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De La Espriella cierra más mesas de la Paz Total que heredó del Gobierno de Gustavo Petro. El presidente puso fin al diálogo con el Frente Comuneros del Sur y al espacio sociojurídico con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Además, anunció que las autoridades podrán avanzar en capturas y extradiciones pendientes.
El mandatario confirmó la decisión este viernes 4 de septiembre mediante un video de dos minutos y 52 segundos. La pieza audiovisual reúne imágenes de antiguos negociadores, voceros de organizaciones ilegales y momentos relacionados con la política de Paz Total. Asimismo, presenta el cierre de los procesos como un cambio de rumbo en la política de seguridad del país.
“El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”, afirmó De La Espriella. Según el presidente, el sometimiento a la justicia será la única alternativa disponible para quienes continúen vinculados con organizaciones armadas o estructuras dedicadas a economías ilegales.
De La Espriella cierra más mesas mediante siete resoluciones
El Gobierno formalizó las medidas mediante las resoluciones ejecutivas expedidas el 3 de septiembre de 2026. Estos actos administrativos van del número 365 al 371 y desmontan las autorizaciones, delegaciones y reconocimientos que permitían mantener activos los dos procesos.
La Resolución Ejecutiva 365 de 2026 terminó formalmente la mesa con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur. Esta organización surgió como una estructura separada del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y concentra su presencia principalmente en el departamento de Nariño.
El documento también derogó la resolución que había creado la mesa en septiembre de 2024. Además, ordenó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades competentes. Por otra parte, el Gobierno retiró a los funcionarios y representantes que integraban la delegación oficial.
Entre los delegados removidos aparecen Carlos Augusto Erazo Murcia, Ángela María Robledo Gómez, Andrei Giovani Gómez Suárez, Clemencia Carabalí Rodallega, Juan David Correa Ulloa y Pablo Francisco Pardo Velasco. En consecuencia, ninguno conservará la autorización administrativa para representar al Ejecutivo dentro de ese proceso.
Terminan las conversaciones sociojurídicas de Medellín
El segundo cierre afecta el espacio de conversación sociojurídica con estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. El anterior Gobierno impulsó ese mecanismo para buscar una reducción de homicidios, extorsiones y enfrentamientos entre organizaciones ilegales de la región.
Sin embargo, la nueva administración decidió no continuar con ese modelo. Por lo tanto, las resoluciones también desmontan las designaciones y los reconocimientos relacionados con este espacio. A diferencia de una negociación política con un grupo insurgente, estas conversaciones buscaban fórmulas de sometimiento para organizaciones criminales urbanas.
De La Espriella sostuvo que su Gobierno no mantendrá concesiones para quienes sigan delinquiendo. “La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley”, señaló el mandatario en la publicación difundida mediante su cuenta oficial en X.
¿Las resoluciones producen capturas inmediatas?
El presidente aseguró que el Ministerio de Justicia y las autoridades competentes recibieron la notificación. Según explicó, las instituciones deberán proceder con “las capturas a que haya lugar” y avanzar en las extradiciones pendientes.
No obstante, el cierre de una mesa no equivale automáticamente a una orden de captura nueva. Primero, las autoridades deben verificar cuáles órdenes estaban suspendidas, cuáles permanecen vigentes y qué personas conservaban beneficios relacionados con su participación en los procesos. Después, la Fiscalía, los jueces y los organismos de seguridad deberán actuar según cada expediente.
Asimismo, las extradiciones dependen de solicitudes internacionales, decisiones judiciales y actuaciones del Gobierno. Por esa razón, el mensaje presidencial fija una orientación política, pero cada captura o extradición debe cumplir el procedimiento establecido por la Constitución y la ley.
El Gobierno ya había terminado otros tres procesos
Esta es la segunda ronda de decisiones contra las mesas heredadas de la Paz Total. El 28 de agosto, el Ejecutivo cerró los procesos con las disidencias dirigidas por alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En el caso de las ACSN, conocidas también como Los Pachenca, el Gobierno solicitó reactivar órdenes de captura contra integrantes de esa organización. Noticias del Cesar había explicado previamente el cierre de esos tres procesos y la creación del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión.
La decisión adquiere mayor relevancia para el Caribe después de la operación en Riohacha que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. El presidente visitó la capital de La Guajira y reiteró que las operaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión continuarán.
El proceso con el Clan del Golfo sigue sin definición pública
Aunque De La Espriella cierra más mesas de la Paz Total, todavía queda una pregunta sin respuesta. Hasta la publicación de estas decisiones, el Gobierno no había divulgado una resolución que terminara de manera expresa los contactos con el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
Esta organización fue una de las que más aumentó su capacidad durante el Gobierno Petro. El grupo pasó de 4.061 integrantes en diciembre de 2022 a 10.268 en julio de 2026, según cifras atribuidas a la Fundación Ideas para la Paz. Noticias del Cesar documentó ese crecimiento en su informe sobre el aumento de los grupos armados ilegales en Colombia.
Por ahora, el Ejecutivo no ha precisado si cerrará, reformulará o mantendrá ese proceso. Sin embargo, el mensaje político de De La Espriella resulta claro: su administración reemplazará la negociación amplia de la Paz Total por una estrategia basada en operaciones de seguridad, persecución judicial y sometimiento a la justicia.
