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La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al senador cesarense Didier Lobo Chinchilla por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación suscrito en 2012, cuando se desempeñaba como alcalde de La Jagua de Ibirico. La Sala Especial de Instrucción lo acusó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El proceso pone nuevamente bajo la lupa judicial el Contrato 340 de 2012, celebrado con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios. El negocio tenía un valor de aproximadamente $15.295 millones y buscaba entregar paquetes alimentarios a menores en riesgo de desnutrición, madres gestantes y mujeres lactantes del municipio minero.
¿Por qué Didier Lobo irá a juicio?
La investigación de la Corte se concentra en posibles deficiencias durante la estructuración y celebración del contrato. Entre los aspectos cuestionados aparecen la planeación, la definición de precios y los requisitos utilizados para escoger al contratista que ejecutaría el programa alimentario.
La Sala de Instrucción considera que existen elementos suficientes para que el caso pase a la etapa de juzgamiento. Reportes sobre la decisión señalan, además, que la investigación ha examinado un posible detrimento patrimonial cercano a $1.492 millones.
Con la acusación, el expediente deberá continuar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, encargada de adelantar el juicio contra congresistas aforados. Allí se practicarán y controvertirán las pruebas antes de que exista una decisión sobre responsabilidad penal.
El llamado a juicio, por tanto, no significa que Didier Lobo haya sido condenado. El senador conserva la presunción de inocencia y será durante el proceso cuando los magistrados determinen si tuvo responsabilidad en los hechos que le atribuye la Sala de Instrucción.
El contrato era para población vulnerable de La Jagua
El componente social del negocio hace especialmente relevante el proceso para el Cesar. Los recursos cuestionados tenían como destinatarios a niños en riesgo nutricional y a madres gestantes y lactantes de La Jagua de Ibirico, uno de los municipios que durante años recibió importantes ingresos derivados de la actividad minera.
El mismo contrato ha estado bajo examen de organismos de control desde años anteriores. En 2021, la Procuraduría dejó en firme una sanción disciplinaria contra Lobo relacionada con sobrecostos detectados en ese negocio, aunque aquel trámite es independiente del proceso penal que ahora deberá resolver la Corte Suprema.
¿Qué dice la defensa de Didier Lobo?
La defensa del senador ha rechazado que exista responsabilidad penal directa. En una comunicación divulgada a comienzos de septiembre sostuvo que labores como la elaboración de pliegos, los estudios de precios del mercado y la supervisión técnica correspondían a dependencias y comités de la administración municipal.
También afirmó que existen decisiones fiscales favorables al congresista y aseguró que las pruebas de la defensa serán presentadas ante la Corte. Lobo ha reiterado que confía en las instituciones judiciales y mantiene su presunción de inocencia mientras el caso llega a una decisión definitiva.
El expediente vuelve así sobre hechos ocurridos hace 14 años en La Jagua de Ibirico, pero ahora entra en una etapa decisiva. La Corte deberá establecer si durante la administración de Didier Lobo se presentaron irregularidades penales en la contratación de un programa destinado precisamente a una de las poblaciones más vulnerables del municipio.
