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Davianys Vargas Suárez salió de la Jefatura de Rentas de Valledupar en medio de la investigación que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades detectadas en el sistema de recaudo de impuestos del municipio. La funcionaria ocupaba el cargo desde enero de 2024 y su renuncia fue aceptada este 8 de septiembre.
Según información conocida por Radio Guatapurí, el alcalde Ernesto Orozco había solicitado previamente su renuncia mientras la administración consolidaba el informe que posteriormente sustentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra persona indeterminada. Hasta ahora, la Alcaldía no ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria a Vargas ni a otro funcionario en particular.
Investigación revisa 3.483 ajustes manuales
Uno de los principales hallazgos que ahora está bajo revisión corresponde a 3.483 ajustes manuales de crédito realizados al Impuesto Predial Unificado entre enero de 2024 y abril de 2026.
De acuerdo con el informe de auditoría elaborado por Informática y Tributos S.A.S., proveedor del software de recaudo municipal, las operaciones examinadas sumaron $18.293 millones. Los movimientos involucraron a 1.826 contribuyentes y 3.078 referencias catastrales, y fueron tramitados mediante tres usuarios operativos de la administración municipal.
La administración puso esta información en conocimiento de la Fiscalía para determinar quiénes realizaron los movimientos, bajo qué procedimientos fueron autorizados y si alguno de ellos constituye una conducta irregular.
La salida de Vargas adquiere relevancia porque la Jefatura de Rentas forma parte de la Secretaría de Hacienda de Valledupar y tiene responsabilidades dentro de los procesos tributarios. Documentos oficiales muestran que Davianys Vargas ejercía el cargo desde el 2 de enero de 2024.
Alcaldía pide no señalar responsables antes de la investigación
La secretaria de Hacienda, Lily Mendoza Vargas, aseguró que la administración no está señalando por ahora a ningún servidor público como responsable de los hechos.
La funcionaria explicó que corresponde a los organismos competentes revisar los procedimientos y establecer quiénes participaron en las operaciones investigadas. También sostuvo que, de acuerdo con la revisión adelantada hasta el momento, el municipio no habría sufrido una pérdida económica por los hechos detectados.
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El expediente incluye además otras modalidades que han sido objeto de revisión, entre ellas presuntos pagos mediante tarjetas extranjeras clonadas, cheques sin fondos y movimientos dentro del sistema tributario municipal. La Fiscalía deberá establecer si estos episodios guardan relación entre sí y determinar las responsabilidades individuales.
La Fiscalía tendrá la última palabra
La salida de Davianys Vargas ocurre cuando apenas comienza la fase judicial del caso. Por ello, su retiro del cargo no constituye por sí mismo una prueba de responsabilidad frente a las irregularidades denunciadas.
El punto central de la investigación será reconstruir quién realizó los ajustes, quién podía autorizarlos y cuáles contribuyentes resultaron beneficiados. También deberá establecerse si existieron fallas de control administrativo o actuaciones deliberadas para modificar obligaciones tributarias.
El caso abre así uno de los mayores interrogantes recientes sobre el sistema de recaudo municipal: cómo pudieron tramitarse 3.483 ajustes manuales por más de $18.293 millones y qué controles existían para supervisarlos.
