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La Asamblea del Cesar expresó su solidaridad con la senadora tras los señalamientos del padre de la interventora del Rosario Pumarejo. Los diputados también reclamaron su presencia para responder por la gestión del hospital.
La Asamblea Departamental del Cesar respaldó este martes, 29 de septiembre, a Claudia Margarita Zuleta. El pronunciamiento surgió después de los señalamientos personales publicados por Luis Napoleón De Armas, padre de la agente interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López. Durante la sesión, los diputados pidieron mantener la discusión en los asuntos públicos; además, insistieron en que Lina De Armas debe comparecer ante la corporación y responder las preguntas pendientes sobre el hospital.
El presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, reiteró la solidaridad con su antigua compañera. También recordó que los reclamos de información al centro asistencial vienen de administraciones anteriores.
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El respaldo a Claudia Zuleta
El diputado Pedro Santana sostuvo que la defensa de las mujeres debe mantenerse por encima de las diferencias políticas; por eso, cuestionó el silencio de organizaciones y voces públicas frente a los señalamientos contra la senadora. Santana planteó que esa defensa tiene carácter universal y no depende de la afinidad política con la mujer afectada. Asimismo, preguntó si la reacción habría sido distinta en caso de que el ataque proviniera del padre de Zuleta contra la interventora.
El presiodente de la coreporación, Miguel Ángel Gutiérrez, recordó que la corporación ya había expresado su rechazo a los ataques personales. También destacó el seguimiento de Claudia al hospital durante su paso por la Asamblea. Zuleta dejó su curul para dedicarse a la campaña al Senado. La plenaria aceptó su renuncia el 3 de diciembre de 2025, con 11 votos, y la hizo efectiva desde el día siguiente.
Barros y Suárez reclaman respuestas
Jorge «Popo» Barros Gnecco afirmó que sus cuestionamientos buscan proteger al hospital, sus trabajadores y sus pacientes. Rechazó que exista una persecución personal contra Lina De Armas. El diputado mencionó la contratación de abogados, los pagos a médicos y los horarios de alimentación de los pacientes. Durante su intervención, presentó imágenes que, según explicó, respaldaban sus reclamos.
Barros habló inicialmente de 24 abogados. Después mencionó 51 personas entre defensa y asesoramiento jurídico, a quienes atribuyó un costo conjunto cercano a $350 millones mensuales. Esas cifras corresponden a sus afirmaciones y requieren una comprobación documental específica. También pidió que la interventora exponga su gestión ante la Asamblea. «Cuando uno está haciendo las cosas bien, presidente, el mejor escenario es este para poner a brillar lo que usted está haciendo», sostuvo.
Por su parte, Jesús Suárez Moscote recordó las invitaciones y solicitudes de información dirigidas a Lina. Afirmó que presentó un derecho de petición el 15 de julio y recibió respuesta en septiembre, después de interponer una tutela; además, sostuvo que envió otra invitación para responder un cuestionario de 31 preguntas, junto con otras adicionales. Según su intervención, la presencia de la funcionaria todavía no se ha concretado.
Suárez anunció una solicitud a Supersalud sobre la inscripción de Lina en el registro de interventores y los requisitos de su designación. Planteó dudas sobre su experiencia previa: sin embargo, ese cuestionamiento no demuestra por sí solo una irregularidad en el nombramiento. El diputado Manuel Gutiérrez pidió una revisión y un pronunciamiento de Supersalud. Aclaró que la Asamblea no es una autoridad judicial para determinar delitos. Su reclamo, explicó, busca establecer si las denuncias tienen sustento.
Del fin de semana contractual al cruce personal
La controversia comenzó con el cuestionamiento de Zuleta a la decisión de habilitar el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre para trámites de contratación. La senadora pidió explicar la urgencia de la medida y la calificó como una «jugadita». Después, Luis Napoleón De Armas publicó una defensa de su hija. En ese mensaje atribuyó motivaciones políticas a los cuestionamientos e incluyó señalamientos sobre la vida personal y familiar de la congresista.
Lina comentó la publicación de su padre: «Es humano papi que me defiendas, cuando se meten con un hijo de uno, le tocan la fibra más sensible! Gracias papá!». El mensaje agradece la defensa paterna. No constituye una respuesta a las preguntas sobre contratación ni permite atribuirle automáticamente todos los señalamientos del autor. El lunes 28 de septiembre, Radio Guatapurí informó que Zuleta anunció acciones frente a esos comentarios. La senadora sostuvo que la discusión sobre la gestión pública debe mantenerse fuera de la vida privada. La información consultada registra ese anuncio, pero no acredita una denuncia formal ya radicada.
Los registros contractuales y la explicación del hospital
La controversia ocurre después de la revisión contractual publicada por Noticias del Cesar. En SIA Observa se identificaron 521 contratos con fecha de firma entre el 10 de junio y el 23 de septiembre. Su valor vigente registrado suma aproximadamente $24.514 millones. Por separado, las capturas de SECOP mostraron 310 procesos publicados entre el 1 y el 23 de septiembre. Ambos grupos corresponden a fuentes y fechas distintas. No deben sumarse ni presentarse como contratos necesariamente diferentes.
Además, este medio documentó 16 procesos publicados el sábado 26 de septiembre. Entre ellos estaba el proceso asociado al contrato 1773-2026, por $1.200 millones. Según el contrato y el acta de inicio examinados, se firmó el 25 de agosto y comenzó a ejecutarse el 28. Ese cruce de fechas requiere explicación. Los documentos revisados, por sí solos, no establecen una irregularidad. Tampoco el número total de contratos comprueba las cifras sobre abogados mencionadas por Barros.
El hospital, por su parte, difundió un comunicado firmado por Lina De Armas. Allí sostiene que habilitó el fin de semana por la transición a SECOP II y el aumento de la demanda asistencial. Según la institución, Supersalud fijó octubre como plazo para resolver contratos pendientes. También afirma que la ocupación de urgencias supera el 180 % y que necesita reforzar el personal médico y asistencial.
La administración cita decisiones de interventores anteriores que habilitaron sábados, domingos o festivos. Asimismo, defiende la legalidad de la medida y anuncia la publicación de los trámites correspondientes. Esos argumentos constituyen la posición del hospital frente a la controversia. La Asamblea reiteró que continuará el seguimiento. Su petición es que la interventora comparezca, entregue información y responda las inquietudes sobre una institución fundamental para la salud de los cesarenses.
