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Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía sostiene que 3,9 millones de votos atípicos de Cepeda podrían estar relacionados con presuntos actos de constreñimiento ejercidos por grupos armados ilegales. Los denunciantes aseguran que el patrón se habría registrado en 25.029 mesas de 520 municipios. Sin embargo, la cifra todavía no ha sido validada por una autoridad judicial y una votación estadísticamente inusual no constituye, por sí misma, prueba de un delito.
La denuncia sobre un supuesto «voto fusil» en las elecciones presidenciales del 21 de junio desató una nueva controversia nacional. La Fundación Misión Colombia Transparente afirma haber identificado 3.949.159 votos obtenidos por Iván Cepeda en territorios marcados por la presencia de estructuras armadas ilegales.
Esa cantidad corresponde al 31,07 % de los 12.708.712 sufragios alcanzados por el candidato del Pacto Histórico en el preconteo de la segunda vuelta. La operación matemática coincide. No obstante, el debate se concentra ahora en determinar si esos votos pueden considerarse realmente producto de amenazas o presiones.
La denuncia señala 25.029 mesas
De acuerdo con lo expuesto por Sergio Alzate, director de la organización denunciante, el análisis encontró posibles atipicidades en 25.029 mesas, instaladas en 5.654 puestos de votación correspondientes a 520 municipios.
Los hallazgos se concentrarían especialmente en Nariño, Cauca, Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá y la región del Catatumbo. Los denunciantes relacionaron estos territorios con la presencia de las disidencias dirigidas por alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, la Segunda Marquetalia, el ELN, los Comandos de Frontera, la Coordinadora Guerrillera y el Clan del Golfo.
La denuncia menciona a Cepeda como presunto beneficiario electoral de las conductas señaladas. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado públicamente una prueba que permita atribuirle al excandidato o a su campaña la organización, financiación o coordinación de las supuestas presiones.
Ese punto resulta esencial: ser señalado como eventual beneficiario de un hecho no equivale a ser responsable de haberlo promovido.
Cómo calcularon los votos atípicos de Cepeda
Según la explicación divulgada por los promotores de la denuncia, el estudio comenzó identificando mesas donde Cepeda obtuvo entre el 70 % y el 100 % de los votos.
Luego, los resultados fueron cruzados con mapas de riesgo electoral, alertas de la Defensoría del Pueblo e información sobre presencia y dominio territorial de organizaciones armadas. Finalmente, los votos depositados a favor de Cepeda en las mesas seleccionadas fueron clasificados como atípicos.
Los denunciantes aseguran que también entregaron a la Fiscalía audios, videos y otros elementos que, a su juicio, demostrarían presiones contra algunas comunidades.
No obstante, esos elementos deberán ser examinados individualmente. La Fiscalía tendrá que establecer en qué lugares ocurrieron las amenazas, quiénes las impartieron, a cuántos electores afectaron y si existe una relación verificable entre las presiones y los resultados de cada mesa.
Un voto atípico no es automáticamente fraudulento
Una votación superior al 70 %, 80 % o incluso 100 % puede justificar una revisión. Sin embargo, no demuestra automáticamente que los ciudadanos fueron obligados a votar.
Existen territorios que históricamente apoyan de manera mayoritaria a una corriente política. También hay comunidades donde factores sociales, económicos, étnicos o regionales producen resultados muy concentrados.
Por esa razón, convertir todos los votos de una mesa ubicada en un territorio con presencia armada en sufragios constreñidos puede conducir a una conclusión equivocada. La existencia de un grupo ilegal en un municipio no prueba que cada elector haya actuado bajo amenaza.
La Fundación Ideas para la Paz analizó el fenómeno del llamado «voto fusil» utilizando información por puestos de votación y características territoriales. Encontró comportamientos que merecen investigación, pero advirtió que las anomalías fueron localizadas, heterogéneas y territorialmente concentradas.
