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El representante estudiantil ante el Consejo Superior señala al delegado del Ministerio de Educación de actuar coordinadamente con Juliana Guerrero y promover actuaciones contra los consejeros que se opusieron a la elección del rector suspendido. El funcionario niega cualquier alianza irregular.
La disputa por el control de la Universidad Popular del Cesar llegó a la Procuraduría General de la Nación. Una queja disciplinaria presentada por Juan Camilo López Nacimiento, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, señala una presunta actuación coordinada entre Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación, y Juliana Guerrero, representante del presidente de la República ante ese órgano.
La denuncia, radicada el pasado 7 de julio, solicita investigar disciplinariamente a Estrada y adoptar medidas preventivas frente a las actuaciones que se adelantan contra algunos integrantes del Consejo Superior. López Nacimiento considera que esos procedimientos podrían utilizarse para debilitar al bloque que se opuso a la elección del rector Guillermo Andrés Echevarría Gil.
Hasta ahora, la Procuraduría no ha establecido responsabilidades ni ha determinado que existiera una alianza irregular. Las afirmaciones corresponden a la versión del denunciante y deberán ser verificadas dentro de las actuaciones que decida adelantar el organismo de control.
La disputa comenzó con la elección del rector
El nuevo capítulo tiene sus antecedentes en la elección realizada el 9 de marzo de 2026. Ese día, el Consejo Superior designó a Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la UPC para el periodo 2026-2030. La decisión se tomó con cinco votos durante una sesión que duró aproximadamente ocho minutos. Los otros cuatro consejeros llegaron cuando la votación ya había concluido. En ese momento, Noticias del Cesar documentó los cuestionamientos por la rapidez de la elección y la posible influencia de sectores políticos externos.
El malestar también llegó a los estudiantes. Un sector de la comunidad universitaria bloqueó temporalmente el ingreso a la sede Hurtado para reclamar mayor transparencia y participación en las decisiones que afectan el futuro de la institución. La protesta mostró que la elección del rector no cerró la discusión, sino que abrió una nueva crisis de legitimidad y gobernabilidad.
El Consejo de Estado suspendió la elección
La controversia pasó después a la justicia administrativa. La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección de Echevarría mientras resuelve una demanda de nulidad electoral. El alto tribunal concluyó de manera preliminar que, al momento de inscribirse como candidato, Echevarría no habría acreditado los cinco años de experiencia docente universitaria exigidos por las normas internas. Según el análisis judicial, certificó cuatro años, diez meses y veintiséis días.
La medida cautelar fue decretada el 7 de mayo y confirmada el 28 del mismo mes. Esto significa que el proceso continúa y que únicamente una sentencia definitiva determinará si la elección respetó o no los requisitos establecidos. Noticias del Cesar explicó los argumentos con los que el Consejo de Estado mantuvo suspendida la elección del rector.
La denuncia habla de actuaciones contra los opositores
De acuerdo con la información revelada por la revista Semana, López Nacimiento asegura que, después de la suspensión del rector, comenzaron actuaciones contra los consejeros que cuestionaron su elección. El representante estudiantil menciona un informe enviado el 2 de junio por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación. Según la queja, ese documento busca promover un proceso sancionatorio contra integrantes del Consejo Superior que se enfrentaron a la posición defendida por Estrada y Guerrero.
Además, el delegado del Ministerio solicitó a la rectoría documentos relacionados con la elección, posesión y permanencia de López Nacimiento como representante estudiantil. El denunciante interpreta esa solicitud como una presión destinada a cuestionar la validez de su participación en el Consejo Superior.
Estrada sostiene una versión diferente. El funcionario niega haber actuado en alianza con Juliana Guerrero y asegura que la coincidencia de ambos en el respaldo a Echevarría respondió a una visión compartida sobre el proyecto universitario.
También defiende las actuaciones del Ministerio al señalar que algunos consejeros habrían sesionado y tomado decisiones sin contar con el cuórum exigido. Por eso, el debate enfrenta dos interpretaciones: para el denunciante existe una estrategia contra los opositores; para Estrada, el Ministerio busca corregir posibles irregularidades en el funcionamiento del Consejo.
El quórum se convirtió en el nuevo campo de batalla
El punto central de la confrontación es el Acuerdo 019, aprobado el 16 de diciembre de 2025 por cinco consejeros. La decisión estableció que el rector, quien participa con voz pero sin voto, no debía contarse para determinar el cuórum del Consejo Superior.
Esa interpretación permitió que un grupo de consejeros pudiera sesionar sin depender de la asistencia de Estrada y Guerrero. Sin embargo, la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio habría recomendado suspender el acuerdo, identificar a quienes lo promovieron y trasladar el caso al grupo encargado de adelantar procesos sancionatorios.
López Nacimiento sostiene que estas actuaciones podrían terminar con la separación de algunos consejeros y el nombramiento de reemplazos. Según su denuncia, esa modificación permitiría reconstruir la mayoría que respaldó la elección del rector suspendido; no obstante, esa consecuencia todavía no se ha producido y depende de decisiones administrativas y disciplinarias que continúan en trámite.
El control del Consejo Superior
La pelea supera el nombre del rector. El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad Popular del Cesar. Entre sus integrantes están el delegado del Ministerio de Educación, el gobernador del Cesar, un representante del presidente de la República y delegados de diferentes sectores universitarios.
También participan representantes de las directivas académicas, docentes, estudiantes, egresados, exrectores y del sector productivo. La composición puede consultarse en la página oficial de los órganos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar. Por esa razón, cada movimiento dentro del Consejo Superior afecta las mayorías que definen elecciones, acuerdos y decisiones estratégicas para la institución. El desacuerdo sobre el cuórum no es una discusión menor: determina quiénes pueden sesionar y bajo qué condiciones pueden aprobarse las decisiones.
La Procuraduría tendrá la palabra
La queja disciplinaria traslada ahora el conflicto a la Procuraduría. El organismo deberá evaluar la documentación, determinar si tiene competencia para iniciar una investigación y establecer si existen méritos para adoptar las medidas solicitadas por el representante estudiantil.
La denuncia, por sí sola, no demuestra la existencia de una alianza ilegal entre Juliana Guerrero y Xavier Estrada. Tampoco prueba que las actuaciones del Ministerio tengan como propósito retirar a los consejeros opositores.
Sin embargo, el caso profundiza la crisis institucional que rodea a la UPC. La elección del rector, su suspensión provisional, las diferencias sobre el cuórum y los procesos contra integrantes del Consejo Superior muestran que la lucha por dirigir la universidad se trasladó de las urnas internas a los tribunales y organismos de control.
El futuro de la rectoría sigue pendiente de una sentencia del Consejo de Estado. Ahora, además, la Procuraduría deberá establecer si la disputa por las mayorías se desarrolló dentro de las reglas institucionales o si algunos funcionarios utilizaron sus competencias para favorecer intereses políticos dentro de la Universidad Popular del Cesar.