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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que Angie fue amenazada y presionada para guardar silencio en medio de la controversia por el traslado de aproximadamente $1,2 billones del Fondo Adaptación. Su pronunciamiento provocó críticas y respaldos en redes sociales por el llamado que hizo a los funcionarios de esa entidad.
Lara sostiene que Angie fue amenazada
Rodrigo Lara informó que sostuvo una conversación telefónica con Angie Rodríguez y Didier Blanco, director designado de la Unidad Nacional de Protección.
Según el futuro ministro, Rodríguez les confirmó que ha recibido amenazas y que le exigieron guardar silencio. Lara vinculó esas presiones con la negativa de la funcionaria a autorizar el traslado de recursos del Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La afirmación de que Angie fue amenazada corresponde al relato que Lara divulgó después de hablar con ella. Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables de las intimidaciones ni han establecido si guardan relación directa con la disputa presupuestal.
Además, Lara aseguró que las amenazas serían graves y afirmó que Rodríguez habría mencionado al presidente Gustavo Petro al describir la situación que enfrenta.
Pide no obedecer órdenes de la Presidencia
El mensaje generó una fuerte controversia cuando Lara pidió a los funcionarios del Fondo Adaptación que no obedecieran las que calificó como “órdenes espurias” impartidas desde la Presidencia de la República.
También les solicitó que no participaran en actuaciones que pudieran comprometer la destinación de los recursos públicos.
Lara pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría intervenir para detener el traslado del dinero mientras se determina su legalidad. Según manifestó, el próximo Gobierno no permitirá que esos recursos terminen en contrataciones aceleradas dentro de la UNGRD.
El ministro designado también cuestionó el manejo actual de los esquemas de seguridad. Asimismo, anunció que el Gobierno entrante garantizará una protección efectiva para Rodríguez desde el 7 de agosto.
La disputa por $1,2 billones
La controversia comenzó después de que el Gobierno Petro planteara trasladar aproximadamente $1,2 billones del Fondo Adaptación hacia la UNGRD para atender la emergencia derivada del fenómeno de El Niño.
Angie Rodríguez se opuso a esa operación. La funcionaria afirmó que los recursos ya están comprometidos para proyectos destinados a enfrentar las inundaciones y los problemas ambientales de La Mojana.
Además, aseguró que el Fondo Adaptación no participó en una mesa técnica, presupuestal o jurídica antes de anunciarse el traslado.
Rodríguez sostuvo que la operación podría configurar una falsa motivación, una desviación de poder o una expedición irregular. Sin embargo, estas apreciaciones deberán ser evaluadas por los organismos de control y las autoridades judiciales.
Petro rechazó las acusaciones, cuestionó la gestión de Rodríguez y le pidió al Ministerio de Hacienda declararla insubsistente. El mandatario también la acusó de utilizar la administración pública en beneficio propio.
Colmenares cuestiona el mensaje de Lara
Entre las críticas apareció la de Luis Alonso Colmenares, quien cuestionó el pronunciamiento del ministro designado y el llamado dirigido a los servidores del Fondo Adaptación.
La intervención de Colmenares adquirió un matiz político particular. El contador fue candidato al Senado por Cambio Radical en las elecciones legislativas de 2022 y ocupó el número 90 en la lista de esa colectividad.
Por su parte, Rodrigo Lara desarrolló buena parte de su trayectoria política en Cambio Radical. Allí fue congresista y ejerció funciones directivas antes de renunciar al partido en noviembre de 2020.
Por esa razón, no puede hablarse de una confrontación interna actual en Cambio Radical. Sin embargo, la crítica proviene de una figura que participó electoralmente en la misma colectividad que durante varios años fue la casa política de Lara.
Usuarios cercanos al petrismo rechazan la declaración
Varias cuentas que defendieron al Gobierno Petro también cuestionaron las palabras de Lara. Las críticas se concentraron especialmente en su llamado a no obedecer instrucciones provenientes de la Presidencia.
Usuarios como @reiconsort y @silvia_otero85 consideraron que el ministro designado estaba anticipando funciones que solo podrá ejercer después de la posesión del nuevo Gobierno.
También intervino la cuenta @rozocrisismayda, cuya descripción en X la presenta como consultora política y de comunicaciones. Desde ese perfil se cuestionó el alcance institucional y comunicativo del pronunciamiento.
En general, los mensajes críticos pidieron pruebas sobre las amenazas y advirtieron que un ministro designado no puede ordenarles actuaciones a funcionarios del Gobierno saliente.
Otros señalaron que, en lugar de promover el desconocimiento de instrucciones administrativas, Lara debería presentar la información ante la Fiscalía y los organismos de control.
Otros respaldan la advertencia del ministro
El pronunciamiento también recibió mensajes favorables. Desde cuentas como @TatianaAlvearC y @ALFONSOGARZON se respaldó la decisión de ofrecer protección a Angie Rodríguez y solicitar la intervención de las autoridades.
Quienes apoyaron a Lara consideraron que los empleados públicos tienen la obligación de abstenerse de cumplir órdenes manifiestamente ilegales. También destacaron la necesidad de proteger los recursos destinados a La Mojana.
Para ese sector, la gravedad de las denuncias justifica la intervención del Gobierno entrante y la vigilancia inmediata de los organismos de control.
Estos mensajes valoraron que Lara reaccionara ante las denuncias de seguridad y advirtiera sobre el posible uso irregular de los recursos públicos.
Una controversia política e institucional
El debate abierto por Lara se desarrolla en dos planos. El primero corresponde a las amenazas denunciadas por Rodríguez, las cuales deben ser investigadas y esclarecidas por las autoridades.
El segundo tiene relación con los límites del Gobierno entrante antes de asumir formalmente el poder. Aunque los funcionarios deben respetar la Constitución y la ley, todavía responden administrativa y jerárquicamente al Gobierno de Gustavo Petro.
Por ello, el llamado a no obedecer instrucciones presidenciales provocó cuestionamientos incluso entre personas que consideran necesario investigar el traslado de los recursos.
La discusión sobre si Angie fue amenazada no puede resolverse mediante publicaciones en redes sociales. La Fiscalía deberá establecer quiénes la intimidaron, qué le exigieron y si las presiones guardan relación con su negativa a autorizar el traslado del dinero.
Mientras tanto, la confrontación convierte el manejo de los recursos del Fondo Adaptación en uno de los principales focos de tensión durante los últimos días del Gobierno Petro.