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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que eliminaba la prima especial de servicios para los congresistas que asumirán sus curules desde el próximo 20 de julio. La medida cautelar mantendrá este componente salarial mientras el alto tribunal estudia una demanda que busca anular la norma.
La decisión afecta el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro. Esa disposición había ordenado retirar la prima a los nuevos senadores y representantes a la Cámara. El beneficio representa cerca de 17 millones de pesos mensuales dentro de la remuneración de cada parlamentario.
Tribunal busca evitar efectos difíciles de revertir
El Consejo de Estado consideró necesario detener temporalmente la aplicación del decreto. Según el tribunal, su entrada en vigencia podría producir consecuencias jurídicas y económicas difíciles de revertir si posteriormente la norma resulta anulada.
Por esa razón, la suspensión no representa una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. Se trata de una medida preventiva que estará vigente hasta que los magistrados resuelvan el proceso de nulidad.
La orden impide que el recorte comience a aplicarse el 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el nuevo Congreso de la República. En consecuencia, los parlamentarios conservarán por ahora la prima especial dentro de sus ingresos.
Recorte podría afectar a otros funcionarios
Uno de los principales argumentos está relacionado con el impacto que tendría la medida sobre otros servidores públicos. La remuneración de varios altos funcionarios está vinculada legalmente con los ingresos de los congresistas.
El efecto podría extenderse a servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional. Por lo tanto, una reducción para los parlamentarios también podría modificar otros sistemas salariales del Estado.
Además, el tribunal encontró un posible trato desigual entre quienes asumieron una curul antes del 20 de julio y aquellos que se posesionarán después. Ambos grupos tendrían las mismas funciones y responsabilidades, pero recibirían remuneraciones diferentes por la fecha de su vinculación.
La decisión final continúa pendiente
El Gobierno había justificado la eliminación de la prima como una medida de austeridad y justicia social. También señaló que la remuneración de los congresistas resultaba desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos.
Sin embargo, la suspensión deja sin aplicación ese recorte mientras avanza el proceso judicial. El Consejo de Estado deberá determinar si el Gobierno tenía competencia para eliminar la prima y si la medida respetó las garantías salariales establecidas en la ley.
Hasta que exista un fallo definitivo, los nuevos congresistas continuarán recibiendo la prima especial de servicios.
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