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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno recurrirá las decisiones judiciales relacionadas con bombardeos y aspersión aérea, dos componentes centrales de su política contra los grupos armados y los cultivos ilícitos. El mandatario aseguró durante su alocución de este domingo que respetará los fallos, pero defenderá las facultades constitucionales del Ejecutivo.
Las decisiones judiciales afectan, por separado, las operaciones aéreas en lugares donde exista información sobre presencia de menores reclutados y el plan piloto de fumigación con glufosinato de amonio que el Gobierno pretendía desarrollar en Putumayo.
Bombardeos y aspersión aérea seguirán en la agenda del Gobierno
De La Espriella dedicó uno de los puntos de su intervención a responder a las recientes determinaciones de los jueces. El presidente afirmó que su administración acatará el Estado de derecho. Sin embargo, dejó claro que utilizará los mecanismos legales disponibles para defender su estrategia de seguridad.
“Respeto absoluto por la justicia”, manifestó el mandatario durante la alocución. Luego sostuvo que también habrá una defensa firme de las facultades constitucionales de la Presidencia.
El Gobierno enfrenta actualmente dos controversias judiciales diferentes. Una está relacionada con los bombardeos contra campamentos de organizaciones armadas. La otra corresponde al intento de reactivar la erradicación aérea de cultivos ilícitos.
Jueza mantiene restricción a bombardeos donde pueda haber menores
El primero de los casos corresponde a una decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá. Ese despacho ordenó suspender operaciones militares aéreas ofensivas sobre objetivos donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados.
El Gobierno cuestionó la medida e intentó controvertirla. Sin embargo, el 10 de septiembre la jueza rechazó la impugnación contra la medida cautelar, por lo que la restricción permanece vigente mientras continúa el proceso.
La discusión cobró especial importancia después de operaciones militares realizadas durante las primeras semanas de la administración De La Espriella. En una de ellas, desarrollada en El Retorno, Guaviare, Medicina Legal confirmó la muerte de tres menores de 15 y 16 años que habían sido reclutados por estructuras armadas.
Desde el Gobierno se ha insistido en que el reclutamiento de menores constituye un crimen de los grupos ilegales. Además, funcionarios han advertido que una prohibición demasiado amplia podría incentivar que las organizaciones utilicen niños y adolescentes para impedir operaciones de la Fuerza Pública.
Juez también frenó aspersión aérea en Putumayo
El segundo frente mencionado por De La Espriella corresponde al plan piloto para retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos.
El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender temporalmente cualquier aspersión con glufosinato de amonio en Putumayo. La determinación se produjo mientras estudia una tutela relacionada con posibles afectaciones a la salud, el agua y el medio ambiente.
El programa gubernamental contemplaba una fase experimental de siete días y una intervención máxima de 1.000 hectáreas. Para ello estaban previstas aeronaves tripuladas dentro de la denominada Estrategia Esmeralda Plus.
El juez consideró necesario contar con información adicional sobre los efectos territoriales, sociales y ambientales antes de permitir el comienzo del proyecto. Por esa razón, la suspensión tiene carácter provisional mientras se toma una decisión de fondo.
Abelardo anuncia batalla jurídica por su estrategia de seguridad
Durante la alocución, el presidente evitó plantear un desconocimiento de las decisiones judiciales. En cambio, anunció que el Ejecutivo continuará utilizando los recursos jurídicos disponibles para defender su política.
De La Espriella también reiteró su rechazo al reclutamiento de menores por parte de organizaciones armadas. Al mismo tiempo, sostuvo que las restricciones judiciales no deben sustituir las competencias constitucionales correspondientes al Gobierno en materia de seguridad y defensa.
El debate continuará ahora en los despachos judiciales. Mientras tanto, tanto los bombardeos y aspersión aérea quedan sometidos a restricciones que inciden directamente en dos de las estrategias con las que el nuevo Gobierno pretende combatir a las organizaciones narcotraficantes y los cultivos ilícitos.
