que una inundación genere riesgos eléctricos, mientras cables, uniones y aislamientos deben estar preparados para ambientes húmedos.
- Se migra el servicio y luego se retiran las redes aéreas. Una vez probada y energizada la nueva infraestructura, las viviendas y comercios pasan al circuito subterráneo. Después pueden desmontarse cables y estructuras que ya no sean necesarias.
Una ventaja de construir bancos de ductos bien planificados es que las futuras empresas pueden utilizar canalizaciones disponibles sin tener que romper nuevamente la calle cada vez que aparezca una nueva red. Bogotá incluyó precisamente entre sus lineamientos el aprovechamiento coordinado de infraestructura subterránea, para evitar intervenciones repetidas del espacio público.
Valledupar ya tiene la orden escrita desde 2015
Aquí aparece el dato más importante para el debate local: Valledupar no necesitaría empezar de cero para incorporar el concepto de redes subterráneas a su planeación urbana.
El artículo 226 del Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Acuerdo 011 de 2015, establece que las empresas de energía y telecomunicaciones deben soterrar redes de media y baja tensión en nuevos proyectos comerciales, industriales y dotacionales; nuevos desarrollos residenciales de estratos 3, 4, 5 y 6; áreas de renovación urbana y expansión, y obras vinculadas al Sistema Estratégico de Transporte.
El mismo POT señala que las nuevas redes eléctricas y de telecomunicaciones en zonas urbanas y de expansión de estratos 3 al 6 deben ser subterráneas. Incluso ordenó que las empresas estructuraran programas para las redes existentes y nuevas en esos sectores y en vías arteriales, particularmente aquellas relacionadas con el sistema de transporte.
Hay otra disposición todavía más directa: en las zonas donde se hayan ejecutado o vayan a ejecutarse proyectos de soterramiento no se permite instalar nuevamente redes aéreas. Además, Planeación Municipal, Obras Públicas, el sistema estratégico de transporte y las empresas prestadoras deben coordinar los corredores para las redes subterráneas.
El Centro Histórico tuvo incluso un plazo
El Centro Histórico representa un caso especial. El Plan Especial de Manejo y Protección fue expedido mediante la Resolución 3722 del 27 de noviembre de 2014 del Ministerio de Cultura. Ese instrumento incorporó el soterramiento de redes dentro de las obligaciones para proteger el paisaje patrimonial del sector.
En 2020, cuando se intervenían calles del Centro Histórico, se documentó que Electricaribe había entregado a la Alcaldía diseños técnicos para subterranizar las redes. También se anunciaron recursos para el alumbrado público y la canalización de redes de telecomunicaciones.
Sin embargo, el propio medio volvió a señalar en 2024 que varias obras de peatonalización realizadas en el Centro Histórico no habían incorporado plenamente el soterramiento previsto en el PEMP. Y en septiembre de 2026 volvió a registrar cables colgantes y redes desordenadas en diferentes sectores de la ciudad.
Es decir, la discusión para Valledupar no es solamente si debe crearse una norma similar a la de Bogotá, sino cuánto se ha cumplido de las disposiciones que la ciudad ya tiene.
¿Cómo podría aplicarse ahora en Valledupar?
Si se trasladara a Valledupar el modelo progresivo que Bogotá acaba de aprobar, el primer paso práctico sería un censo georreferenciado de postes y redes: energía, alumbrado público, fibra óptica, televisión, telefonía y cables abandonados. No todo lo que se observa en un poste pertenece a la empresa eléctrica.
Después podría definirse una programación por corredores. El propio POT ya ofrece criterios: Centro Histórico, vías arteriales, trazados del sistema estratégico de transporte, proyectos de renovación urbana, expansión y nuevos desarrollos. Es decir, la priorización podría apoyarse en reglas que ya existen en la planeación municipal.
En la parte eléctrica tendría que intervenir Energua, que desde el 1 de septiembre de 2026 asumió la distribución y comercialización de energía en Valledupar y otros 18 municipios del Cesar. En paralelo tendrían que participar los operadores de telecomunicaciones, alumbrado público y las dependencias municipales responsables de Planeación, infraestructura y espacio público.
La obra civil podría coordinarse con intervenciones que de todas maneras obliguen a abrir vías o andenes. Ese es precisamente uno de los puntos de la experiencia bogotana: hacer coincidir la transformación de las redes con proyectos urbanos para evitar romper el espacio público varias veces.
¿Y podría hacerse en todo el Cesar?
El esquema también puede trasladarse a otros centros urbanos del departamento, aunque no necesariamente con la misma intensidad ni al mismo tiempo. Energua opera actualmente en 19 municipios del Cesar, entre ellos Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego, El Paso, Chiriguaná, Curumaní y Aguachica.
Una aplicación departamental requeriría coordinar los proyectos eléctricos con los instrumentos de ordenamiento y las obras públicas de cada municipio. El modelo bogotano, de hecho, no plantea trasladar indiscriminadamente el 100 % de las redes de manera inmediata: establece una migración gradual según viabilidad técnica, urbanística, ambiental y económica.
En el Cesar esto permitiría diferenciar los núcleos urbanos densos, centros históricos, zonas comerciales y nuevos desarrollos de las extensas redes rurales. La solución subterránea tiene condiciones técnicas y económicas distintas según el territorio y no necesariamente sustituye a toda red aérea.
El costo es el principal desafío
Enel Colombia manifestó durante el debate de Bogotá que no se opone al soterramiento, pero advirtió que trasladar de manera generalizada las redes eléctricas exige evaluar costos, condiciones regulatorias, excavaciones, interferencias con otras redes y dificultades técnicas particulares de cada zona. La compañía defendió un proceso gradual y coordinado con la planeación urbana.
Ese mismo dilema aparecería en Valledupar. Enterrar una red demanda una inversión inicial considerable en obra civil, cámaras, ductos, cables especiales y sistemas de drenaje. Por eso, la experiencia de Bogotá se está planteando como una transformación progresiva y no como una operación para retirar todos los postes simultáneamente.
La diferencia es que Valledupar tiene un punto de partida particular: la ciudad ya incorporó el soterramiento de redes en su POT desde 2015. Diez años después, mientras Bogotá convierte el tema en uno de sus nuevos frentes de modernización urbana, la discusión local puede centrarse ahora en determinar qué redes ya debieron soterrarse, cuáles siguen pendientes y qué corredores podrían incorporarse a futuros proyectos.
