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Abelardo vs. gobernador de Nariño es el nuevo choque político que abrió la discusión sobre la seguridad y los diálogos territoriales. El presidente advirtió a Luis Alfonso Escobar por posibles contactos clandestinos con grupos armados; sin embargo, el mandatario departamental negó cualquier acuerdo secreto. Gustavo Petro también intervino y presentó una cifra que requiere varias precisiones.
La controversia comenzó durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar. Allí, Abelardo de la Espriella fijó los límites que tendrán los alcaldes y gobernadores frente a las organizaciones armadas ilegales. El mandatario sostuvo que ninguna autoridad territorial puede negociar por fuera de los canales definidos por el Gobierno nacional.
“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, afirmó el presidente. La frase, pronunciada frente a los mandatarios departamentales, circuló rápidamente en redes sociales y medios nacionales.
Antes de dirigirse directamente a Escobar, Abelardo lanzó una advertencia general. Según explicó, ningún alcalde o gobernador puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Además, aseguró que quien atraviese esa línea deberá responder ante la justicia.
El presidente también rechazó cualquier pacto paralelo mientras la Fuerza Pública combate a esas organizaciones. “No voy a tolerar, bajo ninguna circunstancia, que alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, señaló durante su intervención.
Gobernador de Nariño negó negociaciones clandestinas
Luis Alfonso Escobar respondió horas después a través de su cuenta de X. El gobernador coincidió en que las negociaciones de paz son competencia del Gobierno nacional. No obstante, negó de forma categórica que su administración haya mantenido contactos secretos con grupos armados. “El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas, ni acuerdos por debajo de la mesa”, manifestó Escobar. Asimismo, aseguró que los Diálogos Regionales de Paz fueron conducidos por delegados del anterior Gobierno nacional y no por funcionarios departamentales.
Escobar defendió el enfoque territorial aplicado en Nariño. En su criterio, las características particulares del conflicto exigen respuestas diferenciadas. También invitó al presidente a conocer los resultados alcanzados y los desafíos que todavía enfrenta el departamento. El gobernador evitó una confrontación directa y aseguró que comparte varios objetivos del Ejecutivo. Entre ellos, mencionó la protección de la vida, la recuperación de la seguridad y una mayor presencia estatal; sin embargo, defendió una estrategia que combine seguridad, transformación social, desarrollo y oportunidades.
Su respuesta también recordó que, desde junio de 2026, había solicitado evaluar los procesos desarrollados en el territorio. En ese momento, Escobar pidió revisar los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur. Según argumentó, estos espacios habían sido autorizados durante el Gobierno Petro.
La advertencia presidencial ocurrió, además, después del cierre de varios mecanismos heredados de la política de Paz Total. Entre ellos figura la mesa con Comuneros del Sur, estructura con presencia en Nariño. De esta manera, el episodio refleja las diferencias entre el nuevo modelo de seguridad y la estrategia aplicada durante la administración anterior.
Hasta el momento, las fuentes consultadas no muestran pruebas públicas de una negociación clandestina encabezada por Escobar. Por tanto, el señalamiento debe presentarse como una advertencia del presidente y no como una conducta comprobada del gobernador.
Petro intervino, pero su cifra necesita contexto
Gustavo Petro entró en la discusión con una defensa de los diálogos desarrollados en Nariño. El expresidente afirmó que estos procesos redujeron “a la mitad” la tasa de homicidios. También aseguró que quienes rechazan esa política quieren conducir al departamento hacia una nueva etapa de violencia. Petro fue más allá e invitó al pueblo nariñense a expresarse. Con ese mensaje, el debate superó la diferencia entre el presidente y el gobernador. Además, se convirtió en una confrontación entre dos visiones sobre la manera de enfrentar a las estructuras armadas.
Las cifras disponibles confirman una reducción importante de los homicidios, aunque no respaldan exactamente la proporción mencionada por Petro. Un análisis elaborado con registros del SIEDCO señala que Nariño pasó de 533 homicidios en 2022 a 299 en 2025. Esto equivale a una disminución aproximada del 43,9 %, cercana a la mitad, pero inferior al 50 %. La tasa departamental llegó a 17,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El análisis también advierte sobre las diferencias entre las subregiones.
Por su parte, la Gobernación reportó descensos consecutivos del 20 % y el 27 % durante 2024 y 2025. Al acumular ambas variaciones, la reducción se aproxima al 41,6 %. En cambio, las muertes violentas asociadas específicamente al conflicto armado sí disminuyeron cerca del 50 % entre esos dos años. Se trata de indicadores diferentes.
Tumaco presenta una caída mucho más pronunciada. Según la Gobernación, su tasa pasó de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 a 14,4 en los reportes más recientes. Por consiguiente, buena parte de la reducción departamental se concentra en Tumaco y otros municipios del Pacífico nariñense. El balance aparece en un boletín oficial del departamento.
No obstante, las estadísticas no permiten concluir que los diálogos causaron por sí solos esa disminución. La reducción coincide con la aplicación de la estrategia territorial, pero también pudieron influir las operaciones oficiales y los cambios en el control criminal; por eso, establecer una relación directa exige un estudio más amplio.
El panorama de seguridad tampoco resulta uniforme. Aunque disminuyeron los homicidios, durante 2025 aumentaron nuevamente las denuncias por extorsión. Además, Nariño cerró 2024 con 74.548 hectáreas de coca, el registro más alto del departamento. Estos indicadores muestran que una reducción de asesinatos no equivale a superar las demás expresiones de la violencia.
Así, el episodio Abelardo vs. gobernador de Nariño deja dos discusiones abiertas. La primera consiste en determinar qué información motivó la advertencia presidencial contra Escobar. La segunda será evaluar si el nuevo modelo de seguridad conserva los avances regionales sin permitir negociaciones paralelas ni fortalecer el control de las estructuras criminales.
