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El representante a la Cámara por el Cesar, Mello Castro, anunció que presentará un proyecto de ley para compensar a las ciudades que albergan cárceles de alta y mediana seguridad. La iniciativa busca reconocer el impacto que estos establecimientos pueden generar sobre la seguridad, la convivencia y el tejido social de los municipios receptores.
La propuesta tiene como uno de sus principales referentes a Valledupar, ciudad que alberga establecimientos penitenciarios donde permanecen internos trasladados desde diferentes regiones del país. Castro sostiene que el Estado debe acompañar esas decisiones con recursos adicionales para fortalecer la capacidad institucional de los territorios.
Valledupar, en el centro de la propuesta
El congresista explicó que la llegada de internos considerados de alta peligrosidad puede generar nuevos desafíos para las autoridades locales. Según su planteamiento, alrededor de algunos reclusos también pueden mantenerse estructuras, contactos y dinámicas criminales que terminan ejerciendo presión sobre las ciudades donde funcionan estos centros penitenciarios.
Valledupar aparece como ejemplo dentro de la discusión por la presencia de cárceles que reciben personas privadas de la libertad procedentes de distintas regiones. Para Castro, los municipios no deberían asumir solos los costos derivados de decisiones penitenciarias adoptadas por el Gobierno Nacional.
Municipios tendrían prioridad para acceder a recursos de seguridad
El proyecto buscará establecer un enfoque diferencial para los municipios que tengan cárceles de alta y mediana seguridad, de manera que puedan recibir prioridad cuando presenten iniciativas destinadas a mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.
La propuesta apunta específicamente a facilitar el acceso a recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, administrado por el Ministerio del Interior. Estos recursos podrían financiar proyectos relacionados con vigilancia, prevención, fortalecimiento institucional y recuperación de entornos afectados por problemas de seguridad.
Recursos serían una compensación por el impacto penitenciario
La iniciativa parte de la idea de que una cárcel de alta seguridad no representa únicamente una infraestructura nacional instalada dentro de un municipio. También puede generar nuevas exigencias para la Policía, las autoridades territoriales, los organismos de inteligencia y los programas sociales destinados a prevenir la criminalidad.
Por esa razón, Castro pretende que el Gobierno Nacional reconozca esas cargas mediante mecanismos de compensación. Los municipios podrían contar con mejores condiciones para presentar proyectos y conseguir recursos destinados a responder a los efectos que produzca la presencia de grandes establecimientos penitenciarios.
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“Si el Estado lleva el riesgo, también debe llevar los recursos”
Mello Castro resumió el propósito del proyecto con un mensaje dirigido al Gobierno Nacional. “Si el Estado lleva el riesgo a una ciudad, también debe llevar los programas sociales y los recursos necesarios para enfrentarlo. No es justo que los municipios asuman solos las consecuencias”, aseguró el representante cesarense.
La iniciativa deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso una vez sea presentada formalmente. De prosperar, ciudades como Valledupar podrían recibir un tratamiento especial para acceder a recursos nacionales de seguridad y convivencia, vinculando la política penitenciaria con mayores responsabilidades financieras por parte del Estado.