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Un usuario con privilegios de administrador dentro del sistema académico de la Fundación de Educación Superior San José aparece en el centro del caso por los títulos otorgados a Juliana Guerrero. La investigación judicial reconstruyó cómo una autorización interna permitió expedir documentos que la acreditaban como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que no se habían cumplido los requisitos académicos.
La pieza clave es Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución. El funcionario terminó condenado a tres años de prisión después de aceptar, mediante un preacuerdo, su participación en la expedición irregular de los documentos. También recibió una inhabilidad de 44 meses para ejercer cargos y funciones públicas.
El usuario 3486 tenía capacidad para aprobar los grados
Según la reconstrucción revelada por Semana, a mediados de julio de 2025 el usuario 3486 ingresó a la plataforma MiMatrix. Esa cuenta estaba bajo control de Gutiérrez Martínez y le permitía validar solicitudes académicas, autorizar grados e incluso anularlos cuando los estudiantes no cumplían las condiciones exigidas.
En el caso de Guerrero, validadores externos habían rechazado previamente la solicitud. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el entonces secretario general utilizó su perfil administrativo para aprobar manualmente la expedición de los diplomas y actas de grado.
La investigación determinó que los documentos correspondían a los programas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. El Ministerio de Educación confirmó posteriormente que no encontró evidencia de que Guerrero hubiera presentado las pruebas de Estado exigidas para esos programas.
Ministerio de Educación encontró fallas en los controles
El caso trascendió la responsabilidad individual. En febrero de 2026, el Ministerio de Educación ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la Fundación de Educación Superior San José.
La resolución oficial señaló que la institución habría expedido títulos sin tener certeza sobre el cumplimiento de las pruebas Saber Pro y Saber TyT. En el expediente aparecen, además de Guerrero, otros casos que llevaron al Ministerio a cuestionar los mecanismos internos utilizados para verificar los requisitos de graduación.
Así, el episodio dejó de ser únicamente una discusión sobre dos diplomas. También abrió interrogantes sobre quiénes podían modificar registros académicos, qué controles existían dentro de la plataforma y cómo documentos rechazados terminaron siendo autorizados.
Los títulos buscaban respaldar su llegada a un viceministerio
Los documentos adquirieron relevancia porque fueron incorporados a la hoja de vida con la que Guerrero buscaba cumplir los requisitos para llegar al Viceministerio de las Juventudes del Ministerio de Igualdad.
La Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal y sostiene que habría presentado los documentos como auténticos para inducir en error a funcionarios encargados de revisar su nombramiento. Guerrero no aceptó los cargos, por lo que su responsabilidad deberá ser definida dentro del proceso judicial.
Esta precisión es fundamental: mientras Gutiérrez Martínez ya fue condenado después de reconocer su participación, Juliana Guerrero no tiene una condena por estos hechos.
La propia universidad terminó anulando los títulos
El 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Fundación decidió anular de manera unánime los dos títulos que habían sido expedidos a nombre de Guerrero. La decisión cerró administrativamente cualquier posibilidad de utilizar esas credenciales académicas.
El caso continuó, sin embargo, en la justicia penal. Después de varios meses de investigaciones, Gutiérrez aceptó su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público.
Su condena, conocida este 7 de septiembre, es hasta ahora la primera decisión judicial definitiva dentro del expediente.
Un caso que deja preguntas más allá de Juliana Guerrero
La reconstrucción conocida ahora permite observar que la irregularidad no dependió únicamente de un documento físico. El punto decisivo estuvo dentro del propio sistema informático de la institución, donde una cuenta con facultades administrativas podía sobreponerse a validaciones anteriores.
Ese detalle convierte el expediente en un asunto más amplio sobre los controles que deben existir en las instituciones de educación superior para impedir que una persona pueda obtener un título sin cumplir requisitos académicos.
Mientras avanza el proceso contra Guerrero, las actuaciones del Ministerio de Educación y la condena contra el exsecretario general dejan un hecho probado: desde el interior de la Fundación San José se autorizó irregularmente la expedición de los documentos académicos.
Ahora la justicia deberá determinar la responsabilidad individual de quienes aún permanecen vinculados al proceso y establecer si el mecanismo descubierto fue un episodio aislado o si existen otros casos bajo la misma modalidad.
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