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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular contra el traslado de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a Cali. Con esta decisión, el Tribunal admite demanda y empieza a estudiar una solicitud de suspensión provisional.
Sin embargo, la admisión no detiene la ceremonia programada para este viernes 7 de agosto en la Arena USC. Por ahora, el acto presidencial continúa en la agenda oficial.
El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano firmó el auto el 3 de agosto de 2026. Antes de decidir la medida cautelar, el funcionario pidió información jurídica, presupuestal, logística y de seguridad.
El ciudadano David Fernando Cano Mazuera presentó la acción popular y solicitó una decisión de urgencia.
Tribunal admite demanda y solicita documentos
La acción está dirigida contra el Congreso de la República y varias autoridades encargadas de organizar el evento. No obstante, su propósito no consiste en impedir que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia.
La solicitud busca evitar que el traslado se ejecute sin los documentos y estudios que respaldan esa decisión. Según el demandante, las autoridades deben justificar el cambio de sede y el uso de los recursos públicos.
Cano Mazuera aseguró que la medida podría afectar la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Además, mencionó posibles riesgos para la seguridad, la salubridad y la transparencia.
También cuestionó la legalidad del gasto y los mecanismos utilizados para autorizar el traslado de la ceremonia.
La acción cuestiona el traslado y no la posesión
Como medida cautelar, el demandante pidió suspender las decisiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. Estas autorizaciones permiten trasladar la sede del Congreso a Cali durante la ceremonia presidencial.
Asimismo, solicitó que las entidades no comprometan recursos adicionales mientras explican la necesidad y la viabilidad presupuestal del evento.
Por lo tanto, la demanda no busca impedir la investidura del presidente electo. La discusión judicial se concentra en el cambio de sede y en los procedimientos que respaldaron esa determinación.
De esta manera, el Tribunal admite demanda, pero todavía no toma una decisión sobre la suspensión solicitada.
Tribunal decidirá después de revisar los soportes
El despacho ordenó al presidente del Congreso entregar las proposiciones aprobadas, las actas y las votaciones. También pidió las certificaciones de quórum y los conceptos jurídicos que respaldaron el traslado.
Por otra parte, el Tribunal solicitó información al Ministerio de Defensa y a la Alcaldía de Cali. Las entidades deberán explicar los dispositivos de seguridad, movilidad, evacuación y atención de protestas.
Además, deberán presentar sus planes de gestión del riesgo y protección de congresistas, periodistas, invitados y ciudadanos.
El plazo para entregar los documentos vence este martes 4 de agosto a las 5:00 de la tarde.
El despacho también vinculó al presidente del Congreso y a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda. Asimismo, convocó a la directora del Dapre, al director de la Unidad Nacional de Protección y al alcalde de Cali.
Además, vinculó a Abelardo de la Espriella como tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Por ahora, la posesión continúa programada para el viernes 7 de agosto en la Arena USC. El Tribunal deberá decidir si suspende el traslado o mantiene la organización aprobada por el Congreso.