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La Secretaría de Transparencia pidió la intervención conjunta de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El Gobierno busca que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el archipiélago sean coordinadas desde Bogotá.
El enfrentamiento entre el presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora de San Andrés tuvo una nueva repercusión. El Gobierno nacional solicitó la intervención de tres organismos de control e investigación para examinar presuntos entramados de corrupción en el archipiélago. El anuncio fue realizado este domingo 18 de octubre por la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana. La funcionaria explicó que la solicitud responde a instrucciones directas del mandatario, después de escuchar denuncias de habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La decisión anunciada por el Ejecutivo involucra a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la petición tiene un ingrediente adicional: el Gobierno quiere que las investigaciones sean coordinadas desde Bogotá, con el propósito de evitar posibles interferencias de intereses políticos y económicos locales.
De los señalamientos del presidente a la intervención solicitada
La declaración de Lombana se produjo después del enfrentamiento público entre De la Espriella y la gobernadora del archipiélago. Durante su visita a San Andrés, el mandatario formuló cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y mencionó presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y la corporación ambiental Coralina. En su intervención, el presidente manifestó: «Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir».
Ese pronunciamiento volvió a aparecer como parte del video difundido por Presidencia, esta vez en medio de la explicación de las medidas solicitadas por la Secretaría de Transparencia. Las afirmaciones presidenciales constituyen señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades competentes. No equivalen, por sí mismas, a pruebas de responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria.
La contratación pública, en el centro de las sospechas
Lombana dedicó buena parte de su intervención a explicar un fenómeno que denominó cooptación de la contratación pública. Según la funcionaria, esta modalidad comienza cuando determinados contratistas concentran las adjudicaciones de una región. Posteriormente, esos mismos intereses podrían extender su influencia a las campañas políticas, los nombramientos y las decisiones administrativas. «Las gobernaciones y las alcaldías dejan de ser del pueblo y empiezan a ser de los feudos políticos y los contratistas corruptos», afirmó.
La secretaria sostuvo que el escenario más preocupante aparece cuando esas estructuras también consiguen influir sobre las entidades encargadas de investigarlas. Bajo esa interpretación, los problemas de contratación denunciados en el archipiélago no serían necesariamente episodios independientes. El Gobierno considera que podrían formar parte de un entramado más amplio, hipótesis que requiere comprobación.
Las tres medidas que solicita el Gobierno
La Secretaría de Transparencia expuso tres solicitudes dirigidas a los organismos competentes. Primero, trasladar la coordinación de las investigaciones a Bogotá. El Ejecutivo pide que los procesos relacionados con posibles irregularidades sean examinados conjuntamente. El propósito es identificar conexiones entre hechos ocurridos en diferentes entidades. Segundo, activar mecanismos especiales de control. La petición contempla que la Procuraduría evalúe el ejercicio de su poder preferente y la Contraloría, el control excepcional. Ambas herramientas deben aplicarse dentro de las respectivas competencias legales.
Tercero, conformar un grupo especial de investigación. El Gobierno propone reunir a funcionarios que trabajen desde fuera del archipiélago. Su tarea sería analizar las denuncias en conjunto y reducir posibles presiones locales. Lombana justificó la iniciativa argumentando que, según los testimonios recibidos durante la visita presidencial, las actuaciones de los organismos locales no habrían producido los resultados esperados. «No desconfiamos de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla», manifestó.
¿Qué significa que las investigaciones se manejen desde Bogotá?
La propuesta supone acudir a mecanismos legales que permiten a determinados organismos nacionales asumir actuaciones que normalmente se tramitan en otras dependencias. En el caso de la Procuraduría, el poder disciplinario preferente permite asumir investigaciones bajo las condiciones previstas por la legislación. Su aplicación corresponde a la propia entidad y requiere una valoración fundamentada. La solicitud del Ejecutivo, por tanto, no implica que todos los expedientes hayan sido trasladados automáticamente.
Tampoco significa que los tres organismos deban actuar bajo la dirección de la Presidencia. Cada institución conserva sus competencias, autonomía y procedimientos. Hasta el momento, el anuncio examinado corresponde a una petición gubernamental. No se dispone de confirmación sobre la aceptación de todas las medidas solicitadas ni sobre la conformación efectiva del grupo especial.
«La distancia con Bogotá ya no es garantía de impunidad»
La secretaria de Transparencia también envió un mensaje a quienes, según las denuncias recibidas, podrían estar utilizando los contratos estatales para obtener beneficios particulares. «A quienes han convertido la contratación pública en un negocio propio, les decimos con claridad, el Gobierno nacional está atento y las autoridades van a actuar. La distancia con Bogotá ya no es garantía de impunidad», expresó.
Lombana pidió a la ciudadanía presentar denuncias ante las autoridades competentes. También aseguró que el Gobierno pretende proteger a los funcionarios y empresarios que actúan dentro de la legalidad. «Por eso pedimos una intervención desde Bogotá para salvar las islas», concluyó.
Una nueva etapa del enfrentamiento político
El anuncio transforma el alcance de la controversia que comenzó con los cuestionamientos públicos del presidente a la administración departamental. La discusión ya no gira únicamente alrededor de las declaraciones del mandatario o de las respuestas políticas que puedan provocar. Ahora existe una solicitud oficial para que las autoridades nacionales examinen posibles conexiones entre distintas denuncias de corrupción.
Quedan, sin embargo, preguntas fundamentales: cuáles son los contratos específicos bajo sospecha, qué funcionarios o particulares podrían estar involucrados y qué actuaciones adelantan actualmente los organismos competentes. Las respuestas dependerán de las verificaciones e investigaciones que lleguen a realizarse. Por ahora, el Gobierno de De la Espriella ha dado un paso político e institucional al solicitar la intervención nacional. Corresponderá a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinar el alcance de las actuaciones y establecer si existen responsabilidades.
