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El presidente Abelardo De La Espriella pidió al Congreso establecer límites y prohibiciones a los tratamientos de género en menores. El mandatario hizo el llamado después del arresto por desacato del documentalista mexicano Samuel Adrián, quien cuestionó procedimientos hormonales y médicos aplicados a niños y adolescentes en Colombia. La declaración fue publicada la noche del domingo 13 de septiembre en la cuenta oficial de X del presidente. De La Espriella sostuvo que el caso debe abrir un debate nacional sobre las consecuencias que pueden producir determinadas intervenciones durante la infancia.
Además, el mandatario afirmó que el Congreso debe resolver los vacíos existentes alrededor del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva. A su juicio, estas decisiones no deben quedar únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales.
Abelardo pide límites a tratamientos de género en menores
“Llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, manifestó De La Espriella. Asimismo, invocó el principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El presidente también defendió la participación de las familias en este tipo de decisiones. Por eso, incluyó entre sus argumentos la potestad de los padres y la necesidad de proteger a los menores frente a procedimientos que podrían producir efectos permanentes.
El pronunciamiento mantiene la línea política que el Gobierno ha expresado frente a la protección reforzada de la infancia. Previamente, Noticias del Cesar informó sobre la propuesta de Abelardo para endurecer las penas por crímenes contra menores; sin embargo, el mensaje presidencial no anunció todavía un proyecto nuevo ni una prohibición expedida por el Ejecutivo. Su llamado está dirigido al Congreso, institución encargada de discutir y aprobar las leyes que establecerían esas restricciones.
¿Por qué arrestaron a Samuel Adrián?
Samuel Adrián es el director del documental Colombia: fábrica de niños trans. La producción cuestiona la atención médica relacionada con la transición de género en menores e incluye grabaciones atribuidas al endocrinólogo pediatra Mario Angulo. El creador de contenido fue detenido el domingo 13 de septiembre cuando llegó al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. La Policía explicó que el procedimiento dio cumplimiento a una sanción de 10 días de arresto, dictada por un juzgado de Cali dentro de un incidente de desacato.
Por tanto, Samuel Adrián no fue arrestado por cometer un delito relacionado con sus opiniones. La medida surgió porque incumplió una orden judicial expedida dentro de una tutela promovida por el médico mencionado en sus publicaciones. Según la información conocida, la orden le exigía retirar o restringir contenidos relacionados con el documental. Adrián se negó a eliminarlos porque considera que la decisión vulnera su libertad de expresión y limita la divulgación de información de interés público.
Antes de llegar a Colombia, el documentalista grabó un mensaje desde Panamá. Allí anticipó que sería detenido y afirmó que asumiría la sanción antes que retirar su trabajo. Además, pidió garantías para su integridad y solicitó acompañamiento del Gobierno mexicano. El arresto no corresponde a una condena penal por la realización del documental. Se trata de una sanción por desacato, mecanismo utilizado cuando una autoridad judicial considera incumplida una orden emitida durante un proceso de tutela.
La Ley Laura ya está en el Congreso
El llamado de Abelardo coincide con una iniciativa que ya comenzó su trámite legislativo. El 26 de agosto fue radicado el Proyecto de Ley 211 de 2026, conocido como Ley Laura. La propuesta busca prohibir en menores de edad los bloqueadores de la pubertad con fines de afirmación de género, los tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos. Asimismo, plantea responsabilidades para médicos, EPS e IPS que autoricen, financien o faciliten esas intervenciones.
El proyecto fue promovido por congresistas de la bancada provida, entre ellos Sara Castellanos, Carol Borda y Luis Miguel López Aristizábal. Su nombre alude a Laura, una joven que asegura haber recibido testosterona desde los 15 años y que posteriormente inició un proceso de detransición. La Fundación Valle del Lili, institución señalada en la controversia, ha negado las acusaciones de mala práctica. La entidad sostiene que la atención se realizó bajo protocolos médicos y con los consentimientos correspondientes.
Por otra parte, Colombia cuenta con una guía de práctica clínica del Ministerio de Salud para la atención integral y la afirmación de género de personas trans. El documento aborda el acompañamiento profesional y las distintas intervenciones disponibles.
El Congreso tendrá que resolver el debate
La discusión reúne derechos y principios que pueden entrar en tensión. Entre ellos aparecen la salud, la identidad de género, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía progresiva, la patria potestad y el interés superior de los niños. Además, los procedimientos incluidos en el debate no son idénticos. Los bloqueadores de la pubertad, las hormonas sexuales y las cirugías tienen finalidades, efectos y niveles de reversibilidad diferentes. Por esa razón, el trámite legislativo deberá escuchar a especialistas en pediatría, endocrinología, salud mental, bioética y derecho constitucional.
El pronunciamiento de De La Espriella entrega respaldo político a la discusión, aunque el presidente no mencionó expresamente la Ley Laura. Ahora corresponderá al Congreso definir si adopta una prohibición general, establece límites por edad o crea nuevas condiciones médicas y familiares. Mientras tanto, Samuel Adrián cumplirá la sanción judicial que originó la intervención presidencial. Su caso, inicialmente concentrado en un documental y una tutela, quedó convertido en el punto de partida de un debate nacional sobre los tratamientos de género en menores.