La FIP también estableció que las mesas donde un solo candidato recibió el 100 % de los votos representaron menos del 0,5 % de la votación nacional. Por lo tanto, aunque esos casos deben revisarse, su dimensión no permite explicar por sí sola el resultado de las elecciones.
Además, los puestos que pasaron a estar en zonas de dominio o disputa armada registraron, en promedio, una reducción cercana a cuatro puntos en la participación. Es decir, la presencia armada no produjo en todo el país un aumento uniforme de votantes, sino comportamientos diferentes según cada territorio.
La MOE sí recibió denuncias de presiones
La Misión de Observación Electoral informó que durante la segunda vuelta recibió 309 reportes de posibles irregularidades, provenientes de 25 departamentos, 89 municipios, Bogotá y varios países.
El 32,4 % de esos reportes se relacionó con situaciones que podrían afectar la libertad del voto. Allí se incluyeron presuntos casos de compra de sufragios, entrega de beneficios, presiones contra comunidades y exigencias de fotografías del tarjetón.
Estos registros confirman que hubo alertas que deben ser investigadas. Sin embargo, 309 reportes ciudadanos no demuestran que cuatro millones de personas hayan votado obligadas.
La misma MOE describió la segunda vuelta como una jornada generalmente tranquila y reconoció el trabajo de las autoridades, los jurados y los testigos electorales.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso como transparente y bien organizado, aunque reconoció los desafíos relacionados con la seguridad y la presencia de grupos ilegales en algunas regiones.
Íngrid Betancourt amplificó la denuncia
La controversia ganó fuerza después de que Íngrid Betancourt compartiera el informe en su cuenta de X.
“Les faltó comprar 200 mil votos y ganaban”, afirmó la excandidata presidencial al comentar los resultados difundidos por Misión Colombia Transparente.
Sin embargo, aquí existe una diferencia jurídica importante. La denuncia expuesta en el video habla principalmente de constreñimiento al sufragante, es decir, de amenazas o presiones. La compra de votos corresponde a otra conducta y requiere demostrar la entrega o promesa de dinero, bienes o beneficios.
También debe precisarse que la diferencia del preconteo fue de 250.830 votos: Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542, mientras Cepeda alcanzó 12.708.712. Por tanto, la referencia de Betancourt a 200.000 votos fue una aproximación política y no la cifra exacta del resultado.
El exsenador Carlos Felipe Mejía también aseguró que cuatro millones de sufragios fueron «voto fusil». Otros usuarios presentaron las cifras como una prueba definitiva del delito.
Sin embargo, las cifras forman parte de una denuncia, no de una sentencia ni de una conclusión oficial de la Fiscalía.
La Fiscalía investigará los votos atípicos de Cepeda
Hasta el momento de esta publicación no se conocía un pronunciamiento de la Fiscalía que confirmara la apertura formal de una investigación, validara la metodología utilizada o reconociera los 3.949.159 votos como producto de constreñimiento.
La entidad cuenta con un plan especial para recibir, investigar y judicializar delitos electorales, entre ellos las conductas que afectan la libertad del sufragante.
Para comprobar la denuncia no será suficiente demostrar que un candidato obtuvo porcentajes elevados en municipios afectados por el conflicto. Será necesario identificar amenazas concretas, víctimas, responsables, lugares, fechas y mecanismos de coacción.
También deberá determinarse si los audios y videos anunciados corresponden a las elecciones del 21 de junio, si son auténticos y si permiten vincular las amenazas con determinadas mesas.
La acusación es grave y no debe ser descartada. Pero tampoco puede presentarse como un hecho probado antes de que las autoridades examinen la documentación.
La investigación deberá establecer cuántos electores fueron realmente constreñidos, qué organizaciones intervinieron y si las presiones tuvieron una incidencia comprobable en los resultados. Hasta entonces, los 3,9 millones corresponden a una estimación de los denunciantes, no a cuatro millones de votos declarados ilegales.